MADRID.- El Gobierno y las comunidades autónomas
llegarán a la Conferencia de Presidentes de la semana que viene con
varios de los diez acuerdos planteados cerrados tras la segunda reunión
preparatoria, celebrada nuevamente con la ausencia de
Cataluña y del País Vasco.
Entre ellos destacan la supresión de las tasas de reposición para las ofertas de empleo,
lo que permitirá a las autonomías convocar nuevas oposiciones y no sólo
contratar en los casos en que deba sustituir a un trabajador, y los acuerdos sobre la dependencia.
Los consejeros del ramo y vicepresidentes de las comunidades
autónomas se han reunido con el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta el Gobierno y ministra de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de
Santamaría, para ultimar los acuerdos que se llevarán a la Conferencia
de Presidentes de la próxima semana.
Uno de los puntos acordados, y que ha contado con la aceptación del departamento de Montoro, es la supresión de las tasas de reposición para las ofertas de empleo en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
En este acuerdo de supresión de tasas se ha incluido como novedad a los
Servicios de Emergencias, algo que les ha parecido “adecuado” a los
consejeros.
La medida había sido planteada por Castilla-La Mancha, cuyo
vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, defendió que “no tiene
coste presupuestario y por lo tanto no incide en las reglas de gasto o
de déficit”.
Otra de las novedades tiene que ver con el acuerdo que permitirá impulsar la reforma de la financiación autonómica (y en paralelo la de la administración local) a partir del mismo martes.
Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos, menos Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, acordarán la creación en un mes de un grupo de expertos elegidos por la administración central y por las autonómicas para estudiar cómo ha funcionado el modelo vigente entre los años 2009 y 2013 y sentar las bases del que le suceda.
Cuando acabe el trabajo de los expertos y los técnicos, el ministro Cristóbal Montoro y las comunidades darán los retoques oportunos en el mismo Consejo de Política Fiscal y enviarán el proyecto al Congreso, pues la reforma de la financiación autonómica es una Ley Orgánica y necesita mayoría absoluta parlamentaria.
En rueda de prensa, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha destacado la importancia de marcar el comienzo del proceso, pero no se ha aventurado en plazos.
Durante esa negociación, dure lo que dure, el Gobierno y las autonomías analizarán cómo costear el sistema de Dependencia.
Según fuentes presentes en la reunión, a iniciativa de Extremadura,
con el apoyo de los demás gobiernos socialistas, se ha acordado aportar una novedad aceptada por el Ejecutivo: la nueva financiación debe tener en cuenta el gasto en dependencia.
Pero cómo se tendrá en cuenta no está claro. Fernández de Moya ha
abogado por tratar no sólo “en exclusiva” la inversión en este pilar del
estado de bienestar, sino por abordar en conjunto todos los gastos que
se derivan de políticas sociales, por ejemplo el acceso a la vivienda o
la discapacidad.
Porque, ha añadido, “los servicios públicos esenciales, además de la
dependencia, engloban otras políticas que incluyen un gasto público que
debe contenerse en el nuevo modelo; no se trata de excluir, sino de
tener en cuenta otras”. En esta consideración, ha dicho, han expresado
este miércoles su acuerdo todas las comunidades.
Las autonomías socialistas pretenden que en la nueva financiación se
asuma un reparto equitativo de lo que cuesta la dependencia, de modo que
se garantice la financiación de ésta al 50 por ciento entre
administración central y administraciones territoriales, pero el
Gobierno quiere ampliar este ámbito a otras políticas sociales.
Los acuerdos cerrados incluyen:
- Un pacto por la Educación que tenga en cuenta las aportaciones de
los gobiernos autonómicos a través de una sesión de la Comisión de
Comunidades Autónomas del Senado.
- Implantar una tarjeta social que recoja las ayudas que reciben los ciudadanos de cada administración.
- Que las comunidades participen más en estrategias europeas.
- Crear antes del 31 de marzo una Comisión Nacional de Protección
Civil con representantes del Gobierno y de las comunidades para mejorar
la coordinación ante catástrofes naturales.
- La Conferencia de Presidentes tendrá periodicidad anual y sus
acuerdos contarán con el seguimiento de la Comisión de Comunidades
Autónomas del Senado.
Sobre este punto, el secretario de Estado de Administración
Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, ha precisado que la sesión del
martes comenzará a las 9.00 horas con “un café” presidido por el Rey,
seguirá con una serie de intervenciones de Rajoy (10 minutos) y de los
demás presidentes (7-10 minutos), incluirá un “almuerzo distendido” y se
cerrará, por la tarde, con el debate sobre los acuerdos.
Asimismo, los consensos por cerrar este jueves, además de lo relativo a la financiación autonómica, son:
- Redactar una Estrategia Nacional sobre desequilibrios demográficos
este año, que abogará por mejorar el acceso a los fondos europeos.
- Reforzar la unidad de mercado.
- Apostar por la movilidad geográfica de los funcionarios y acabar
con la tasa de reposición actual en servicios básicos y servicios de
emergencia.
- Promoción del bono social.
El Gobierno, representado en la reunión por Soraya Sáenz de
Santamaría y por Cristóbal Montoro, ha agradecido a las comunidades su
tono y voluntad de colaboración, y a diferencia de la primera sesión
preparatoria del 21 de diciembre, no se ha hablado en esta ocasión de
las ausencias de Cataluña y de Euskadi.
No obstante, ambas tendrán toda la documentación que genere la Conferencia de Presidentes.
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