Desde 2013 se
han transmitido a la Fiscalía Anticorrupción los casos de 47 operaciones
sospechosas, declaró Jaime Ponce, presidente del FROB, ante la comisión
de Economía del Congreso de los Diputados, la cámara baja del
Parlamento.
El Estado, a través del FROB, se ha constituido parte civil en 24 casos penales.
Las entidades
incriminadas son cajas de ahorro locales y regionales, entre ellas
Bancaja y Caja Madrid, cuya fusión con cinco más propició en 2010 la
creación de Bankia.
Se
les reprocha haber efectuado operaciones financieras que causaron
pérdidas sustanciales a los bancos, y en las que había indicios de
irregularidades, según explicó el FROB al lanzar una de las primeras
salvas de denuncias en 2014.
El Estado español desembolsó
un total de 58.900 millones de euros de fondos públicos para reflotar
el sector bancario, y de momento sólo ha recuperado 4.800 millones,
expuso Ponce ante la comisión parlamentaria.
Para
recuperar más dinero, Madrid se plantea fusionar Bankia con otro banco
nacionalizado durante la crisis, BMN, con la esperanza de aumentar el
valor bursátil del grupo y luego revender su participación.
En
2011, la cuasi quiebra de Bankia obligó al gobierno a nacionalizarla, y
precipitó un rescate europeo del sector bancario español, muy
fragilizado por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
El
nombre de Bankia está ligado a numerosos escándalos, desde su
desastrosa salida a bolsa en 2011 hasta un caso de desvío de fondos por
parte de sus directivos, por el que su ex director Rodrigo Rato, también
ex director gerente del FMI, comparece actualmente ante la justicia.
La CIC pide que se investigue a Fernández Ordóñez, Segura y Restoy
Por otra parte, la
Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación
popular en el caso Bankia, ha solicitado que declaren como
investigados el gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, el subgobernador, Fernando Restoy, y el expresidente de la
CNMV, Julio Segura.
En un escrito la CIC señala que
estas declaraciones son pertinentes tras conocerse los correos
electrónicos remitidos por el inspector del Banco de España José Antonio
Casaus, que demuestran "el perfecto y cabal conocimiento que la
jefatura del Banco de España tenía sobre la verdadera situación
patrimonial de BFA-Bankia".
Asimismo, los correos al parecer han puesto en evidencia
"las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a
bolsa de la entidad, tanto a los titulares de subordinadas y preferentes
como a los propios accionistas y, finalmente, el quebranto al
contribuyente, que se llega a cifrar en 15.000 millones de euros".
Junto a ellos, la CIC solicita que comparezcan como
investigados, (lo que antes se conocía como imputados) el
exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui, el exdirector de
Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, Mariano Herrera y Pedro González,
todos los cuales ya han declarado anteriormente como testigos, así como
Pedro Comín, el superior de José Antonio Casaus en la labor de
inspección de Bankia.
En el escrito al juez de
la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga la salida a bolsa
de Bankia, la CIC, organización que preside Gonzalo Postigo, expone que
no hay razón para que se trate de forma distinta a los auditores de la
entidad, que ya han declarado como investigados, y a los funcionarios
del Banco de España y de la CNMV.
El titular del juzgado de Instrucción nº 4 ya
rechazó anteriormente la imputación de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y
de Fernando Restoy, una negativa ratificada esta semana por la sección
tercera de la Sala de lo Penal.
En esta ocasión, la CIC ha ampliado su petición a Julio
Segura, que presidía la CNMV en el momento de la salida a bolsa, en
julio de 2011, y, por lo tanto, "máximo responsable de la verificación
del cumplimiento de los requisitos de admisión a negociación oficial de
las acciones de Bankia, y de su inclusión en el mercado".
En los correos electrónicos remitidos por el Banco de España
al juez, fechados los días 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo de 2011,
apenas tres meses antes del debut bursátil, Casaus se mostraba
partidario de la salida a bolsa como banco único pero no después de
segregar Bankia de BFA, lo que en su opinión sería "el primer paso para
la nacionalización de las pérdidas, algo injusto".
También concluía que el Grupo BFA-Bankia no era viable "a
medio plazo con una estructura como la que tiene", y sobre la salida a
bolsa de Bankia en solitario opinaba que "es el primer paso para la
nacionalización de las pérdidas, algo injusto y contrario" al mandato
recibido.
Asimismo, sostenía que su viabilidad era cuestionable por
los "graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y
solvencia", además de por un gobierno interno "mejorable con unos
gestores desalineados entre sí y desacreditados ante el mercado, por su
marcado perfil político" y su "cuestionable honradez".
Estos cuatro correos no figuraban entre la documentación que
fue enviada por el Banco de España al juez a comienzos de septiembre,
por lo que la CIC requirió a Andreu para que los solicitara.
Una "sorprendente omisión", según el escrito de la CIC, que
hace dudar a esta acerca "del procedimiento seguido por el Banco de
España, máxime cuando los 'anexos' se hicieron llegar al juez sin la
firma de ningún responsable del organismo".
Por ello, la acusación popular solicita una nueva
declaración de Casaus, para contrastar su testimonio al tratarse del
"corresponsable o co-cabecera encargado de la supervisión sobre el
terreno".
Además, reclama la comparecencia de la jefa de la División
de Expedientes Sancionadores y Colaboración con los Órganos Judiciales,
María Ortega, para esclarecer el procedimiento seguido por el Banco de
España en el caso Bankia.
La CIC pide también que el Banco de España aporte todas las
comunicaciones remitidas y recibidas desde su dirección corporativa
entre Casaus, Comín y el resto de los miembros del Departamento de
Supervisión desde el 3 de diciembre de 2010 hasta el 18 de junio de
2012.