jueves, 5 de enero de 2017

El Gobierno prepara la reforma legal de las cajas rurales, como la de Fuente Álamo

MADRID.- La reforma de las cooperativas de crédito (como la murciana de Fuente Álamo) para adecuarlas a la nueva realidad del momento económico y financiero es un asunto pendiente del Ministerio de Economía y del Banco de España. Ambas partes querrían darle una solución, aunque se admite que hay problemas de índole política que dificultan hacerlo. Algunas cuestiones de buena gobernanza parecen absolutamente perentorias, recuerda hoy Expansión.

En las cooperativas de crédito, en su mayoría formadas por las cajas rurales, las aportaciones dinerarias, aunque tienen la consideración de capital en sentido estricto, suelen identificarse más como si se tratara de depósitos, lo que dificulta enormemente la asunción de pérdidas en caso de problemas derivados de la gestión.
En general, estas entidades han ido evolucionando hacia fórmulas de colaboración entre ellas de manera que pueden acceder a prestar servicios que de otra forma no podrían plantearse, pero siguen manteniendo su personalidad jurídica, lo que complica la adopción de medidas extraordinarias para situaciones también no normales.
Terminado el proceso de transformación de las cajas de ahorro en bancos, salvo la excepción representada por las dos pequeñas cajas de Ontenient y Pollensa, las autoridades económicas plantearon la necesidad de armonizar también el régimen de las cooperativas de crédito para proporcionarles una mayor estabilidad y un mejor funcionamiento.
En medios informados se pone el acento en dos cuestiones que, aunque no se ponga en marcha una reforma completa del sector, sí deberían abordarse lo antes posible:
1. La primera de ellas se refiere a que no importa el volumen de las aportaciones de cada uno de los socios de las cooperativas de crédito sino que todos tienen el mismo peso a la hora de la toma de decisiones. Ello dificulta su adopción, porque exige una mayoría muy cualificada de votos para poder aprobarlas.
2. La otra cuestión, muy ligada a la anterior, es la consideración que tienen las aportaciones de los socios que, aunque tienen la consideración de capital, y por lo tanto sujeto a posibles fluctuaciones y pérdidas en función de la marcha de la actividad del negocio, se perciben en muchos casos como si se tratara de depósitos, lo que complica la aceptación de una posible asunción de pérdidas.
Con la modificación de estos aspectos, quedarías claro que las aportaciones de los socios lo serían bajo la consideración de capital y que éste sea el definitorio a la hora de establecer el sistema de votación y de representatividad.
En la pasada legislatura se intentó, pero la persistencia de la crisis financiera por un lado y el temor a posibles consecuencias políticas en los procesos electorales por otro hizo que el proyecto quedara arrumbado en algún cajón administrativo.
En una de sus últimas comparecencias públicas, el exsubgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, señaló como una tarea pendiente del nuevo Gobierno la transformación normativa de las cooperativas de crédito.
Pero no está claro que vaya a ser posible afrontarla en la nueva legislatura. "Si el anterior gobierno que gozaba de una amplia mayoría absoluta no lo hizo, parece muy difícil que el actual, que necesita varios apoyos para poder tomar decisiones normativas, lo vaya a conseguir". Y es que el mundo cooperativo, aunque no se percibe como algo muy sólido e implantado, tiene una fuerza considerable desde el punto de vista organizativo y de movilización de una parte importante del electorado.
Por eso, aunque se considera prioritario, es difícil que se vaya a poner en marcha.

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