México hace
cuentas de lo que significarán para el país las promesas electorales de
Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, y la conclusión
parece indicar que sus amenazas no llevarán el país a una catástrofe. Al
contrario, hay razones para pensar que los desafíos de la nueva
administración norteamericana podrán ser ocasión para acelerar reformas
que en cualquier caso México necesita.
No
hay duda de que las medidas anunciadas por Trump en campaña abrieron
un bache económico en las expectativas mexicanas de
crecimiento. El bache se está pasando sin grandes sacudidas.
Aunque el miércoles de la pasada semana se conoció la estimación
de crecimiento del país para este año (superior al de los dos años
anteriores), las estimaciones para el próximo, según el Banco
Central de México, lo sitúan entre 1,5% y 2,5%, una corrección a la
baja de las previsiones anteriores (entre 2,0 y 3,0); el de 2018
queda ahora entre 2,2% y 3,2%.
La variabilidad de esas
estimaciones las atribuye el gobernador del BCM, Agustín Carstens,
a que “este es un mundo rico en incertidumbres”. Carstens
pronostica que las actuales turbulencias serán un fenómeno
pasajero. El gobernador observó que no se había producido una
fuga significativa de capitales, y que la subida de la tasa de
interés, en la semana anterior, había reforzado el peso,
recuperándose de la caída del 15% producida cuando pareció
evidente que Trump podría ganar la carrera presidencial.
También
acude en favor de México el anuncio de la OPEC, en esta semana, de
recortes en su producción de petróleo, lo que incrementará
probablemente los ingresos de Pemex (aunque México no pertenece a
la OPEC), y a su vez frenará el alza de la inflación.
El bloque geopolítico de Norteamérica seguirá ahí. También del Pacífico
La
posición de México dentro del North American Free Trade Agreement
(NAFTA), según espera el viceministro para Asuntos de Norteamérica,
Paulo Carreño. “puede mejorar muchísimo”, y señaló
específicamente el área laboral, proponiendo un sistema de
empleo estacional regulado según el modelo que ya existe entre
México y Canadá, que emplea mano de obra mexicana en la agricultura
canadiense. Hay otras áreas que se pueden incorporar al tratado, y
que no existían cuando NAFTA se firmó en 1994, como el comercio de
electrónica y el relacionado con las regulaciones
medioambientales.
En estos aspectos, México cuenta con un
poderoso instrumento de negociación: los derechos que tiene
sobre gran parte del agua del embalse Mead, que se extiende entre los
estados de Nevada y Arizona, que pertenece al sistema fluvial del
Colorado. Cuatrocientos setenta y siete millones de metros cúbicos
de esas aguas ‘mexicanas’ son suministrados a los estados de
California, Arizona y Nevada. Este activo, no obstante, se
corresponde con obligaciones mexicanas hacia los Estados Unidos en
el sistema fluvial conjunto del rio Bravo.
Trump prometió
renegociar NAFTA en los primeros cien días de su mandato; incluso
amenazó con retirarse del tratado. Se estima que éste no creó
tantos puestos de trabajo como esperaban los mexicanos, pero sí
produjo beneficios comerciales en ambos países y un gran
crecimiento industrial de México.
Donde Trump veía pérdidas
de empleos industriales para sus compatriotas, muchos otros veían
una asociación para mejor resistir la competencia de los países
asiáticos en los mercados de ambos países, además de en Canadá.
Las
alarmas creadas en México por los anuncios de políticas
mercantilistas por parte de Trump se explican por los efectos que
podrían tener, si se aplican en su pureza, sobre los intercambios
comerciales, que ascendieron a $583.000 millones en 2015.
Lejos
de una imagen de dependencia mexicana respecto del mercado
estadounidense, debe ponerse de relieve que México es el tercer
mercado para las exportaciones del vecino del norte, y que de este
comercio, según el Wilson Institute, dependen 4,9 millones de
empleos de los Estados Unidos.
Frente a las acciones
mercantilistas de Trump, México siempre tiene la posibilidad de
recurrir al tratado TPP (Trans Pacific Pertnership), del que Trump ha
prometido retirar su país. El ministro mexicano de Economía
estuvo presente en la reciente reunión de la Cooperación
Asia-Pacífico, de Lima. El próximo secretario de Estado para Asuntos
Latinoamericanos, David Malpass, probablemente recomendará al
presidente no cancelar NAFTA, sino reformarlo. Él fue
precisamente uno de los negociadores del tratado.
Lo que podrá hacer y no hacer en materia de inmigración
En
otros capítulos del ‘negociado’ EE.UU-México, es previsible que
Trump se vea obligado a bajar a la realidad. Ya lo ha hecho en cuanto a
la inmigración, y en vez de expulsar a once millones de
inmigrantes ilegales, ha limitado el hipotético número a dos o
tres millones, con especial hincapié en los elementos
criminales que pueda haber entre ellos, que tendrían prioridad de
expulsión.
A este respecto, hay dos factores a considerar:
el primero es que la inmigración ilegal mexicana ha descendido
en los últimos años: si en 2010 el Servicio de Aduanas detuvo a
400.000 mexicanos en su intento de entrar en los Estados Unidos, en
2015 fueron solo 177.000. El ‘hueco’ dejado por los mexicanos ha sido
llenado por centroamericanos, entre los cuales se produjeron
179.000 detenciones de ilegales en 2015, cuando en 2010 había sido
detenidos sólo el 25% de ese número y de procedencia.
Otro
factor que frenará los planes de expulsión de Trump es la aparente
falta de capacidad de la administración para tramitar los
expedientes de expulsión. El sistema judicial no da abasto,
debido a que algo más del 50% de los casos que se llevan ante la
administración judicial federal se ocupan de la expulsión de
ilegales, saturando por tanto el sistema.
No parece haber
duda, pues, de que en cuanto a la posición de México con respecto a
los Estados Unidos, hay dos momentos incongruentes: el de un
amenazante Trump candidato y el de un Trump presidente
enfrentado a la realidad y a los límites entre su poder personal y a
los intereses generales de su pueblo.
(*) Periodista
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