MADRID.- La locomotora Adif pierde fuelle a marchas forzadas. De las líneas AVE que tenían que haberse abierto entre el año pasado y éste, no se sabe nada o casi nada y las que tienen apertura prevista a medio plazo pierden ritmo de ejecución, según recoge hoy www.capitalmadrid.com
Ni el tren veloz ha llegado a Murcia, Burgos, Granada y
Extremadura y, o mucho cambian las cosas, o su enlace con las capitales
vascas, Galicia o Asturias se demorará casi al inicio de la próxima
década.
Y
la razón para este parón es simple: no hay dinero. El Estado no lo
tiene y el brazo armado creado para sortear las estrecheces
presupuestarias parece que no da más de sí. Esta sobreendeudado
y no parece que el patio esté para que el Ministerio de fomento supla
por sí mismo las estrecheces que sufre el ente.
Bruselas pide un ajuste adicional para 2017 de 5.500 millones y el gobierno, como los anteriores, se plantea un nuevo tajo a la inversión pública para lograr esa meta. Además, Ciudadanos, el partido que ha apoyado la investidura de Rajoy con un pacto de 150 medidas, no es partidario de extender la red AVE de forma generalizada, así que tampoco presionará para desatascar el seudo bloqueo que sufre Adif.
La CNMC ha puesto al descubierto las debilidades financieras de Adif. A su juicio, el administrador “tiene dificultades, sin recurrir a financiación adicional, para cubrir sus obligaciones de pago, puesto que los recursos generados por las operaciones no permiten satisfacerlas” y añade que “los niveles del ratio deuda/ebitda, de unas 60 veces, ponen en riesgo la sostenibilidad de la actividad”.
La práctica demuestra que para poder sufragar los gastos de explotación y el coste de la ampliación de la red, hay que aumentar todas las vías de ingresos y también el endeudamiento. La extensión proyectada precisa más 12.000 millones.
Por eso Adif ha pedido una subida de canones o peajes por usar la vía, de los que se financia, bastante desmesurada. El informe sobre la propuesta de cánones para el 2017 del organismo que preside José María Marín Quemada ha dado la voz de alarma y plantea un aumento de este peaje que el gestor ferroviario cobra a los operadores por usar la infraestructura, principalmente a Renfe, menor que el propuesto por Adif, un 4,2% en vez del 15%.
En definitiva, un negro panorama para el gestor de infraestructuras, que ya tuvo que dividirse en dos 2013 para ocultar la deuda del AVE a las estadísticas de Bruselas. Los criterios contables comunitarios que entraron en vigor en septiembre de 2014 obligan a declarar como públicos los endeudamientos de las empresas que reciben más del 50% de sus ingresos con cargo a los presupuestos estatales.
En esta situación está la red convencional pero no la de alta velocidad, que no tiene subvenciones a la explotación y la mayor parte del coste se cubre con los cánones y el suministro de energía de tracción. Pero si la deuda sigue creciendo y los cánones no suben también bastante, Adif Alta Velocidad no podrá autofinanciar el 50% de sus costes y le caería de pronto al Estado un montón de millones de deuda públicas a efectos del examen de Bruselas.
Mientras tanto el desfondamiento de la inversión es palpable en las estadísticas que publica Fomento. Los concursos de obra civil convocados por las administraciones públicas prosiguieron su caída hasta septiembre con un descenso del 5,8% en un contexto marcado aún por la falta de Gobierno. En el caso del AVE, se trata de un desplome con descensos registrados del 76%.
La licitación pública llevada a cabo por el ministerio de Fomento se situó en 2.200 millones, un 2,4% más; mientras que la del ministerio de Agricultura, cayó un 84,5% hasta los 89 millones; y la del resto de Ministerios cedió un 48,4%, hasta los 296 millones.
Por entes públicos y sociedades estatales, las autoridades portuarias presentaron concursos de obra por 554 millones, el 114% más que en el mismo periodo del año anterior. A continuación se situó Aena, con 422 millones, el 125% más; Adif Alta Velocidad, con 217 millones, el 76% menos; y Seitt, con 178 millones, el 70,2% más.
Bruselas pide un ajuste adicional para 2017 de 5.500 millones y el gobierno, como los anteriores, se plantea un nuevo tajo a la inversión pública para lograr esa meta. Además, Ciudadanos, el partido que ha apoyado la investidura de Rajoy con un pacto de 150 medidas, no es partidario de extender la red AVE de forma generalizada, así que tampoco presionará para desatascar el seudo bloqueo que sufre Adif.
La CNMC ha puesto al descubierto las debilidades financieras de Adif. A su juicio, el administrador “tiene dificultades, sin recurrir a financiación adicional, para cubrir sus obligaciones de pago, puesto que los recursos generados por las operaciones no permiten satisfacerlas” y añade que “los niveles del ratio deuda/ebitda, de unas 60 veces, ponen en riesgo la sostenibilidad de la actividad”.
La práctica demuestra que para poder sufragar los gastos de explotación y el coste de la ampliación de la red, hay que aumentar todas las vías de ingresos y también el endeudamiento. La extensión proyectada precisa más 12.000 millones.
Por eso Adif ha pedido una subida de canones o peajes por usar la vía, de los que se financia, bastante desmesurada. El informe sobre la propuesta de cánones para el 2017 del organismo que preside José María Marín Quemada ha dado la voz de alarma y plantea un aumento de este peaje que el gestor ferroviario cobra a los operadores por usar la infraestructura, principalmente a Renfe, menor que el propuesto por Adif, un 4,2% en vez del 15%.
En definitiva, un negro panorama para el gestor de infraestructuras, que ya tuvo que dividirse en dos 2013 para ocultar la deuda del AVE a las estadísticas de Bruselas. Los criterios contables comunitarios que entraron en vigor en septiembre de 2014 obligan a declarar como públicos los endeudamientos de las empresas que reciben más del 50% de sus ingresos con cargo a los presupuestos estatales.
En esta situación está la red convencional pero no la de alta velocidad, que no tiene subvenciones a la explotación y la mayor parte del coste se cubre con los cánones y el suministro de energía de tracción. Pero si la deuda sigue creciendo y los cánones no suben también bastante, Adif Alta Velocidad no podrá autofinanciar el 50% de sus costes y le caería de pronto al Estado un montón de millones de deuda públicas a efectos del examen de Bruselas.
Mientras tanto el desfondamiento de la inversión es palpable en las estadísticas que publica Fomento. Los concursos de obra civil convocados por las administraciones públicas prosiguieron su caída hasta septiembre con un descenso del 5,8% en un contexto marcado aún por la falta de Gobierno. En el caso del AVE, se trata de un desplome con descensos registrados del 76%.
La licitación pública llevada a cabo por el ministerio de Fomento se situó en 2.200 millones, un 2,4% más; mientras que la del ministerio de Agricultura, cayó un 84,5% hasta los 89 millones; y la del resto de Ministerios cedió un 48,4%, hasta los 296 millones.
Por entes públicos y sociedades estatales, las autoridades portuarias presentaron concursos de obra por 554 millones, el 114% más que en el mismo periodo del año anterior. A continuación se situó Aena, con 422 millones, el 125% más; Adif Alta Velocidad, con 217 millones, el 76% menos; y Seitt, con 178 millones, el 70,2% más.
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