MADRID.- El fracasado desarrollo de autopistas de peaje en España se va a
saldar con una nueva factura para el Estado que el Ministerio de Fomento
estima en un máximo de 2.100 millones de euros, según aseguran a El Mundo fuentes gubernamentales.
Este
coste de nacionalizar una decena de autopistas de peaje equivale a 50
euros por ciudadano y, si el Gobierno no lo remedia, supone el 45% de
los ingresos extra que prevé recaudar este año con la subida de
impuestos. En el Ejecutivo desmienten que el coste vaya a ser superior a
los 5.000 millones como el esgrimido por la asociación de grandes
constructoras Seopan y lo limitan a los mencionados
2.100 millones, aunque el objetivo del Ejecutivo es doble. Por un lado,
intentar evitarlo o reducirlo con un acuerdo en los próximos meses con
los concesionarios y acreedores. Por otro, buscar fórmulas para que, en
caso de rescate inevitable, no compute en el déficit del Estado de este
año para no comprometer el compromiso con la Unión Europea.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
se ha negado a calificar de rescate esta operación, porque técnicamente
no lo es. No es una decisión discrecional como en el caso del rescate bancario
para evitar males mayores, sino que es una exigencia legal de
Responsabilidad Patrimonial de la Administración al haberse comprometido
a ello en su momento si quebraban las sociedades a las que concedió la
explotación del servicio. Fuentes oficiales del Ministerio de Fomento
sostienen que, además, es «prematuro» fijar una cifra definitiva. «El
procedimiento para determinar la Responsabilidad Patrimonial de la
Administración es complejo, dado que se deben tener en consideración
distintos aspectos como las inversiones realizadas en expropiaciones,
obras y bienes adquiridos», señalan.
600 millones de euros
El Gobierno socialista concedió
ayudas públicas de 600 millones de euros durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según un informe oficial de Fomento, los ministros Magdalena Álvarez y José Blanco
otorgaron entre 2008 y 2011 un total de 483 millones a través de los
llamados préstamos participativos, que financiaban sobrecostes de
expropiaciones. También comprometieron 80 millones adicionales a través
de la llamada Cuenta de Compensación para amortiguar la caída del
tráfico. Además, en paralelo, autorizaron «subidas de tarifas de peaje e
incrementos de plazos concesionales aprobados». Con todo ello se ganó
tiempo pero no se solucionó el problema de fondo.
Las autopistas
de peaje que se encuentran actualmente en liquidación o quebradas son
las cuatro radiales de Madrid: la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la
Cartagena-Vera y la M-12 Eje Aeropuerto.
El mandato judicial consiste en que antes del próximo mes de julio Fomento deberá asumir ya dos de ellas, las R-3 y R-5 de Madrid.
Esta carrera de quiebras no sólo debe a la caída del tráfico desde el
estallido de la crisis, que ha llegado a ser un 50% inferior al
previsto.
Ha habido un cúmulo de errores de planificación durante, principalmente, los años 1998 a 2004 -siendo presidente del Gobierno, José María Aznar, y en tiempos de Francisco Álvarez Cascos como
ministro de Fomento- que han pasado ahora factura. Las principales
constructoras se convirtieron en accionistas, creyendo que obtendrían un
negocio seguro por doble vía: los ingresos de la autopista y su propia
construcción; y los bancos y cajas de ahorros también entraron como
accionistas para asegurarse el negocio financiero.
Planes económico-financieros
Los
erróneos planes económico-financieros de las diferentes concesiones
-principalmente los de autopistas de peaje paralelas a las gratuitas-
unidos a los sobrecostes de expropiaciones y los modificados de obra han
minado la solvencia de las concesonarias.
«Solo entran en las de peaje los que se equivocan», ironiza habitualmente la ex ministra de Fomento, Ana Pastor,
que intentó en vano en sus tres últimos años en el cargo un acuerdo con
concesionarias, acreedores y constructoras para que cedieran gratis las
autopistas con quitas del 50% en la deuda acumulada superior a los
5.000 millones.
El intento de acuerdo se complicó por
desavenencias internas en el propio Gobierno entre Fomento, Hacienda y
el Ministerio de Economía. Además entre tanto se ha dificultado la
interlocución, porque el Santander, BBVA, CaixaBank y resto de
acreedores se han ido desprendiendo de su deuda vendiéndola con
descuento a fondos buitre. En el entorno de la ex ministra aseguran que
también se abre una oportunidad porque los fondos buitre han comprado la
deuda con tanto descuento que incluso con una quita ganarían dinero.
Pastor cree que se ha interpretado mal lo que dijo en 2013 de que el
rescate de las autopistas no costaría un euro al contribuyente, porque
lo dijo en su momento "en el entendido de que hubiera acuerdo, no de que
quebraran las autopistas", aseguran en su entorno.
El presidente
de Seopan, Julián Núñez, se ha quejado por su parte desde 2014 en la
falta de agilidad del Ministerio de Fomento para resolver este problema
permitiendo que las autopistas fueran entrando paulatinamente en
quiebra. Éste incide en que uno de los factores del declive fue el coste
de las expropiaciones previsto en 400 millones y que terminó llegando a
2.200 millones.
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