viernes, 23 de diciembre de 2016

Cámara imputa a Martínez Cachá / Ángel Montiel *

Adela Martínez Cachá dio su voto a favor en el caso del derribo de la guardería de La Paz como miembro de la comisión de gobierno del ayuntamiento de Murcia. Hizo lo mismo que el resto de los integrantes de dicha comisión, aunque el asunto no afectaba a sus competencias, pues entonces era concejala de Medio Ambiente. Dado que actualmente es consejera de Agricultura y Agua y dispone de la condición de aforada, el caso ha pasado al Tribunal Superior de Justicia.

Habrá opiniones para todos los gustos, pero ya adelanto la mía: es una injusticia absoluta. Esta señora sencillamente pasaba por allí. No tiene responsabilidad alguna en el caso, aunque técnicamente pueda establecerse lo contrario. En las comisiones municipales de gobierno hay concejales que aprueban las propuestas de sus respectivos grupos políticos por una lógica disciplinaria sin que ellos mismos sean conocedores del alcance de las decisiones de otros.

A toro pasado podría decirse que Martínez Cachá debiera haber mostrado su oposición a lo que venia decidido por su alcalde, Miguel Ángel Cámara, pero también cabe suponer que la concejala no podría sospechar que su jefe político le encomendara a ella y a otros como ella que cumplieran un trámite confuso mientras él se ausentaba, como es bien sabido que era lo propio del hoy exalcalde cuando había que tomar decisiones poco ortodoxas.

Es obvio que Martínez Cachá puede tener en este caso una responsabilidad administrativa, si es que la Justicia así lo determina, pero en ningún caso política. Su imputación muestra el perfil contrario a los supuestos habituales. El caso de la guardería de La Paz ni la roza. Todo el mundo sabe que no tuvo nada que ver en ese negocio, y si está imputada es porque el entonces alcalde condicionó la voluntad de sus concejales.

¿Cabe pensar que podrían haber tomado esas decisiones sin que el alcalde dirigiera la operación? Pero ¿tendría que haber dimitido Cachá u otros antes de dar el visto bueno a aquella propuesta? Ahora es fácil deducir que sí, pero insisto en que el factor confianza en la integridad moral del jefe político es algo muy comprensible.

Los lectores de esta columna saben que no se presta mucha piedad a los políticos señalados por las investigaciones judiciales, pero en el caso guardería en lo que afecta a Martínez Cachá, el arriba firmante no tiene inconveniente alguno en poner la mano en el fuego por la honestidad de la hoy consejera. Su imputación deriva de los tejemanejes de Miguel Ángel Cámara, el auténtico responsable político del desmán. Esto lo sabe todo el mundo y es obligado, por justicia, decirlo.


(*) Columnista


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