MURCIA.- Un comunicado enviado por Anpier (Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos) declara que
el Tribunal Constitucional ha fallado en favor del Gobierno de Mariano
Rajoy y en contra del Gobierno de la Región de Murcia con respecto a la
exención prevista por el Ejecutivo murciano para las instalaciones de
autoconsumo fotovoltaico. La sentencia considera que el precepto
impugnado incurre en inconstitucionalidad mediata, al suponer una
extralimitación normativa respecto de la regulación básica estatal.
Mediante escrito registrado en el
Tribunal Constitucional, el 5 de enero de 2016, se promovió recurso de
inconstitucionalidad por el Abogado del Estado, en nombre del Presidente
del Gobierno, contra el apartado 12 del artículo único de la Ley
11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de
diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la
Región de Murcia. El precepto impugnado añadía un nuevo art. 20 bis a
la citada Ley 10/2006, "instalaciones para aprovechamiento y consumo
directo de fuentes de energía renovables", que permitía que las
instalaciones previstas para el aprovechamiento de fuentes de energía
renovables cuya finalidad fuera la producción de energía eléctrica,
sobre las que quedará acreditado el consumo de la totalidad de la
energía producida, así como la ausencia de conexión eléctrica con la red
del sistema eléctrico, bien mediante el aislamiento físico o bien
mediante medios técnicos que produzcan un efecto equivalente al mismo,
podrían ser consideradas como instalaciones aisladas del sistema
eléctrico.
De esta manera, dichas instalaciones, al considerarse
aisladas, quedaban exentas de soportar el denominado "impuesto al sol",
que gravaba dicha modalidad de producción, de tal manera que extendía
sustancialmente el periodo de amortización de las instalaciones
fotovoltaicas y, por lo tanto, disuadía a los particulares,
profesionales y empresas, a los que ya no les compensaba generar su
propia energía, puesto que dichas cargas igualaban el coste de la
energía obtenida del sol al precio que proporcionan al que lo ofrecen
por medio de la red convencional las empresas del oligopolio eléctrico.
Miguel
Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier ha declarado, al conocer la
sentencia, que "Murcia merece y debe reclamar toda la competencia
necesaria a la hora de procurar el bienestar de los murcianos, el
Gobierno central no debería cercenar el derecho a producir energía a
través de sol de ningún ciudadano español".
Martínez-Aroca aplaude la
valentía del Gobierno de la Región y afirma que "no tenemos dudas de que
el Gobierno murciano buscará soluciones políticas para desbloquear esta
situación y permitirnos el acceso a un recurso energético inagotable,
barato y no contaminante".
Anpier considera que más allá de un
conflicto de competencia existe una lucha de intereses por el control de
la generación de la energía, puesto que, derribadas las barreras
tecnológicas que impedían al pueblo producir su energía, se levantan
ahora restricciones normativas que bloquean esa posibilidad, negando a
Murcia y al resto de España bienestar y ventajas competitivas.
Desgraciadamente,
los actores del "viejo modelo" se niegan a compartir lo que parece que
consideran un mercado exclusivo y ralentizan la transición renovable y
el autoconsumo. Son las Administraciones las que deben asumir la
responsabilidad de definir el nuevo marco energético, obviando la
presión de los monopolios y procurando el beneficio de los ciudadanos,
que ahora tienen la posibilidad, y deberían tener también el derecho, de
producir energía.
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