MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este
domingo que se retiren de la política las personas "encausadas", lo que
significa que un juez les abre juicio oral, ya que antes no hay
suficiente motivo para dimitir.
Catalá se refirió así, en una entrevista en la Cadena Cope,
al contenido y a la posible revisión del pacto firmado entre PP y
Ciudadanos en lo referido a la corrupción.
El ministro explicó que lo primero es agilizar la Justicia
para evitar procesos de instrucción y enjuiciamiento largos, y lo
segundo "hablar todos de los mismo" cuando se manejan conceptos como
imputado, investigado o encausado.
"Para empezar imputado ya no existe, lo hemos cambiado hace
un año y medio, y por lo tanto cuando en el acuerdo con Ciudadanos
escribimos imputado formalmente o encausado (...) estamos hablando del
encausado, que es aquella persona respecto a la cual se abre juicio oral
porque ya se ha investigado, se han hecho las pesquisas y se cree que
hay alguna causa", especificó.
Catalá añadió que "es ese el momento en el que hemos
acordado que se abandone la responsabilidad política, porque antes lo
único que ha pasado es que alguien presenta una querella y el juez abre
trámite para ver qué ha pasado, y solo con eso no es suficiente motivo
par que alguien tenga que dimitir".
El fiscal investigador
La reforma del proceso penal para que el fiscal asuma la dirección de las investigaciones será uno de los ejes principales que este lunes expondrá Catalá ante la Comisión de Justicia del Congreso en la que comparecerá para dar cuenta de su ‘hoja de ruta’ en el departamento.
Su propuesta estrella se resume en que el peso de la investigación en los períodos de instrucción recaiga en el fiscal y no en el juez, que asumiría una función garantista para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y resolvería finalmente sobre si procede o no llegar a juicio.
Es el modelo que se aplica en el resto de Europa, por el que luchan las asociaciones de fiscales desde hace años y que ahora ha recibido el respaldo del ministro de Justicia, del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal general del Estado. De hecho, el responsable de Justicia justificó la llegada de José Manuel Maza a la Fiscalía en lugar de Consuelo Madrigal en que es el más adecuado para impulsar ese cambio en el modelo procesal.
Maza lo considera un cambio “inaplazable” e “imprescindible”, entre otras cosas para agilizar las investigaciones y reducir los plazos. El Gobierno comparte esa urgencia y no se descarta que lo impulse en la próxima primavera con idea de que en dos años esté completamente implantado.
Uno de los problemas es de recursos humanos, dado que en tanto que la plantilla fiscal (que ahora mismo es de 2.500) debería aumentar sensiblemente, sobrarían jueces de instrucción. De hecho, se baraja la idea de ofrecer a estos jueces la posibilidad de reconvertirse en fiscales instructores, lo que requeriría un cambio legal.
Otro de los problemas es el del papel de las acusaciones populares, una figura que puede quedar engullida casi completamente por el papel del fiscal instructor, de modo que su acción se limite a casos puntuales, como en el modelo francés. La idea es que solo una asociación u organización que represente a un colectivo afectado directamente por un delito pueda ejercer la acusación, no como ocurre ahora en España, en la que las asociaciones de jueces y fiscales se han manifestado a favor de limitar el peso de las acusaciones populares.
También se prevé dificultar la personación de los partidos políticos como acusación, tal y como planteó el exfiscal general del Estado y actual magistrado del Supremo Cándido Conde-Pumpido en su instrucción del caso de Rita Barberá.
A Podemos no le parece mala la medida del fiscal, pero tiene un “pecado original”: la dependencia de la Fiscalía del Ejecutivo, que les lleva a sospechar que se puedan “teledirigir” investigaciones penales desde el Gobierno, sobre todo en casos de corrupción. Creen que si el fiscal fuera independiente completamente, sería una medida “muy interesante”, pero afirman que Catalá no lo concibe así. Tampoco comparte el partido morado la idea de limitar las acusaciones.
El fiscal investigador
La reforma del proceso penal para que el fiscal asuma la dirección de las investigaciones será uno de los ejes principales que este lunes expondrá Catalá ante la Comisión de Justicia del Congreso en la que comparecerá para dar cuenta de su ‘hoja de ruta’ en el departamento.
Su propuesta estrella se resume en que el peso de la investigación en los períodos de instrucción recaiga en el fiscal y no en el juez, que asumiría una función garantista para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y resolvería finalmente sobre si procede o no llegar a juicio.
Es el modelo que se aplica en el resto de Europa, por el que luchan las asociaciones de fiscales desde hace años y que ahora ha recibido el respaldo del ministro de Justicia, del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal general del Estado. De hecho, el responsable de Justicia justificó la llegada de José Manuel Maza a la Fiscalía en lugar de Consuelo Madrigal en que es el más adecuado para impulsar ese cambio en el modelo procesal.
Maza lo considera un cambio “inaplazable” e “imprescindible”, entre otras cosas para agilizar las investigaciones y reducir los plazos. El Gobierno comparte esa urgencia y no se descarta que lo impulse en la próxima primavera con idea de que en dos años esté completamente implantado.
Uno de los problemas es de recursos humanos, dado que en tanto que la plantilla fiscal (que ahora mismo es de 2.500) debería aumentar sensiblemente, sobrarían jueces de instrucción. De hecho, se baraja la idea de ofrecer a estos jueces la posibilidad de reconvertirse en fiscales instructores, lo que requeriría un cambio legal.
Otro de los problemas es el del papel de las acusaciones populares, una figura que puede quedar engullida casi completamente por el papel del fiscal instructor, de modo que su acción se limite a casos puntuales, como en el modelo francés. La idea es que solo una asociación u organización que represente a un colectivo afectado directamente por un delito pueda ejercer la acusación, no como ocurre ahora en España, en la que las asociaciones de jueces y fiscales se han manifestado a favor de limitar el peso de las acusaciones populares.
También se prevé dificultar la personación de los partidos políticos como acusación, tal y como planteó el exfiscal general del Estado y actual magistrado del Supremo Cándido Conde-Pumpido en su instrucción del caso de Rita Barberá.
A Podemos no le parece mala la medida del fiscal, pero tiene un “pecado original”: la dependencia de la Fiscalía del Ejecutivo, que les lleva a sospechar que se puedan “teledirigir” investigaciones penales desde el Gobierno, sobre todo en casos de corrupción. Creen que si el fiscal fuera independiente completamente, sería una medida “muy interesante”, pero afirman que Catalá no lo concibe así. Tampoco comparte el partido morado la idea de limitar las acusaciones.
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