domingo, 4 de diciembre de 2016

PAS se prepara para resistir / Alberto Aguirre de Cárcer *

No habían pasado ni dos semanas desde que la operación ‘Púnica’, ordenada por el juez Velasco, había descabezado la cúpula de la Consejería de Turismo cuando percibí en Pedro Antonio Sánchez su mayor momento de debilidad política y personal. Era la primera semana de noviembre de 2014. Inaugurábamos ‘Murcia Gastronómica’ y al acto acudieron Sánchez, consejero de Educación, y Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria y Turismo, quien dimitiría siete meses después, solo unas horas después de conocerse que iba a ser llamado a declarar como imputado por el caso ‘Púnica’

No era este último asunto judicial (hasta entonces su nombre no había sido relacionado con la trama) lo que preocupaba al actual presidente, sino su situación política y personal por la investigación sobre su vivienda desde primeros de año en el TSJ. En público y en privado siempre mantuvo su inocencia, como ahora, pero ese día me confesó que sopesaba dimitir. 

Dejar el Gobierno de Garre y quedarse en el partido hasta que se aclarase el caso. PSOE e IU habían abandonado dos días antes el hemiciclo cuando él iba a intervenir, Floriano había declarado que el PP no incluiría en sus listas a encausados por corrupción y Garre no cesaba públicamente de hablar de la ‘doctrina de la generosidad’ ante cualquier novedad que afectase a dirigentes del PP imputados. La sucesión a Valcárcel estaba completamente abierta y Sánchez, aunque siempre fue el señalado, perdía su ventaja frente a Alberto Garre y Juan Carlos Ruiz. 

El actual presidente ya sabía entonces cuál era y es nuestra posición: los políticos investigados por corrupción no deben ir en las listas electorales y deben dimitir en el momento de la apertura de juicio oral, salvo que su permanencia como imputados dañe a las instituciones y al interés general. Lo habíamos expresado seis meses antes en un editorial titulado ‘Así no’, donde, tras la marcha de Valcárcel, abogamos porque la presidencia no podía ser ocupada por Sánchez ni por cualquier otro político investigado por un presunto delito, obviamente sin entrar a valorar, ni entonces ni el futuro, quién debía ser el candidato de cualquier partido. 

En esa conversación le reiteré nuestra posición (él la recordaba porque ese editorial le ayudó bien poco) y le comenté que el periódico, por lo antes expuesto, no se había pronunciado sobre su permanencia como consejero. En clave ya personal le apunté que salir del foco público tenía ventajas e inconvenientes, sobre todo si aspiraba a ser candidato algún día a la presidencia (probablemente ese era su sueño desde que entró de becario en San Esteban).

 Por las razones que fueran, no dimitió y en febrero del año siguiente el caso fue archivado, a petición de la Fiscalía. Aunque no pudo documentar hasta el último euro del dúplex que compró hace años, ante la falta de evidencias inculpatorias prevaleció el principio de presunción de inocencia. Luego llegaron las elecciones y rozó la mayoría absoluta, aunque no pudo ocupar la presidencia hasta sellar voluntariamente un pacto con Ciudadanos, en virtud del cual dimitiría si era llamado a declarar como imputado por corrupción. «Si al final la Justicia dictaminara una imputación por el ‘caso Auditorio’, yo dimitiría», llegó a decir públicamente antes de firmar. 

Ya no es consejero por designación directa, sino presidente por la voluntad expresada en las urnas por los electores. Y eso otorga mayor fortaleza, pero también un plus de responsabilidad y ejemplaridad como máxima figura institucional de una comunidad autónoma y representante de todos sus ciudadanos. En realidad, su situación política y judicial es bien distinta a la de hace dos años. Pese a que su fragilidad vuelve a marcar máximos, esta vez no se le pasa por la cabeza dimitir. Lo que no significa que no pueda ocurrir, empujado por su propio partido si la presión de la oposición desde Madrid fuera insostenible, sobre todo si ahora otro juez pide que le investiguen también por el caso ‘Púnica’, su caso convulsiona la política nacional y se convierte en un obstáculo para la gobernabilidad de Rajoy. 

En ese escenario, el balance de su gestión sería un factor secundario. De manera discreta, aparentando normalidad y sin hacer dejación de sus funciones, Sánchez lleva más de un año preparándose, a todos los niveles, para este momento que, desde el punto de vista judicial, tarde o temprano, era inevitable. En sus múltiples viajes a Madrid ha logrado multiplicar su valoración en la dirección nacional de su partido, que interiorizó su relato y lo ha hecho el referente del PP para hacer frente a la asunción de responsabilidades políticas por imputaciones judiciales, más ahora tras la muerte de Barberá. Le apoyan los que de verdad mandan en Madrid, desde Cospedal a Soraya y Rajoy, que en una conversación con periodistas llegó a comentar que el fiscal superior le ha interpuesto diez querellas, cuando en realidad son dos, a raíz de sendas denuncias del PSOE. 

Tan notorio es ese apoyo de Madrid como el silencio en este asunto de Valcárcel, que tampoco recibió ningún respaldo explícito de Sánchez cuando la hija del expresidente popular declaró como imputada por el caso ‘Novo Carthago’. En el PP regional ya no están tan prietas las filas. Hay varios exdestacados dirigentes, desde Cámara a Bascuñana, que fueron forzados por Sánchez a irse antes de la apertura de juicio oral. Hay otros que se sienten marginados. Con Valcárcel, cualquier militante sabía que podía recibir una llamada en algún momento para asumir una responsabilidad. Ahora ya no es así, suelen decir.

La suerte judicial del caso ‘Auditorio’ también es incierta aunque ni puedo ni debo anticiparla. De partida, los indicios apuntados por el fiscal y la juez son contundentes y graves (fraude, malversación y prevaricación son delitos de corrupción, algunos penados con de 2 a 6 años de prisión). Blindado por un aforamiento al que pudo renunciar, ha estado personado en la causa y tiene ya una estrategia definida: pudo haber errores administrativos, no ilícitos penales. 

Salvo sorpresas, el instructor en el TSJ será Pérez Templado, el juez que archivó el ‘caso Dúplex’. Y también es probable que el fiscal jefe, que llevará el peso del Ministerio Público, ya no sea López Bernal, que aspira en las próximas semanas a renovar, en competencia con Díaz Manzanera (ideológicamente distante pero con la misma visión de la lucha contra la corrupción) y con el teniente fiscal Sánchez Lucerga.

PAS, una vez más, se prepara para resistir.


(*) Periodista y director de La Verdad


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