viernes, 2 de diciembre de 2016

Murcia se suma mañana a la marcha para la derogación de la 'ley mordaza'

MURCIA.- Murcia se suma mañana a la convocatoria nacional de las Marchas por la Dignidad para pedir la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como mordaza, con efecto retroactivo para que se quiten las penas y multas a las personas que han sido condenadas por infringirla.

Será a las 17.00 horas en la plaza Cardenal Belluga, de Murcia, donde se pedirá la retirada de una ley que "es una agresión contra la mayoría social y la clase trabajadora", según ha explicado el portavoz de la coordinadora regional de las Marchas, el comunista Ginés Fernández.

También es una movilización "por acciones en defensa de una vida digna y contra los recortes, el pago de la deuda y las políticas que traen sufrimiento a la población", ha añadido.
En la Región de Murcia, la represión por esa ley "la están sufriendo quienes reclaman una vida digna", y más concretamente los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
"Los bancos, en clara connivencia con la administración del PP, han intentado reprimir con sanciones y amenazas de cárcel a quienes reclaman que se cumpla un derecho humano contemplado en la actual Constitución Española", ha lamentado en ese sentido.
También están afectados por la ley representantes sindicales que "tras décadas de trabajo de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías del Tren a su paso por Murcia se han visto agredidos y amenazados con años de cárcel".
En España, como se recoge en el manifiesto que se leerá durante la concentración, la ley ha supuesto diversas penas de cárcel para numerosos manifestantes que participaron el 22 de marzo de 2014 en las marchas de la dignidad que partieron de todos los puntos de España para finalizar en una gran manifestación en Madrid.
En esa protesta fueron detenidas 21 personas, 2 de ellas menores de edad, para la mayoría de los cuales se piden condenas de entre 6 y 8 años de cárcel, además de multas de miles de euros, según el texto, que exige la retirada de las penas para estos "presos sociales".

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