LORCA.- Izquierda Unida-Verdes llevará a la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento que se celebra hoy, una propuesta sobre las normas de
emplazamiento de las explotaciones ganaderas en el término municipal de
Lorca.
Las distancias, que no serían de aplicación a las instalaciones
ganaderas de carácter doméstico, se establecerían atendiendo a la clase
de explotación y tomando como puntos de referencia los puntos sensibles
de la infraestructura sanitaria de las instalaciones (edificio de
estabulación habitual del ganado, fosas de purines y estercoleros) y los
núcleos de población. De ese modo, en el caso del porcino, las
viviendas distarían 1.000 metros de estas explotaciones. Una distancia
que se reduciría a 150 metros en el caso de aves, vacuno o équidos. El
documento también establece las distancias a salvar con otros elementos
del territorio como cauces de agua, acequias y desagües de riego, pozos,
sondeos y manantiales utilizados para abastecimiento de poblaciones.
La
concejala de IU-Verdes, y antes del PSRM, Gloria Martín, explicó que la propuesta
realizada por Urbanismo de ampliar de 5 metros a 15 la distancia entre
viviendas y cebaderos, “parece de chiste” y que para elaborar la
presentada por su formación han hablado con técnicos del País Vasco,
comunidad autónoma que normalizó esta situación con la aprobación de un
Decreto ya en 2009. “Creemos que ponemos sobre la mesa una propuesta
seria que sirva como auténtico punto de partida para el debate y la
búsqueda del consenso”.
El principal problema en Lorca estriba en
las deficiencias del Plan General de Ordenación Municipal vigente, que
no abordó con rigor esta problemática y ha permitido, en la última
década, la urbanización de la huerta en el mismo espacio donde se ha
implantado una verdadera industria porcina, muy alejada de las
explotaciones tradicionales que siempre han caracterizado al campo
lorquino.
Por ello, la propuesta de Izquierda Unida-Verdes pasa
porque el Ayuntamiento de Lorca proceda a la reelaboración de la
relación de los núcleos rurales existentes en el término municipal, de
manera que se ajuste a la realidad social y urbanística, atendiendo a
lo dispuesto en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación
territorial y urbanística de la Región de Murcia. En ese sentido Martín
explicó que “el primer paso” debe ser “conocer la nueva realidad de la
huerta y adaptar el planeamiento urbanístico desde la racionalidad, la
cordura y con capacidad de anticiparse a las necesidades futuras”.
En
base a esta nueva relación, se abordaría la modificación del Plan
General de Ordenación Municipal para contemplar la nueva clasificación y
aplicar las nuevas normas de emplazamiento de las explotaciones
ganaderas en el municipio de Lorca.
Si, a consecuencia de la
inclusión de nuevas delimitaciones de suelo urbano de núcleo rural,
resultasen situaciones de fuera de ordenación para explotaciones
ganaderas que dispongan de los preceptivos títulos habilitantes, el
Ayuntamiento de Lorca dispondría un régimen transitorio y las
correspondientes medidas compensatorias, conforme a las disponibilidades
económico-presupuestarias y financieras del consistorio, para facilitar
el cumplimiento de la normativa.
En ese sentido, el Ayuntamiento
debería impulsar el traslado de las instalaciones ganaderas con la
finalidad de que cumplan progresivamente las exigencias de emplazamiento
para lo que se podrían establecer ayudas y subvenciones.
Martín
aseguró que entiende que una cuestión “difícil de regular”, porque “está
en juego la convivencia en núcleos de población en ocasiones muy
pequeños”.
“Comprendo que al equipo de gobierno municipal le resulte
complicado plantear a los ganaderos que trasladen sus explotaciones
fuera de los núcleos de población, porque conlleva un esfuerzo
económico”, dijo la edil de IU-Verdes quien, no obstante, manifestó que
el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de abordar “con valentía” una
nueva ordenación que armonice la actividad ganadera con los derechos
constitucionales de los ciudadanos.
Esto supondría “un hito” en el
sector en Lorca que otorgaría “seguridad jurídica a los ganaderos” y
cumpliría con la obligación de los poderes públicos de protección del
medio ambiente, “un principio general inspirador de la actuación
comunitaria, positivizado en el artículo 6 del Tratado de la Comunidad
Europea, del que también se ha hecho eco nuestro Tribunal
Constitucional”, dijo Martín.
No hay comentarios:
Publicar un comentario