MURCIA.- Óscar Urralburu, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, tras reunirse con
representantes sindicales de la administración pública regional, ha
afirmado que la falta de carrera profesional en la función pública
provoca que los trabajadores de la administración "tengan como única
manera de mejorar sus condiciones el caer bien en las redes clientelares
del PP o al director general de turno". Por ello, el Grupo
Parlamentario Podemos, desarrollará un texto parecido al aprobado en la
Comunidad Valenciana, para presentarlo en la Cámara.
Urralburu se ha reunido con representantes de la sección
sindical en la función pública de Comisiones Obreras. Tras el encuentro
ha señalado que hay un "empeoramiento en las condiciones de los
trabajadores de la Administración, como el SMS, en Educación o dentro de
la propia función pública" y para evitar la "toxicidad que se produce
en estos entornos laborales" se debe legislar para que se den
"requisitos justos de acceso a la carrera profesional, se mejoren las
condiciones para la negociación colectiva y se garantice la prevención
de la salud laboral".
Ejemplo de esta situación son los agentes medioambientales. El
portavoz de Podemos en la Asamblea ha recordado que la consejera de
Medio Ambiente se comprometió en la Cámara en el mes de julio a crear
una brigada de nueve agentes medioambientales "para el control de la
contaminación en el Mar Menor".
Martínez-Cachá, ha añadido Urralburu,
"ha faltado a su palabra y además, deja a estos agentes en una
situación muy precaria. La plantilla envejece, no realizan sustituciones
ni tienen funciones definidas, incluso les quitan las atribuciones
propias. Sufren falta de recursos materiales y económicos".
Esta es una manera, ha dicho el portavoz parlamentario de Podemos,
"de desrregular la protección del medio ambiente y abrir la puerta a que
haya más desmanes como los del Mar Menor. Por tanto, nos comprometemos a
trabajar para que sus funciones y condiciones laborales estén regulados
por ley".
Asimismo, Óscar Urralburu ha asegurado que el ICREF, la entidad
pública de Crédito, "vive una situación similar". Como ha explicado
Urralburu, no está sujeto al derecho público administrativo ni a los
protocolos de control que se les exigen al resto de Administraciones
públicas y a los organismos autónomos.
Por ello, como ha subrayado el portavoz de Podemos en la Asamblea,
"hay una irregularidad en la manera en la que está constituido. Como
instituto de crédito oficial de la Administración debería regirse por el
derecho público y controlado desde el ámbito parlamentario. Lo que
exigimos desde Podemos camina en esta dirección, en que el ICREF se
convierta por ley en organismo público para garantizar tanto sus
funciones como la protección laboral de sus trabajadores".
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