El PSOE festejó en días pasados el
décimo aniversario de la Ley de Dependencia. Verdad es que con otras
finalidades menos ceremoniales, pero lo hizo. También proclamó en sede
parlamentaria su paternidad de la llamada Ley de la Memoria Histórica,
pero acto seguido, se negó a recibir a dos víctimas del franquismo y a
excluir de la amnistía en la Ley de Amnistía a los torturadores
franquistas.
El
PSOE tendría que estar repleto de mastines dispuestos a aplicar a
rajatabla la Ley de la Memoria Histórica. No es así. Se limitan a
preguntar por su aplicación sin mucha insistencia. Al fin y al cabo, esa
Ley de Memoria Histórica socialista, con todo y ser lo único que se ha
hecho en España en pro de las víctimas del franquismo, no era más que
una confesión de mala conciencia: los socialistas estuvieron en el poder
ininterrumpidamente durante más 14 años, 12 de ellos con mayoría
absoluta y no movieron un dedo para hacer justicia a las víctimas del
franquismo.
En
realidad, todos los partidos del Parlamento tendrían que estar
aplicando la Ley de la Memoria. La derecha, también. Es la forma de
conseguir crear un terreno común de entendimiento que no puede basarse
en un pasado con el que el país (los dos países que son España, las
Españas) aún no se ha reconciliado. Ese pasado que reaparece siempre que
los dirigentes de la derecha dicen que hay que mirar al futuro.
Un
país en el que sigue habiendo unas 100.000 personas asesinadas en fosas
anónimas no puede construir nada. El suelo se mueve bajo sus pies.
Mal camino
Según van las cosas en las relaciones
entre el gobierno del Estado y la Generalitat es extraño que nadie haya
sacado ya a relucir el famoso juego "del gallina", en el que pierde el
primero que se aparta para evitar el choque entre dos vehículos en la
misma dirección y sentido contrario. Es un ejercicio de acción/reacción en el que está ausente cualquier intento de entendimiento del Estado, por más que el gobierno lance llamadas al diálogo.
Ayer,
dos secretarias judiciales del TSJC se personaron en el Parlament a
notificar un apercibiemiento del órgano judicial a los miembros de la
mesa que votaron en el sentido que lo hizo la previamente encausada
Carme Forcadell, y hasta a uno que se abstuvo.
Hay
algo simbólico en esto. Un tribunal irrumpiendo en un parlamento a
instancias de la abogacía del Estado a las órdenes del gobierno deja
tambaleándose la doctrina de la división de poderes. Además de probar
que la oferta de diálogo no significa que el gobierno vaya a cejar en su
tendencia a tratar por lo judicial y penal un problema político. El
argumento es que solo pude haber diálogo dentro de la legalidad y el
dialogante gobierno es, al mismo tiempo, el responsable de que aquella
se cumpla.
En
esas condiciones de incremento de la presión represiva del Estado, es
fácil vaticinar que en respuesta del juego del gallina, aumenten en
influencia dentro del bloque independentista los partidarios de acortar
los plazos e ir a la unilateralidad antes de lo previsto. El argumento
es que más vale hacerlo ahora que esperar a unas condiciones más
crispadas y precarias.
No
hay otra salida que el referéndum pactado. La imagen de un país de la
EU en el que se encarcela a los representantes populares por dar
cumplimiento al mandato de sus electores, simplemente, no es concebible.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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