MADRID.- El exdiputado del PP por Murcia, Vicente Martínez
Pujalte, ha señalado hoy tras prestar declaración en calidad de investigado
ante el Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid que en su comparecencia no
se ha hecho referencia a su gestión como cargo público en ningún momento
sino que ha versado sobre una cuestión "privada", en referencia a la
actividad de la empresa Sirga XXI Asesores, de la que era socio.
Pujalte ha sido interrogado durante poco más de dos horas en relación a la causa que se investiga en Plaza Castilla sobre el cobro de trabajos presuntamente inexistentes a través de la empresa Sirga XXI Asesores, de la que era socio al 50 por ciento junto con la exdiputada popular Ana Torme, quien también se sometió este miércoles a la pregunta de la magistrada.
El exparlamentario murciano ha comenzado a declarar a a las 10.50 y poco más de dos horas después ha abandonado la sala sin hacer declaraciones a los medios, a los que lo único que ha especificado es que "no se ha hablado nada" de su gestión pública sino sobre la cuestión mercantil privada por la que se le imputan delitos de falsedad documental y cohecho.La causa, que procede de los Juzgados de Valladolid, se abrió después de que Torme denunciara ante la Fiscalía un entramado empresarial presuntamente dirigido por Pujalte y el Ministerio Público presentara denuncia en su contra. La también exsenadora ha sido interrogada durante hora y media aproximadamente y ha abandonado las dependencias judiciales con lágrimas en los ojos y sin hacer declaraciones.
En su denuncia, Torme detalló cómo ella cobró por labores de dirección y gestión de la empresa Sirga XXI Asesores hasta que se desvinculó de ella en 2001, mientras su socio multiplicaba esta cantidad en sus ingresos por ser quien realmente captaba los clientes y prestaba los asesoramientos ahora investigados.
Además aseguró que tras desvincularse de la empresa advirtió irregularidades, como el hecho de que muchas empresas que facturaban a Sirga fueran de personas del PP y que algunos de sus administradores estuvieran sometidos a escándalos de corrupción o fueran familiares de éstos.
Según Torme, Pujalte le propuso asociarse para poner en marcha una empresa de asesoramiento, en principio para gestionar los derechos de autor de "un grupo de músicos amigos suyos", al los que llegó incluso a presentar.
La empresa Sirga XXI se constituyó el 22 de octubre de 2008, si bien la idea inicial no llegó a desarrollarse por motivos que Torme aseguraba desconocer. Además de la gestión de los derechos de autor, Torme señalaba que Martínez Pujalte le propuso incluir en el objeto de la sociedad la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento fiscal, económico, financiero y jurídico, y que él asumiría el papel de presidente y ella el de secretaria.
En su denuncia, Torme señaló que el trabajo de captación de clientes fue asumido por el exdiputado y que entre los trabajos en dicho ejercicio aparecieron estudios para la Confederación de Empresarios de Badajoz, asesoramiento a la empresa Corporación Llorente S.L., entidad con renombre en Valladolid.
Sobre esta empresa en particular, Torme señalaba que Martínez Pujalte no le dijo que anteriormente ese trabajo lo desempeñaba otro exdiputado del PP, Federico Trillo, tal y como desvelaría la prensa y ha reconocido él mismo públicamente.
Según los datos obrantes en la denuncia, Sirga emitió factura a Corporación Llorente el 27 de noviembre de 2008 por importe de 15.000 euros, y a ella no se le informó de que se trataba de un contrato mensual, cosa que conoció después.
Otros trabajos que surgieron para Sirga XXI Consultores fueron la confección de un libro científico sobre las cajas de ahorro españolas, de cuya edición se encargó Aranzadi y cuyos directores fueron el propio Pujalte y el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Martínez Pujalte seguía captando otros clientes y subcontrató a Miguel Marín Cozar, quien luego se incorporaría como socio a Sirga XXI, y asesoró entre otros a Marcenado Economistas S.L y Mind Talent Selection S.L. En el año 2011 la labor se ampliaría a Karistia S.L. y a Scardovi, las empresas de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional.
Sobre sus retribuciones, Torme aseguró que Martínez Pujalte obtuvo en 2008 los 15.000 euros que procedían de Corporación Llorente porque él fue quien realizó la prestación profesional. Para evitar confusiones, se estableció que, dados de alta como autónomos, recibirían una retribución por dirigir la empresa y el exdiputado otra más por los servicios profesionales que prestara personalmente.
En el año 2009 Torme percibió un sueldo de 19.956 euros, mientras que en atención a su doble cometido Martínez Pujalte se embolsó 40.880. El reparto en 2010 fue de 27.456 euros para Torme y 65.706 para Martínez Pujalte, mientras que en 2011 el reparto fue de 35.380 para la primera y de 96.456 euros para su socio.
Tormé decidió abandonar el proyecto en 2011 "viendo que la empresa estaba en manos" del exdiputado, por lo que vendió sus participaciones en noviembre de dicho año por 5.250 euros.
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