Los tres pies del gato / Ramón Cotarelo *

Esos tres apellidos perfilan las tribulaciones del presidente Rajoy: el ala conservadora, el panorama procesal y el conflicto catalán o, para decirlo más a la pata la llana, como suelen hacer los medios: la extrema derecha, la corrupción y el separatismo. Y las tres se retroalimentan. La extrema derecha percibe no una sino tres desvertebraciones de España y, por este camino, no atisba futuro para el país. 

 

Pero eso no es nuevo. En buena parte la corrupción se origina en la falta de confianza de los políticos en el país que gestionan y la corrupción viene de los tiempos de Aznar. A su vez, los catalanes, convencidos de tener los elementos necesarios para seguir su propio camino, así lo plantean, sacando buenos réditos de la confusión española actual y la evidente expectativa que esta situación suscita en Europa.

En esas circunstancias, el país tiene un presidente sin mayoría absoluta, zarandeado por la corrupción y con una endiablada crisis constitucional a cuenta del referéndum catalán de la que no tiene ni idea de cómo zafarse. Solo se visualizan los dos presidentes, el de España y el de Cataluña, repitiendo sus voluntades: "todo el mundo sabe que ese referéndum no va a celebrarse", reitera Rajoy. "El referéndum se celebrará, sí o sí" insiste Puigdemont "y será vinculante", añade. La situación es suspensiva, de donde viene el "suspense", hoy sustituido por "thriller".

Pero la cuestión, como siempre, es la confianza que, para afrontar esta delicada situación, ofrece Rajoy. Desde luego, oírlo no tranquiliza nada. En una conferencia en el Casino de Madrid (hasta en esto es la derecha fiel a su espíritu caciquil), el presidente ha amontonado su habitual sarta de particulares lugares comunes. Son particulares por ser muy suyos y son comunes porque los repite siempre, desde que tomó posesión, hace ya un contraplán quinquenal.

Rajoy es experto en comparecer para no decir nada. Y eso, cuando admite preguntas. Y eso, cuando no comparece en plasma. Sobre Aznar no tiene nada que decir, lógicamente. Cada cual es dueño de sus opiniones. Sobre el señor de cuyo nombre no quiero acordarme es cosa en los tribunales y tampoco hay nada que decir, más lógicamente aun. En cambio el presidente fue cumplidamente informado con dos horas de antelación del rotundo fracaso cosechado por el separatista catalán en Bruselas, razón por la cual barbotó eso de que le habían dado "lo que merece" sin saber que quizá "se lo merezca", pero aún no se lo habían dado. Lógica metedura de pata cuando se va por ahí sin saber lo que se dice.

Es sana opinión de la gente de sentido común, la gente previsible, como Rajoy, según asegura él mismo: "no hay que buscar tres pies al gato". 

Juego sucio

Entre otras cosas, la democracia es un juego sometido a reglas. El juego es limpio cuando las reglas se respetan. No lo es si no se respetan. Una de las reglas democráticas básicas es que los participantes en un debate público se identifiquen adecuadamente. Un encuentro en televisión de un par de horas, contemplado por cientos de miles, quizá millones, de ciudadanos es algo innegablemente público. 

 

Estos encuentros en los medios no pueden ser anónimos, como en las redes, en donde suele haber perfiles falsos. Y no pueden porque es faltar a otra regla básica del juego: la de igualdad de oportunidades. En el encuentro con el presidente Puigdemont este era él mismo, se representaba a sí mismo, no podía ser otro. Algunos de los intervinientes, en cambio, ocultaron sus adscripciones ideológicas, incluso militancia o pertenencia a unas u otras organizaciones, simulando ser ciudadanos normales, de a pie. De todas formas, parece que el presidente ha ganado de calle porque el juego sucio no paga.

Y, mientras se debate apasionadamente sobre el programa de preguntas a Puigdemont, en Bruselas se ponía en marcha otra operación de juego sucio. Ahora se trata de boicotear la presencia de Puigdemont, Junqueras y Romeva en el Parlamento Europeo a explicar el llamado procés.

Este tipo de encontronazos son frecuentes en los últimos tiempos. El ministerio de Asuntos Exteriores debe de tener un departamento exclusivamente dedicado a seguir la pista de la acción exterior de la Generalitat, que no parece descansar. Cada vez que detecta un acto montado por el Diplocat, comisiona al personal de la correspondiente embajada para que le pongan todos los inconvenientes que se puedan. Parte del servicio exterior del Estado se dedica a combatir en un conflicto interior.

Pero ahora el asunto se plantea en otros términos, más agudos y simbólicos. El eurodiputado del PP González Pons ha enviado una carta circular a los diputados del PP para que no vayan a la conferencia de los catalanes. Lo pide como correligionario y como amigo, insistiendo en que las reivindicaciones de los conferenciantes quebrantan la ley, la Constitución y el Estado de derecho en España. La verdad, resulta divertido que un dirigente de un partido fundado por un exministro de Franco hable con tanta unción del Rule of law y de la Constitución en contra de la cual votaron algunos dirigentes de esa militancia.

No debe dejarse de lado el hecho de que también el PSC ha manifestado su opinión contraria al acto de JxS en carta dirigida al órgano central del Partido Socialista Europeo, pero no piden a los demás diputados de su orientación que no asistan. Es una posición mucho más respetuosa que la del PP y no juego sucio.

¿En qué consiste el juego sucio? En el hecho de dificultar a los demás el ejercicio de sus derechos. Puigdemont, Junqueras y Romeva comparecen en una sala de una comisión del Parlamento dentro de unos trámites y procedimientos legales. No hay razón para prohibir la comparecencia, aunque el empeño por boicotearla deja entrever que, si pudieran, la prohibirían. En todo caso, el boicot es una especie de censura porque se presiona a otros para que no accedan a una información, pero no se ofrece sustituirla por otra.

Esa es la parte más claramente antidemocrática de este juego sucio. Si los representantes españoles del PP en el Parlamento Europeo quieren proteger a sus colegas de toda contaminación con discursos ilegales, anticonstitucionales y contrarios al imperio de la ley, lo que tienen que hacer no es impedir que se escuchen sino ofrecerse voluntarios para mantener un debate con quienes traen tan protervos designios. Eso sería, además, una clara muestra de respeto a la dignidad del Parlamento, órgano capaz de escuchar y ponderar todo tipo de reclamaciones políticas sin que venga nadie a darle permiso.

No sé si esa comparecencia podría convertirse sobre la marcha en un diálogo/debate entre las dos posiciones. Sería muy precipitado. Pero sí podría proponerse en serio por los canales oportunos para un futuro a corto plazo, inmediato, un nuevo encuentro en el Parlamento europeo entre representantes de la Generalitat y del Gobierno español. De ese modo, el gobierno español podría ejercer ese diálogo que pregona y hacerlo delante de un público muy interesado. Seguro que no habría problemas de asistencia.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED