CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez, preguntará en la Asamblea
Regional acerca del estado de ejecución de la partida presupuestaria
destinada a la aplicación y desarrollo de la Ley de Vivienda de la
Región de Murcia. Una ley impulsada por el Grupo Parlamentario Podemos y
que el gobierno regional está "ignorando" a pesar de que en ella hay
medidas para garantizar que ningún murciano ni murciana "no puede
permitirse poner la calefacción este invierno".
Giménez ha lamentado que el Partido Popular se niegue a poner en
marcha la Ley de Vivienda puesto que esto implicaría que ninguna persona
"sufra cortes de luz, agua o gas este invierno." La diputada regional,
María Giménez, ha señalado que la moción de Podemos que se aprobó el
pasado 20 de octubre estaba destinada a que "las sonrojantes cifras de
pobreza y exclusión social que tenemos en Murcia" no tengan
"consecuencias dramáticas y nos encontremos con que haya familias este
invierno que no puedan encender la calefacción o tener agua potable".
La diputada de Podemos ha señalado que, a día de hoy y según los
propios datos de la EAPN, casi un 14% de la población no puede mantener
la vivienda a una temperatura adecuada en invierno y el 49% "no tiene
capacidad para afrontar facturas imprevistas".
Por ello, María Giménez ha incidido en que el ejecutivo de Pedro
Antonio Sánchez debe cumplir lo articulado en la Ley de Vivienda,
aprobada en esta Asamblea, y que contempla que "las personas en
situación objetiva de insolvencia sobrevenida, o riesgo de ello, que les
impidan afrontar las obligaciones de pago contraídas, podrán acudir a
las oficinas que los ayuntamientos habiliten para la orientación y el
asesoramiento y al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de
la Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre todas
aquellas cuestiones relativas a las medidas reguladas en la presente ley
contra el endeudamiento relacionado con la vivienda habitual y la
pobreza energética".
Asimismo, como ha explicado la diputada de Podemos, la Comunidad
Autónoma debe desarrollar el reglamento mandatado por esta Cámara en la
Ley de Vivienda por el cuál la Administración pública "debe establecer
convenios con las empresas encargadas de los suministros básicos para
que no puedan cortar el agua, la luz o el gas a aquellas personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza".
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