Cuarenta y ocho horas después de hacerse público el informe del
Consejo de Estado en el que señala que la catástrofe del Yak 42 pudo
evitarse si el Ministerio de Defensa hubiera actuado de acuerdo con la
información que tenia sobre los aviones que hacían el transporte de
tropas españolas, el responsable de entonces de ese Ministerio, Federico
Trillo, sigue como titular de la embajada española en Londres, guarda
un absoluto silencio y no ha hecho ningún comentario a que sea la actual
Ministra María Dolores de Cospedal la que comparezca en el Parlamento.
Comparecencia para dar explicaciones sobre lo que es uno de los
mayores escándalos políticos dentro de las fuerzas armadas, hasta el
punto que años después, otro Ministro de Defensa, José Bono, tuvo que
presentarse en determinadas dependencias militares, romper una cerradura
de unos archivos, y hacerse con documentos sobre el Yak 42 que no
querían entregarle. Ajeno a todo como en sus viejos tiempos la actitud
de Trillo sigue siendo, como en otras ocasiones, un ¡Viva Honduras!,
como si nada de lo que está pasando fuese con él.
Así pues, las graves acusaciones del informe del Consejo de Estado
sobre el accidente del Yak 42 en el que murieron 62 militares españoles
que regresaban a España de una misión en Afganistán y que el Ministerio
de Defensa pudo haber evitado, se saldarán sin que nadie asuma ningún
tipo de responsabilidad política. Ni responsabilidad política, ni ningún
perdón a las familias de las víctimas por parte del ex Ministro de
Defensa de la época y actual embajador de España en Londres.
Frente a la petición unánime de la oposición del cese de Trillo como
embajador, sabiendo que desde el año pasado estaba previsto su relevo,
al cumplir los cuatro años en la embajada en el Reino Unido, y que los
nombramientos de nuevos embajadores han estado, paralizados por el
bloqueo político de la investidura y con el Gobierno en funciones, todo
quedará sin ninguna consecuencia política y con Trillo de letrado, nada
más y nada menos del Consejo de Estado, que es donde pensaba
reincorporarse tras su salida de embajador que estaba prevista para
después de la visita a Inglaterra de los Reyes de España, y que tuvo que
suspenderse por el bloqueo político en el que se encontraba el país.
Sería, según algunas fuentes, su incorporación a una plaza que ganó
por oposición, pero, en las actuales circunstancias, supondría otro
escándalo. Por otra parte, no se descarta incluso que Rajoy tuviese la
intención, hace unos meses de ofrecerle, de nuevo, la Presidencia de esa
Institución… Ofrecimiento que Trillo rechazó porque quería el puesto de
embajador en Londres.
Sorprende que los partidos políticos, que deberían tener esa
Información, se hayan limitado a pedir el cese de Trillo en Londres
cuando ya se había publicado que estaba a punto de ser relevado y no
solicitar en cambio, una comisión de investigación para delimitar esas
responsabilidades políticas que, de forma indudable, señala el informe
del Consejo de Estado del que el Presidente del Gobierno al ser
preguntado por los periodistas parecía no tener ni idea, ni siquiera de
que el Alto Organismo consultivo del Gobierno que preside el histórico
miembro del PP, Romay Beccaria, estaba investigando sobre un tema que
según Rajoy pertenecía ya al pasado porque habían transcurrido hacía
muchos años y ya se había juzgado.
En su informe el Consejo de Estado, del que además de Romay Beccaria
forman parte, entre otros, el ex ministro socialista Fernando Ledesma,
la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa de la Vega, Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón, el ex Jefe de la Casa Real Alberto Aza y
José Luis Manzanares, reconoce oficialmente por primera vez que en el
accidente hay una responsabilidad patrimonial del Estado en la mayor
catástrofe de la historia moderna del Ejercito español en tiempos de paz.
“Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían
permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en
el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras
palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a
la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber
despejado el riesgo que se corría”.
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