MURCIA.- La diputada regional de Podemos, María Ángeles García Navarro, se ha reunido con
el presidente de la Federación de Municipios para solicitar la creación
de un convenio que pueda reunir diversos criterios de actuación para
que sirvan de guía a los consistorios a la hora de trabajar con las
empresas suministradoras de agua, luz y gas.
El objetivo es, según ha explicado García Navarro, que exista un
documento, firmado por todos los ayuntamientos, para presentar ante el
gobierno regional y que éste también se adhiera, y conseguir "que las
empresas agilicen y colaboren ante los casos de núcleos familiares
vulnerables en riesgo de sufrir cortes de energía".
La creación de este convenio, supondría para la diputada de Podemos,
que "las compañías que se adscriban se comprometerán a ofrecer una
tarifa social, condonar la deuda acumulada y asegurar que los recursos
aportados por las compañías suministradoras han de cubrir un 50% del
coste de la pobreza energética".
Asimismo, impulsaría que los ayuntamientos contraten con las
eléctricas que han firmado este convenio contra la pobreza energética.
Sería, ha dicho María Ángeles García Navarro, "un nuevo acuerdo marco
para la contratación del suministro eléctrico que prevea obligaciones
contractuales en la atención, la reducción y la corresponsabilidad de
las eléctricas contra la pobreza energética".
La diputada, María Ángeles García Navarro ha querido incidir en que
está es la "mejor hoja de ruta" para garantizar el cumplimiento de la
Ley de Vivienda de la Región de Murcia, puesto que "los ayuntamientos
han de marcar el camino para el resto de administraciones a la hora de
responsabilizar a las eléctricas en la lucha contra la pobreza
energética".
Además, ha subrayado que en el convenio que propone Podemos, debe
quedar "muy claro" que las empresas suministradoras deben facilitar el
acceso al bono social u otras tarifas sociales y descuentos existentes
dirigidos a personas y familias en riesgo de corte eléctrico. También,
ha concluido García Navarro, "previo a un corte de suministro eléctrico,
la empresa suministradora solicitará a los Servicios Sociales
Municipales un informe para determinar si la persona o la unidad
familiar se encuentra en una situación de riesgo de exclusión
residencial de la ley".
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