MADRID.- La trama del Ave a Murcia apunta ya a cuatro grandes constructoras
por el desfalco de más de 62,2 millones de euros por medio de la
sociedad pública Adif. La investigación del caso, desarrollada por los
agentes de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y funcionarios de
Hacienda, se centra desde hace semanas en quince partes de gastos
autorizados por Adif a las empresas adjudicatarias de cada uno de los
tramos: Dragados, Acciona, Sacyr y Constructora San José. Quince
documentos que sirvieron para canalizar el dinero hacia empresas fantasma que colocaron, en algunos casos y como adelantó El Español, a recolectores de alcachofa como supuestos ingenieros.
Los
informes elevados al juzgado, a los que ha tenido acceso este diario,
revelan que Adif certificó el pago completo de estos servicios cuando en
realidad las obras todavía no estaban acabadas. De hecho, la empresa pública dio por concluidas (y abonadas) unas obras que se prolongaron en algunos casos hasta dos años más. "Todas estas maniobras de envío de fondos, dada su importante magnitud,
era improbable que pudieran realizarse sin el concurso de la
adjudicataria principal", reflejan los informes policiales, que
sirvieron por ejemplo para detener el pasado mes de junio a tres de los
responsables de la UTE San Isidro-Orihuela, participada por Dragados,
CHM y Tecsa.
Las primeras pruebas sobre la implicación de las grandes
constructoras en esta presunta estafa llegaron en mayo de 2016, con la
declaración de Juan Ortín García, uno de los principales investigados.
Ortín, responsable de la firma Construcciones Marimar, reconoció ante el
juez en las facturas giradas a Dragados había un sobreprecio total de
2,7 millones de euros y que -según su versión- fue el jefe de producción
de la UTE quien creó esas partidas. "Que el declarante lo que entregaba
a Javier Torrella era un documento con las mediciones reales y que
Torrella le devolvía estas relaciones valoradas con mediciones falsas".
"Manifiesta
que el gerente de la UTE y el jefe de obra eran plenamente conscientes
de todas las irregularidades, participando en todos los acuerdos previos
para que se produjese el desvío de dinero de la obra no ejecutada [...]
Alberto Rodríguez, a diferencia de lo ocurrido en los otros tres
tramos, no informó a sus superiores de la constructora Dragados de estas
irregularidades y los beneficios obtenidos fueron directamente para él,
-según relata en su declaración el imputado- como consecuencia de los
acuerdos alcanzados con los hermanos Fernández Pujante".
En
el caso de Acciona, Ortín reconoce que el método de proceder era
presuntamente el mismo; entregar las mediciones reales al jefe de obra,
que devolvía después otro documento con las partidas infladas. En este
caso, el sobrecoste de los trabajos se fija en 1,1 millones sobre una
factura de 1,3. Es decir: solo 280.000 euros de esos gastos serían
reales.
El timo de las cablestacas
En el tramo que afecta
a Constructora San José, Ortín reconoció al juez que, pese a que ADIF
entregó en dinero en su totalidad y certificó como finalizada la obra en
septiembre de 2012, sus hombres estuvieron realizando trabajos sobre el
terreno hasta 2014 y cifró el sobreprecio en este tramo en 2,5 millones
de euros, inflado con la instalación presuntamente inexistente de
cablestacas y puntales de madera de pino. Una técnica similar se utilizó
según sus propias palabras en el tramo concedido a la UTE de Sacyr. En
esa ocasión, Obras Marimar facturó en 2012 dos pagarés por valor de seis
millones de euros. Ortin mantuvo ante el juez que por un lado, la
factura falsificada se presentaba para ser cobrada, mientras por otro,
se entregaba la real al jefe de administración de Sacyr.
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