Adela Martínez Cachá dio su voto a favor en el caso del derribo de la
guardería de La Paz como miembro de la comisión de gobierno del
ayuntamiento de Murcia. Hizo lo mismo que el resto de los integrantes de
dicha comisión, aunque el asunto no afectaba a sus competencias, pues
entonces era concejala de Medio Ambiente. Dado que actualmente es
consejera de Agricultura y Agua y dispone de la condición de aforada, el
caso ha pasado al Tribunal Superior de Justicia.
Habrá
opiniones para todos los gustos, pero ya adelanto la mía: es una
injusticia absoluta. Esta señora sencillamente pasaba por allí. No tiene
responsabilidad alguna en el caso, aunque técnicamente pueda
establecerse lo contrario. En las comisiones municipales de gobierno hay
concejales que aprueban las propuestas de sus respectivos grupos
políticos por una lógica disciplinaria sin que ellos mismos sean
conocedores del alcance de las decisiones de otros.
A toro pasado podría
decirse que Martínez Cachá debiera haber mostrado su oposición a lo que
venia decidido por su alcalde, Miguel Ángel Cámara, pero también cabe
suponer que la concejala no podría sospechar que su jefe político le
encomendara a ella y a otros como ella que cumplieran un trámite confuso
mientras él se ausentaba, como es bien sabido que era lo propio del hoy
exalcalde cuando había que tomar decisiones poco ortodoxas.
Es obvio
que Martínez Cachá puede tener en este caso una responsabilidad
administrativa, si es que la Justicia así lo determina, pero en ningún
caso política. Su imputación muestra el perfil contrario a los supuestos
habituales. El caso de la guardería de La Paz ni la roza. Todo el mundo
sabe que no tuvo nada que ver en ese negocio, y si está imputada es
porque el entonces alcalde condicionó la voluntad de sus concejales.
¿Cabe pensar que podrían haber tomado esas decisiones sin que el alcalde
dirigiera la operación? Pero ¿tendría que haber dimitido Cachá u otros
antes de dar el visto bueno a aquella propuesta? Ahora es fácil deducir
que sí, pero insisto en que el factor confianza en la integridad moral
del jefe político es algo muy comprensible.
Los lectores de esta
columna saben que no se presta mucha piedad a los políticos señalados
por las investigaciones judiciales, pero en el caso guardería en lo que
afecta a Martínez Cachá, el arriba firmante no tiene inconveniente
alguno en poner la mano en el fuego por la honestidad de la hoy
consejera. Su imputación deriva de los tejemanejes de Miguel Ángel
Cámara, el auténtico responsable político del desmán. Esto lo sabe todo
el mundo y es obligado, por justicia, decirlo.
(*) Columnista
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