MÁLAGA.- La incomparecencia del abogado del exalcalde de Marbella Julián
Muñoz, Eduardo Zuleta, ha obligado a suspender el juicio que se iba a
celebrar hoy contra el exregidor y el exasesor urbanístico del
Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca, por malversación de caudales y
prevaricación.
Tras una deliberación de media hora, el presidente del tribunal ha
decidido suspender el juicio para preservar todas las garantías
fundamentales y no causar indefensión a Julián Muñoz ni al resto de las
partes personadas en el procedimiento. Antes de suspender el juicio, el
magistrado ha advertido de que en caso de que no se justifique en un
plazo no superior a los cinco días los motivos por los que no ha acudido
el letrado, se tramitará un expediente disciplinario de sanción.
Fuentes judiciales han indicado que, al parecer, el letrado está
enfermo, pero no ha presentado, hasta el momento, un certificado médico.
La vista oral ha quedado fijada para el 29, 30, 31 de mayo y 1 de
junio, si bien el presidente de la Sala ha pedido al resto de abogados
que comprueben en un plazo de tres días si no tienen señalado en esas
fechas otros juicios.
Pese a que Roca está en prisión, hoy ha acudido a la Ciudad de la
Justicia sin escolta policial tras una autorización de Instituciones
Penitencias que le ha permitido no ser conducido por las fuerzas de
Seguridad del Estado, la primera vez desde su ingreso en prisión. El
pasado mayo el tribunal que juzgó el caso Malaya acordó la acumulación
de condenas firmes y la refundición de las penas impuestas hasta el
momento y fijó la pena máxima que deberá cumplir Roca en 20 años, que es
el máximo legal establecido.
Muñoz y Roca se enfrentan a una petición fiscal de siete años y medio
de prisión cada uno por supuestas irregularidades urbanísticas a través
de la firma de dos convenios con la sociedad Lorcrimar. Según el
escrito acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido
acceso Efe, debido a dichos convenios hubo un perjuicio económico de
2,84 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella.
Anticorrupción mantiene que desde que el fallecido Jesús Gil ganó las
elecciones en 1991 dejó de firmar documentos para no comprometerse en
las ilegalidades que se sucederían, y los responsables municipales
gestionaron el patrimonio público "en su propio beneficio y lucro
personal". Roca, desde Planeamiento 2000, era "el verdadero gestor del
hecho en el Ayuntamiento en materia urbanística" y controló la práctica
totalidad de los convenios que modificaban el planeamiento existente
para incorporarlos a la revisión del PGOU de 1986, señala la Fiscalía.
El fiscal afirma que se rodeó de un equipo que elaboraba los
documentos con el que negociaba arbitrariamente comprometiendo el
patrimonio municipal y que Roca negoció en su propio interés con el
suelo de Marbella y acordó la entrega de bienes municipales como pago de
presuntas deudas en los convenios en los que se alteraban los
parámetros existentes, favoreciendo a terceros o a sí mismo.
El control de Roca necesitaba el concurso y ratificación formal de
sus decisiones, pero, según el fiscal, no tuvo problemas ya que
"compraba la voluntad de los concejales" con un sistema de pagos en
metálico. Todos los implicados creían tener la coartada y se sentían
"impunes": el alcalde, porque no firmaba nada y el alcalde accidental,
que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad de lo que le
ponían a la firma.
Por su parte, el gerente, que no tenía ni cargo ni título para
gestionar las competencias, y los concejales, que firmaban ajenos a las
ilegalidades porque ellos no entendían de urbanismo, indica la Fiscalía.
Y los empresarios creían "que la entrega de dinero era necesaria para
trabajar con los ayuntamientos, el de Marbella, y probablemente de la
mayoría de municipios", pero dicho dinero les aseguraba altos
porcentajes y márgenes de beneficio.
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