viernes, 2 de diciembre de 2016

PAS da sus explicaciones y se acantona en San Esteban sin aclarar si dimitirá llegado el caso

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez (PAS), no aclara si dimitirá en base al pacto de investidura PP-C's e insiste en que todo el dinero de la subvención de seis millones está en la obra del auditorio lubrerense, tras conocerse hoy que la jueza lorquina instructora del caso pide su imputación por varios presuntos delitos (ve indicios de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude), en la misma línea de lo que ya solicitó la Fiscalía días atrás, y que ha abierto pieza separada sobre el destino de los fondos públicos recibidos por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando PAS era su alcalde.

"He dado la cara a los pocos minutos de saber la noticia" como "ya solicité comparecer tres veces ante el fiscal jefe y no se me permitió", ha enfatizado PAS ante los medios de comunicación avisados desde San Esteban y ante los que ha insistido sobre el caso, que "no hubo ningún error". Por la información de la que dispone, dice, "todo se hizo bien". Y a una pregunta sobre su eventual dimisión, contestó: "Nadie puede juzgar antes que un juez, por lo que pido respeto, prudencia...".
Según el criterio de PAS, aún sin conocer, como sostiene, la exposición razonada de la jueza Andreo, "el Tribunal Superior de Justicia procederá ahora únicamente a investigar si hubo errores en el expediente administrativo", restando importancia a la petición de imputación del presidente de la Región de Murcia.
"Puede haber algún error en ese procedimiento administrativo", admitió, aunque no otras cosas. Pedro Antonio Sánchez, ha pedido "ser serios y no adelantarse a futuribles" de dimisión.
A su juicio, y pese a la pieza separada del caso que aún investiga el Juzgado nº 1 de Lorca, "nadie ha puesto en duda que la subvención de la Consejería de Cultura de seis millones se invirtió íntegramente" en la obra del Auditorio de Puerto Lumbreras, siendo él alcalde y jefe local del PP, ha dicho PAS.
"Los murcianos pueden estar tranquilos porque esto se va a aclarar", repitió en varias ocasiones durante una comparecencia improvisada en el Palacio de San Esteban para, según él, dar la cara tras conocerse la recomendación al TSJ de que lo impute por parte de la instructora de Primera Instancia, la magistrada Consuelo Andreo, que todavía lo sigue investigando por un supuesto uso paralelo de seis millones de euros provenientes de una subvención para el citado Auditorio.
El Presidente expresó su intención de comparecer cuando antes ante el TSJ para dar sus explicaciones porque "es el momento de colaborar con la Justicia para que todo se aclare. La Justicia siempre tiene la última palabra", concluyó, sin conocer aún la exposición razonada de la jueza Andreo al TSJ.
La magistrada quiere ahora saber el destino, público o privado, de la subvención de la Consejería de Cultura para el auditorio porque, según ella, de los indicios se infiere que esos fondos prácticamente habían desaparecido sin haber dado comienzo las obras en 2008, fecha del primer pago. 
Los investigadores policiales no consideran todavía acreditado el destino de los fondos de la subvención porque las tres cuentas bancarias a que fueron a parar gran parte de ellos desde 2006 a 2008 no coinciden con las del arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga, por lo que entienden es obligado investigar a quien pertenecían antes de que los seis milones quedasen reducidos a poco más de 335.000 euros en la cuenta municipal lubrerense que manejaba PAS como alcalde.
Sánchez ha asegurado que la inversión de esos seis millones de euros de la subvención concedida al ayuntamiento en 2006 está “fiscalizada y justificada documentalmente” en las obras del auditorio y “nadie discute que falte ni un solo euro”.
Según sus palabras, “la jueza se pregunta” en el auto -que Sánchez aún no ha leído porque no se le ha notificado- “si ha podido haber algún error en ese procedimiento” administrativo y “pide que se aclare y se investigue, pero si lo ha habido, se tendrá que demostrar y acreditar”.
En su opinión, ninguna fiscalización ni peritaje efectuados sobre esas obras, hoy aún sin terminar, discute que falte dinero por invertir de la subvención del Gobierno, por lo que entiende que la jueza pide al TSJ que se aclare una cuestión, desde su punto de vista “meramente administrativa”.
“Lo que se dice es que aún faltaba más dinero para terminar el auditorio” . 

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