Años en que España ha estado gobernada en todos sus niveles por presuntos delincuentes que poco a poco van dejando de ser "presuntos" para convertirse en ladrones sin más. Una situación de escándalo permanente a la que se ha llegado porque, a base de financiarse ilegalmente, el PP ha ganado elecciones que, en realidad, habría que considerar nulas.
Sin
embargo Mariano Rajoy, representante de esta cuadrilla de facinerosos y a
su vez acusado de llevar años cobrando sobresueldos ilegales de la caja
B del partido, afirma que la corrupción quedó atrás, cuando la lleva él
pegada a sus zapatos, y que es su gobierno el que más ha luchado contra
ella, cuando es el que la ha amparado y protegido.
Contra la corrupción lucha y sigue luchando ejemplarmente el pueblo rumano
que ha obligado al gobierno a retirar el decreto que pretendía poner en
la calle a cientos de corruptos encarcelados. Ha sido el resultado de
manifestaciones multitudinarias y permanentes que ahora tratan de
conseguir también la dimisión del gobierno socialdemócrata por su
complicidad con la corrupción.
¿Podría
pasar algo similar en esta país, gobernado por un partido corrupto con
multitud de dirigentes bajo sospecha, acusados o condenados por
corrupción? Seguro que no por el grado de resignación apática de la
población y la complicidad de los partidos de la oposición según
sosteníamos en otro post, cómo hemos llegado a esto.
Al contrario, lo que cabe esperar de un gobierno del PP es que en poco
tiempo indulte a los delincuentes condenados, como tiene por costumbre.
Forma parte de su modus operandi, para dar seguridad a los
malhechores en sus filas: "vosotros robad que luego os indultamos". La
mafia es siempre solidaria y el partido gobernante en España es lo más
parecido a la mafia.
Precisamente para evitar esta práctica, el Congreso estudiará una proposición de ley del grupo socialista que prohibirá los indultos a los delincuentes por corrupción y violencia machista.
Todos los grupos parlamentarios apoyan la idea con la que, sin duda,
simpatiza la gente en general. Luego llega la letra pequeña: para que se
note bien la voluntad regeneracionista de los gobernantes peperos ayer
mismo el gobierno indultaba a seis funcionarios del ayuntamiento de Rota condenados por prevaricación. Innecesario decir nada más.
En
realidad, lo que el PP ha establecido en España, ya desde los tiempos
de Aznar, es un gobierno de rapiña y expolio por partida doble que
también ha tocado al PSOE: a) en el orden colectivo, la política
neoliberal ha consistido en privatizar todas las empresas que se ha
podido (energéticas, telecomunicaciones, etc.) para entregárselas a los
amigos quienes, a su vez, supieron recompensar a los políticos
privatizadores con suculentos salarios, como el propio Aznar, González y
una recua de aprovechados que se han forrado a costa de los
contribuyentes y los clientes de las empresas.
También han
descapitalizado y destruido los servicios públicos no privatizados
(singularmente sanidad y educación) para que se lucren otros amigos o
ellos mismos; b) en el orden individual, barra libre para que los
cargos, militantes y allegados del PP (o del PSOE en Andalucía) roben a
manos llenas, malversen, prevariquen y se enriquezcan también a cuenta
del contribuyente.
A veces ambos órdenes están entremezclados. Algo de eso hay en la imputación de la cúpula del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
¿O no eran estos, especialmente el ínclito MAFO, los que remachaban de
continuo la doctrina neoliberal de congelar o recortar salarios,
subvenciones y vetajas del Estado del bienestar; los que con salarios
estratosféricos pedían que no se aumentara el salario mínimo? En qué
medida también se beneficiaron de los presuntos delitos de Bankia
personalmente es algo que ahora tendremos ocasión de averiguar, gracias a
la reapertura de un proceso que otras instancias judiciales, más afines
al PP, intentaron bloquear.
Dos
imputaciones más esperan en puertas, aparte, por supuesto, de las que
seguirán cayendo porque, con el PP, España es un país gobernado por
delincuentes presuntos o sin presumir. Un país en el que un hombre como
Rato pudo ser vicepresidente del gobierno y, mientras se enriquecía al
parecer ilegalmente, cultivaba el mito de ser "el milagro español" es,
literalmente, un país gobernado por ladrones. Las dos imputaciones que
aguardan son las del presidente del PP de Murcia y la del alcalde
también del PP de Brunete. Pero vendrán más, muchas más. Y eso que
todavía no hemos hablado de la parte que toca a la Iglesia católica en
este desbarajuste.
Pero
aquí no dimite nadie, empezando por el presidente del gobierno,
principal responsable y presunto beneficiario y cómplice de esta
realidad de robo, saqueo y corrupción que es hoy España.
Zafarrancho de combate
El
Congreso de fin de semana del PP, a diferencia del de Podemos, venía
marcado por el signo de la unidad. Por si esta fuera poca, se reforzó
señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde el comienzo se entonó el himno de la igualdad de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.
Para
la encendida arenga final de Rajoy quedó recordar la obligación
universal de acatar y obedecer la ley (la que estableció su partido
legislando arbitrariamente merced a su mayoría absoluta). Se añade
magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso es algo que
también deben decidir todos los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos
contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre serán una
minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un asunto
de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de
un referéndum.
Nada
nuevo, ciertamente. Un discurso para levantar ánimos entre los suyos y
cerrar filas. Pero con un lenguaje duro, casi provocativo, como
diciendo: “independentistas, aquí no se mueve nada”. Lo resumía con
inefable silogismo la vicepresidenta hace unos días: “no habrá
referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente de
sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los
miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que
militaban también algunos que votaron contra esa misma Constitución.
Dureza
e intransigencia que denotan espíritu de confrontación. Tras dejar
claro que no hay negociación posible (porque con la soberanía del pueblo
español no se mercadea), se cavan trincheras y se toman posiciones en
zafarrancho de combate. Por si acaso, los intelectuales y juristas
orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al empleo de la
legislación de excepción sin más dilaciones.
Hasta
la oferta de “diálogo” que encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser
una apuesta retórica ha sufrido una nueva rebaja. Sáenz de Santamaría
parece entender el diálogo en asuntos meramente administrativos con las
autoridades locales, dado que de asuntos de soberanía no cabe hablar. Es
obvio: un cierre de posiciones a la espera de la reacción del bloque
independentista.
Para
avivar más el conflicto, el Estado mantiene la política de
judicialización y no está dispuesto a paralizar la política represiva.
Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción jurídica un proceso
que es eminentemente político, como quedó suficientemente demostrado en
las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega, caracterizadas
por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como político
será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece
ser la nueva orientación en esta línea del frente.
Basta con ver a
quién han propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un
ultraconservador, miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del
PP en el Congreso. Nadie puede pensar en serio que esta cacicada
contribuya a restablecer los inexistentes prestigio y autoridad del
Tribunal Constitucional, cada vez más claramente concebido como un
órgano político dirigido contra el independentismo catalán.
Es
de prever que, dentro de la lógica de la confrontación, la cerrada
negativa del gobierno, alentará las posiciones de los sectores más
radicales del independentismo, que pedirán adelantar la convocatoria del
referéndum. Responder al zafarrancho con otro zafarrancho, una
posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese
espíritu habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del Día de la radio, de que bien pronto se escuchará por este medio la
proclamación de la independencia de Cataluña.
La legitimidad de la hoja de ruta es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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