CARTAGENA.- ANSE ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que deniega su personación en el expediente sancionador abierto el pasado mes de agosto por la realización de obras sin autorización en Puertomayor (La Manga-Mar Menor).
La Asociación de Naturalistas del Sureste presentó
denuncia ante la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia
Civil, por la realización de obras de corte de las tablestacas del
puerto, y ante las dudas del objetivo de dichos trabajos, al desconocer
si la empresa pretendía retirar parte de los materiales o consolidar lo
construido hasta el momento, como se anunció en diversas noticias.
El
director de ANSE informó también al mismo Director General de Puertos
personalmente, mediante conversación telefónica, sobre las obras
desarrolladas y sobre el interés de la asociación en la apertura de un
expediente sancionador a la empresa responsable.
Entre otras
justificaciones, la Comunidad Autónoma argumenta que “para considerar a
ANSE como interesado en este procedimiento sancionador, debe justificar
un interés legítimo colectivo.
En el presente supuesto, ANSE no acredita
cuál es el interés legítimo colectivo derivado de las consecuencias
posibles de la sanción que pudiere imponerse”. Por otra parte, la
Comunidad argumenta igualmente que “La Ley, en cuanto a la legitimación
para recurrir las sanciones, sólo la atribuye al infractor sancionado”.
La
Asociación considera que la Comunidad Autónoma ha infringido con esta
denegación el Convenio de Aarhus, sobre Acceso a la Información, la
Participación del público en la toma de decisiones y el Acceso a la
justicia en materia de medio ambiente, la Ley 27/2006, por la que se
regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y las
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.
Como ha reconocido la misma
Comunidad Europea en las consideraciones de propuesta de Directiva de
Protección del Medio Ambiente, “la no aplicación del Derecho
medioambiental se debe con demasiada frecuencia a que la capacidad
procesal para recurrir se limita a las personas directamente afectadas
por la infracción.
De ahí que una forma de mejorar la aplicación sea
garantizar que las asociaciones representativas de protección del medio
ambiente tengan acceso a los procedimientos administrativos o judiciales
de medio ambiente. La experiencia práctica adquirida en el
reconocimiento de la capacidad procesal de las organizaciones no
gubernamentales de medio ambiente demuestra que ha servido para reforzar
la aplicación del Derecho medioambiental".
ANSE viene trabajando
de manera ininterrumpida desde antes de 2005 para lograr en primer lugar
la paralización de las obras de Puertomayor, y posteriormente para
conseguir la restauración ambiental de los arenales de la Caleta del
Estacio para un uso público responsable. La asociación se ha personado
en todos los expedientes administrativos y judiciales relacionados con
esta obra que el Gobierno de la Comunidad Autónoma nunca debió de haber
permitido y apoyado.
La Asociación lamenta la actitud de los
responsables de la Consejería de Fomento al dificultar los procesos de
participación independiente, y su empeño en seguir favoreciendo en el
entorno del Mar Menor aquellas infraestructuras que solamente
contribuyen a un mayor deterioro de los pocos enclaves que han
sobrevivido al desarrollo urbanístico excesivo, incluso en dominio
público, y a una mayor masificación de los espacios naturales
protegidos.
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