MURCIA.- La Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM), ha realizado una investigación sobre la empresa CBM-Secuoya, a la que el gobierno regional adjudicó en su día la gestión de la televisión pública regional TV7.
APARM ha documentado numerosos incumplimientos legales y numerosas irregularidades en los pagos, y tiene intención de llevar el asunto a los tribunales.
En un comunicado, APARM sostiene lo siguiente:
En un comunicado, APARM sostiene lo siguiente:
"La Asociación de Productores Audiovisuales de la
Región de Murcia (APARM) ha presentado una denuncia por incumplimiento continuado
del contrato y de la ley por parte de la empresa del Grupo Secuoya, Central
Broadcaster Media S.L.U. (CBM), adjudicataria de la gestión indirecta del servicio público de
comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(CARM). La denuncia, se ha dirigido al Consejero de Desarrollo económico,
Turismo y Empleo, Juan Hernández Albarracín (como Órgano de contratación en
representación de la CARM), y al Secretario General de la Consejería de Cultura
y Portavocía, José Vicente Albaladejo Andreu, a la que está adscrita Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM).
En su denuncia, la APARM muestra con datos
concretos, mes a mes, como la empresa CBM-Secuoya ha incumplido su oferta y
compromisos contractuales de programación de servicio público entre abril y septiembre
del año 2015. En total son más de 857 horas (de las que casi el 90% son
programas informativos), a las que hay que añadir las horas de las
retransmisiones en directo comprometidas de unos 60 eventos socioculturales y
deportivos pendientes.
Como se indica en los pliegos de la licitación, además
de la sanción por incumplimiento del contrato, «no podrán compensarse las horas no realizadas al final de cada
ejercicio anual», éstas deberán descontarse como no ejecutadas en plazo en
el año 2015, durante la liquidación anual. Así que se le deben descontar a
CBM-Secuoya unos 2,2 millones de euros en las facturas que presente en el año
2016.
Trampas para aumentar el número de
horas
La denuncia también explica como CBM-Secuoya alarga
en falso la duración de los informativos: repiten noticias hasta cuatro veces
en un mismo informativo (mediodía y tarde/noche). En términos de tiempo supone
una media de unos 15 minutos de noticias repetidas en cada informativo. Así, se
contabilizan como originales unas 15 horas más cada mes que no se han producido.
Los informativos de la mañana duran en realidad unos 30 minutos y a
continuación los repiten íntegramente otra vez, falseando su duración hasta los
60 minutos comprometidos por CBM-Secuoya en su oferta. Con estas y otras
trampas, se contabilizan como originales unas horas que la empresa CBM-Secuoya
nunca ha producido. Así, sólo en el mes de septiembre consiguen unas 54 horas.
«Por otra
parte –dice la denuncia–, los
informativos de medianoche y los de la mañana se nota que han sido grabados
previamente la noche anterior (21–22:00), con lo que desaparece la inmediatez y
actualidad de las noticias, ya que no recogen los acontecimientos relevantes
que hayan ocurrido durante todo ese tiempo. Esto significa un nuevo
incumplimiento de la oferta de CBM-Secuoya».
«Pagar a
CBM-Secuoya horas de programación de servicio público no realizadas, o bien
horas realizadas mediante el engaño de repetir varias veces los mismos
fragmentos para aumentar la duración de un
programa, es un posible fraude con un carácter presuntamente delictivo, por los daños que causa al arcas
públicas y al interés social», advierte
la denuncia.
CBM-Secuoya incumple la ley al
impedir derecho de accesibilidad
de los discapacitados y se ahorra más de 750.000 euros
de los discapacitados y se ahorra más de 750.000 euros
La APARM denuncia también a CBM-Secuoya por incumplir
la Ley
General de Comunicación Audiovisual
(LGCA) continuadamente, durante nueve meses, desde el inicio de la gestión
indirecta de la televisión autonómica pública 7RM en el mes de abril hasta
diciembre de 2015, al no garantizar los derechos de las personas con
discapacidad visual o auditiva a una accesibilidad universal a la comunicación
audiovisual: subtitulación del 90% de los programas, 10 horas semanales de interpretación
con lengua de signos y otras 10 horas de audiodescripción.
En la denuncia se indica que la infracción de la
LGCA «ha reportado un claro beneficio
económico para CBM-Secuoya, superior a los 750.000 euros, derivado del gasto no
realizado» durante los nueve meses, para garantizar el derecho de accesibilidad.
Por reincidencia en la infracción, la APARM pide la aplicación del artículo
60.1 de la LGCA y que se sancione a dicha empresa por infracción muy grave «con multa de 500.001 hasta 1.000.000 de
euros».
A pesar de que la Administración de la CARM y el
Responsable del Contrato (RC), conocían el incumplimiento de la Ley por los
informes de RTRM, según la denuncia, «hacen dejación clara y consciente de sus
funciones, al permitir a la empresa CBM-Secuoya esta vulneración continuada
durante nueve meses de los deberes de accesibilidad previstos en los apartados
2 y 3 del artículo 8 y en la Disposición transitoria quinta de la LGCA». El artículo 56 de la LGCA dice que «las Comunidades Autónomas ejercerán
las competencias de supervisión, control y protección activa para garantizar el
cumplimiento de lo previsto en esta Ley y, en su caso, la potestad sancionadora
en relación con los servicios de comunicación audiovisual».
Responsabilidad de la
Administración y
recusación del responsable del contrato
recusación del responsable del contrato
La denuncia acusa a la Administración de la CARM de
tolerar todos los incumplimientos de CBM-Secuoya,
favoreciendo los interés privados y perjudicando a las arcas públicas y al
interés general. «Si tenemos en cuenta
los perjuicios causados a consecuencia del elevado número de incumplimientos
contractuales y legales realizados por CBM-Secuoya y señalados en esta
denuncia, hay que preguntarse cuál es el motivo para que el Órgano de
contratación y el Responsable del Contrato, no hayan hecho absolutamente nada
para cumplir con su obligación y defender el interés público, incurriendo en un
posible fraude con un carácter presuntamente delictivo», dice la APARM.
La APARM pide la recusación del RC, Jesús Castaño
López, por tolerar todos los hechos denunciados: «dado que el actual Responsable del Contrato es parte implicada en la
presente denuncia, consideramos que no debe participar, como juez y parte, en
el procedimiento de tramitación de la misma, ya que es obvio que no se va a
denunciar a sí mismo por dejación de funciones».
Y añade: «También
conviene señalar que el hecho de que haya existido una permanente dejación de
funciones por parte de la Administración y el Responsable del Contrato, hasta
el punto de no iniciar ni un solo procedimiento de imposición de penalidades a
la empresa CBM-Secuoya por sus numerosos incumplimientos contractuales, no
exime de responsabilidad a dicha empresa». Ya que, como establecen los
pliegos de la licitación: «La realización
de las prestaciones objeto de este contrato se realizará por el concesionario a
su riesgo y ventura no pudiendo operar ninguna reducción o limitación de las
mismas por cualquier acontecimiento que limite o impida, total o parcialmente,
su ejecución». Además, la gestión
indirecta de la televisión pública por dicha empresa, incluye «la responsabilidad legal sobre todas las cuestiones
relacionadas con la ejecución de las obligaciones del servicio público
televisivo» Por tanto, CBM-Secuoya debe ser sancionada por
todos los incumplimientos contractuales".