En Estados Unidos, como en toda democracia de libertades – sea
presidencialista (como es el caso) o parlamentaria – todos los poderes
del Estado están definidos y limitados por ley. También los del Jefe del
Estado. Y aunque las leyes se crean desde el Poder Legislativo, el
Poder Ejecutivo es también fuente de normas puntuales, los Decretos,
como facultades que la Constitución asigna a las competencias del
Gobierno.
Esta noción elementalísima del funcionamiento del poder político
conviene traerla a cuento al hilo del monumental escándalo montado por
el presidente Donald Trump, con su Decreto sobre los derechos
de Migración de nacionales de siete Estados con mayoría musulmana a los
que la actual Administración Republicana quiso vetarles la entrada en la
patria de las barras y estrellas.
Sólo un personaje de tan patente
incultura democrática, tan ajeno a los mecanismos de un Estado de
Derecho como el que ahora ocupa la Casa Blanca, podía incurrir en
síndrome tan completo de incompetencia técnico-política: al no dotarse
de juristas en su equipo de gobierno, para que le asesorasen al
embarcarse en su Decreto migratorio y para que se callara, ahorrándole
el ridículo, ante el recurso de James Robart, el juez de Seattle,
primero de otros actores y anuncio de eventuales otras acciones en tal
género de desmanes Presidenciales.
La derrota judicial del veto migratorio abunda en la hipótesis de que
el Gobierno del magnate abra un ciclo de reiteraciones en otros ámbitos
temáticos de la crónica del populismo trumpista. Que llevaría a una
judicialización de la vida política estadounidense en términos
desconocidos hasta ahora. La patológica aversión de Trump – espontánea
por su incultura – a la independencia de los jueces, le lleva a entender
como a entender como impropios “obstáculos” a su política los límites
del ordenamiento jurídico. Sobre todo el de la propia Constitución.
Así, desde tal óptica, antepone Trump el califictivo de “supuesto” al
juez Robart, que vetó el decreto contra migrantes, y se dirige a la
Corte de Apelaciones para que rescate el decreto contra el fondo de
civilización en que se apoya la Carta Magna: todo un monumento jurídico
hecho por migrantes huidos de la persecución religiosa en Inglaterra.
El choque de trenes entre esta inédita Casa Blanca y la Constitución
que pauta sus poderes, puede llegar al Tribunal Supremo, dónde primaria
el voto tradicionalista del último de los magistrados incorporados.
Por cierto, este movimiento crítico se ha practicado a instancias de
Trump. Se diría que no sabe qué se hace, por ser este nuevo Magistrado
del T.S.
(*) Periodista y abogado
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