domingo, 29 de enero de 2017

El abogado Diego de Ramón presenta en la Fiscalía General una denuncia contra 'Iberdrola' por presunta manipulación

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón ha presentado en la Fiscalía General del Estado, con fecha 24 de enero, una denuncia contra Iberdrola en relación con la presunta manipulación de precios sobre el consumo energético, según han confirmado esta tarde fuentes de su propio bufete, al objeto de personarse como acusación popular en las diligencias que presumiblemente abrirá en breve la Audiencia Nacional.

Solo existe un antecedente de oficio de la Fiscalía General del Estado en vía civil. De Ramón pide ahora se abran diligencias de investigación contra Iberdrola, por presunto delito de manipulación de precios en el mercado de consumidores, y su repercusión en Bolsa, con beneficios. (art. 281,282 y 283 del Código Penal). Y ademas con antecedentes sancionadores (25 millones de euros de la CNMC). Esto sucedió en el año 2015 y anteriormente en el año 2009.

También por acción jurídica de este letrado murciano, en el año 1984, el 9 de octubre, se le abrió a la entónces Hidroeléctrica Española, (ahora Iberdrola) expediente sancionador por falta de colaboración tributaria municipal (la antigua tasa de palomillas) por utilizar el vuelo aéreo y subterráneo en suelo municipal, sin pagar la tasa dicha compañía, del 1,50 de la facturación de sus abonados en el término municipal de Murcia.

Este escrito de puesta en conocimiento de dicha Fiscalía tiene por objeto transformarlo en denuncia penal, con audiencia de este letrado para personarse como acusación popular.

Y lo hace en base a la obligación que impone el artículo 259, en relación con el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por haber presuntos indicios de clara implicación penal al existir antecedentes en el mismo sentido.

"Existen 25 millones de abonados a las compañías eléctricas, cotizan en Bolsa, y las sufren todos los usuarios consumidores de dicha energía con cortes eléctricos sobre hogares en situación de crisis, pobreza energética, sin poder abonar su consumo. Por ello pido esas pruebas en dicha pre denuncia, que realizo a nivel nacional", dice De Ramón.

El abogado murciano actúa tras tener noticia de que la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado había abierto de oficio en la Audiencia Nacional diligencias de investigación por la vía civil contra Iberdrola por las subidas continuas en 2016 de los recibos de luz a los consumidores y que De Ramón pide se transformen en diligencias penales para hacer posible su personación ante el juzgado que correspondiese por turno.

El letrado pide, además, que en caso de connivencia o consentimiento por parte de la Administración Pública competente, se depuren las correspondientes responsabilidades penales.

Que manifieste Iberdrola en cuantos de sus órganos de administración, empresas colaboradoras, asociadas o entidades dependientes en forma directa o indirecta se encuentran antiguos o ex miembros de la Administración Pública en sus órganos consultores o gestores.

Que se haga requerimiento a la Comisión Nacional de la Competencia para que informe si ha habido manipulación del precio de la tarifa eléctrica, de común acuerdo, por parte de las tres grandes empresas eléctricas.

Que se pida a la Intervención General del Estado informe económico sobre el análisis de repercusión de la subida del precio del petróleo en el coste de la producción de energía eléctrica y su derivación a los consumidores, con los impuestos estatales, autonómicos y locales que se repercutan, pero no así sobre los impuestos que, por los beneficios de la compañías eléctricas, directamente tengan ellas que asumir.

De Ramón recuerda en su escrito que existe un delito penal sobre la manipulación de mercados bursátiles y del mercado de los consumidores (artículos del Código Penal 281, 282 y 283) que conlleva penas de privación de libertad de 1 a 5 años, más multas económicas, además con posición dominante en un mercado de 25 millones de usuarios. Y con antecedentes de no menos de dos años sobre manipulación de precios de tarifas eléctricas.

Finalmente, este letrado hace mención en su escrito al antecedente, por estos mismo hechos en 2007 y 2015, que motivó la intervención punitiva de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) mediante una sanción de 25 millones de euros al intentar forzar la tarifa en cifra superior al 10% con un beneficio añadido de 21,5 millones de euros.

Por tanto solicita se traiga a la Fiscalía como medio de prueba de antecedentes ese expediente abierto por la CNMC a Iberdrola para que se someta a exámen de evaluación penal por su parte.

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