Esta semana tendrá una gran actividad para Luis de Guindos. Este
mismo lunes el Tesoro Público presenta su estrategia de financiación
para el 2017, al día siguiente interviene en el Investors Day, dos días
más tarde, el miércoles, viaja a Londres para explicar a inversores y
representantes de las agencias de calificación Fitch y Moody's el buen
momento de la economía española.
Y
entre tanto ultima el Código de Buenas Prácticas, que ya anunció el
portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo el pasado 23 de
diciembre, para resolver el caso de las cláusulas suelo. Se
suma a ello el reinicio del juicio por el caso de las ‘tarjetas black’,
sobre cuyo caso sobrevuela su denuncia, con el que se reabre
oficialmente el viacrucis judicial que sufrirán este año un
numeroso grupo de ex banqueros españoles.
De toda la
apretada agenda del titular de Economía el proyecto que está
encontrando más dificultades es su Código de Buen Gobierno que
redacta de forma conjunta con el responsable de Justicia y en
negociaciones con el PSOE, para resolver de forma satisfactoria
el caso de los más de millón y medio de hipotecados que cuentan con
cláusula suelo abusiva y que puede suponer un desembolso de más de
4.000 millones para la banca, según las estimaciones del Banco de
España. La cifra suma un 25 % de los beneficios estimados para el
ejercicio del 2016.
Las dificultades de Economía, que quiere
sacar adelante el real decreto en el próximo consejo de ministros
del viernes 13, están tanto en el Congreso de los Diputados como entre
los banqueros. Y por supuesto entre las organizaciones de
consumidores que temen estar quedando en un segundo plano en todo
el proceso negociador.
El Gobierno quiere negociar sobre
todo con el PSOE, porque con su apoyo, como ha sucedido ya en el caso
del techo del gasto para este año, ya no necesita tener que hacer más
cesiones políticas al resto de grupo parlamentarios. Ni siquiera
a su socio Ciudadanos. De momento los socialistas proponen una
solución más sencilla que la planteada por De Guindos y que
facilite con rapidez la recuperación del dinero pagado de más
por los hipotecados con cláusulas abusivas.
A los bancos y
cajas afectados, y sobre todo a sus patronales que están tratando
de sacar cabeza en este asunto, no les acaba de gustar la propuesta de
los ministerios de Economía y Justicia. Inicialmente el Gobierno
quería fijar un código de libre adhesión que suponía la nulidad de
todas las cláusulas suelo de los contratos. Bancos y cajas tendrían
la obligación de revisar todos los contratos y ajustarlos así a la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sería una
catástrofe para la cuenta de resultados de las entidades
afectadas.
Quizás por ello, por la presión de la banca, el
proyecto ha cambiado drásticamente, lo que desagrada
sobremanera a las organizaciones de consumidores.
El nuevo
proyecto facilitaría a los bancos negociar caso a caso con los
afectados las condiciones para intentar llegar a un acuerdo. Los
afectados se verían en este caso más desasistidos al no conseguir
una propuesta de solución en grupo. Además, para reclamar, los
clientes tendrían previamente que tratar de lograr un acuerdo
extrajudicial antes de acudir a los tribunales. Para la banca que
cuenta con unos servicios jurídicos muy bien dotados, nutridos
de abogados del Estado, supondría una primera victoria de su lobby.
Pero
hay que esperar. El proyecto debe quedar ultimado en la reunión de
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para que el Consejo de
Ministro de su visto bueno el viernes.
Esta semana, pese a la
tranquilidad aparente que supone que no haya sesión alguna en el
Congreso de los Diputados, será muy activa. Sobre todo, en el ámbito
judicial. A la espera de conocer más detalles de la propuesta que
estudia el Gobierno para la que se espera sea la primera fusión
bancaria de 2017, se reinicia el caso de las tarjetas ‘black’.
Los
abogados defensores que aún no lo han hecho van a exponer sus
conclusiones. En las sesiones anteriores los letrados han
coincidido en señalar que nunca fueron conscientes de usar las visas
de modo irregular pues el modelo lo había implantado quien fue
presidente de la entidad, Jaime Terceiro. La naturaleza de las
tarjetas no habría variado durante la presidencia de su sucesor,
Miguel Blesa, y el caso nunca fue denunciado con anterioridad.
Jaime
Terceiro aprovechó su comparecencia del pasado 24 de octubre ante
la Audiencia Nacional para insistir en que bajo su mandato era
"inconcebible" un sistema de retribuciones para consejeros y
directivos mediante tarjetas opacas como las utilizadas durante
la presidencia de Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Terceiro reiteró hasta
la saciedad que en sus años las tarjetas eran exclusivamente para
gastos de representación y nunca se podían utilizar como un
sistema de retribución ni se podía obtener efectivo con ellas.
El
juicio que se reanuda este miércoles y jueves, proseguirá el 30 y
31 de enero. En caso de necesidad se habilitarían los días 1, 2 y 3
de febrero. A partir de entonces el juicio quedará visto para
sentencia. Será el primero de todos los que afectan al caso Bankia
por el que aumenta día a día el interés.
(*) Periodista
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