Tal como adelantaba este cronista (ver republica.com “El silencio de Trillo y el ¡Viva Honduras!”)
el, todavía, embajador en Londres y ex Ministro de Defensa Federico
Trillo, se incorporará, como letrado mayor al Consejo de Estado una vez
que, tal como estaba previsto desde hace un año, sea relevado de sus
responsabilidades diplomáticas en el Reino Unido, coincidiendo con los
cambios de más de setenta embajadas que estaban paralizados por el
bloqueo político y por las limitaciones en los nombramientos del
entonces Gobierno en funciones.
Ha sido el propio Trillo el que ha confirmado a la cadena Cope que
desde hace un año tiene previsto su incorporación a un puesto, el de
letrado del Consejo de Estado al que pertenece por oposición y, en el
que ha ido ascendiendo por antigüedad a letrado mayor, con la
consiguiente polémica, ya que ha sido precisamente el Consejo de Estado,
un órgano consultivo del Gobierno, el que ha desencadenado la primera
tormenta política del año.
Una tormenta de largo recorrido ya que, por primera vez, un organismo
oficial, señala al Ministerio de Defensa como responsable indirecto de
la catástrofe del Yak 42, en tanto, insiste, que por la Información que
tenía, se pudo haber evitado la tragedia de la muerte de 62 militares
que regresaban de Afganistán en un Yak 42, calificado por los expertos
como “avión basura”, que no debió utilizarse para el transporte de
tropas.
En la aparición de un informe secreto del Centro de Inteligencia
y Seguridad del Ejército (CISET) está la clave ya que, el 28 de abril
de 2003, casi un mes antes del accidente, advertía: “Se están corriendo
altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en
países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”,
informe que no se ha conocido, hasta ahora y que es decisivo para
delimitar responsabilidades.
Si ya de por sí el Informe del Consejo de Estado le ha creado un
grave problema al Presidente del Gobierno que ha querido obviarlo con el
argumento de que todo eso del Yak 42 sucedió hace mucho tiempo y que
judicialmente es un asunto cerrado, la incorporación de Trillo al
Consejo de Estado (¡Manda Huevos!), supone una anormalidad y un cierto
conflicto interno en la Alta Institución del Estado.
Sobre todo porque
el Alto Organismo, ha establecido indirectamente unas responsabilidades
políticas del ex Ministro de Defensa, responsabilidades que debieron ser
asumidas, en su momento, aunque solo fuesen por la forma en que fueron
identificados, incinerados y enterrados a toda prisa los cadáveres,
confundiendo identidades en una absoluta falta de respeto a víctimas y
familiares, en lo que fue, en su momento, un escándalo del cual no se
derivó ningún tipo de responsabilidad política, ni se transmitió, ningún
tipo de perdón a los familiares que, desde entonces, han venido
luchando sin descanso, para que se les diese algún tipo de satisfacción.
Trillo considera que su responsabilidad política por el accidente ya
quedó depurada con las elecciones de 2004, 2008 y 2011 -a las que
concurrió como cabeza de lista por la provincia de Alicante- y con sus
comparecencias en el Congreso de los Diputados. Trillo asegura que el
informe sobre el Yak 42 es falso, está manipulado y ha sido filtrado, a
pesar de ser secreto, “por los mismos de siempre”.
Preguntado sobre si
el exministro de Justicia con el PSOE y miembro del Consejo de Estado,
Fernando Ledesma, ha podido ser el autor de la filtración al periódico El País,
el medio que lo ha publicado, Trillo ha dicho que “Lejos de mí decir
eso” y que cómo va a pensar eso “de un consejero que ha sido ministro de
Justicia y está tan arraigado en la política de Castilla-La Mancha que
haya hecho algo así”.
“De ninguna manera, no puedo siquiera insinuarlo”,
ha respondido el embajador, quien, eso sí , cree que el Consejo de
Estado debería abrir una investigación para aclarar quién ha filtrado el
dictamen”.
De todos modos la cuestión no es quién o cómo se ha filtrado el informe,
sino las conclusiones de ese informe que fue solicitado por el Gobierno
para saber si patrimonialmente tenía alguna responsabilidad, y, del que
se han derivado graves consecuencias políticas con las que tendrán que
enfrentarse tanto el Gobierno, como la oposición…
(*) Periodista y economista
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