jueves, 16 de febrero de 2017

El caso PAS es ya el caso Fiscalía / Ángel Montiel *

Resulta que había truco. Que la decisión de Anticorrupción no era deductiva, sino política. Que el órgano superior de la Fiscalía, elegido y controlado por el Gobierno, se impuso a las profesionales que investigaban el caso, ordenándoles que renunciaran a la acusación, según les corresponde, y que, por el contrario, apoyaran un argumentario que implícitamente confirmara la labor de la defensa. Cosa que no hicieron, por lo que fue necesaria su suplantación efectiva por la instancia superior. Las fiscales que conocían el caso y encontraban en él elementos de sospecha quedaron relegadas por obediencia disciplinaria. 

Es decir, por la intromisión política del Gobierno, digámoslo claro, en su instrucción técnica. 

No hay mal que por bien no venga. De este modo, el caso PAS en lo que se refiere a la operación Púnica ha pasado a ser el ´caso de la Fiscalía del Estado´. Lo del presidente murciano es una anécdota frente al hecho evidente de que el Gobierno de la nación, en esta etapa presidido por Mariano Rajoy, utiliza a dicha Fiscalía a conveniencia de sus intereses políticos, incluso condicionando el conocimiento directo de las causas que instruyen, junto al juez correspondiente, los profesionales del llamado Ministerio Público. A la vista va quedando que este término, Ministerio, es muy adecuado, pues al fiscal general sólo le falta tener una silla en el Consejo de Ministros, como la que disponen los titulares de Agricultura, Fomento y el resto de la compañía. 
Es una pena, pues hasta tener conocimiento de la irrupción del Gobierno de Rajoy en la instrucción judicial del caso Púnica en lo que afecta a PAS todavía había elementos para considerar una posibilidad de escape del presidente murciano, atendiendo al hecho inequívoco de que, por una u otra razón, nunca estampó su firma en un contrato tras las conversaciones propias y de miembros de su equipo con los ofertante de las trama. Pero la evidencia de que la Fiscalía General se ha interesado en su apoyo, incluso con un exceso de exhibición, y contra el criterio de los profesionales que manejaban los datos del caso, traslada una penosa impresión que deprime hasta a quienes estuvieran dispuestos a pasar por alto los ´pequeños detalles´ de caso. 

El enredo es tan herva que hasta el propio presidente, urgido por sus ansiedades, ha desvelado con su precipitación informativa, las confidencias que alguien del Gobierno o de la propia Fiscalía le adelantó para tranquilizarlo. Lo peor es que esa inicial ´transparencia´ no se corresponde ahora con la negativa a desvelar las ´fuentes oficiales´ por las que pudo tener acceso previo a la ´ayuda´ que (es legítimo entenderlo así) Génova le prestaría, en correspondencia con la ´mano en el fuego´ que implícitamente adelantó Cospedal en su defensa, una actitud que ahora entendemos que mantuviera en su momento a sabiendas de que la Fiscalía General estaba convenientemente persuadida. 

Vistas las consecuencias de todo esto, PAS debería enviar un mensaje de móvil a alguien, a quien sea que él sepa que se lo debe enviar, con el siguiente texto: «Por favor, no me ayudes tanto». Toda intromisión en la Justicia acaba en chapuza, más tarde o más temprano. La trascendencia fatal de este dislate es que cuando llegue al TSJ el auto del juez Velasco los magistrados encargados de estudiarlo ya no podrán archivarlo atendiendo a que la Fiscalía ha renunciado a la acusación, como inicialmente habíamos valorado (Un tibio sol tras la tormenta) sino que tendrán que estudiarlo con más atención para evitar convertirse ellos también en instrumentos indirectos de la manipulación que promueve el Gobierno, añadiendo además el componente de la sospecha de que el aparato del Estado se haya interpuesto con tan poca finura en un caso que, si hubiera sido considerado con normalidad, podría haber sido resuelto sin escándalo de una u otra manera. 

La Fiscalía General del Estado, por mucho que dependa del Gobierno, no puede ser el coño de la Bernarda. Ya resulta sospechoso que, contra la reciente nota de prensa de Anticorrupción para ´salvar a PAS´ no emitiera en su día un comunicado aclaratorio equivalente cuando Vicente Martínez Pujalte visitó su sede en las previas a la atención al caso Novo Carthago por el Supremo, en el que la negativa a la imputación de Pilar Barreiro constituía un cortafuegos esencial para que no cundieran las acusaciones contra Valcárcel y otros miembros de su Gobierno. 

En fin, que en política la peor manera de ganar un juicio consiste en perder a la vez la credibilidad. Mucho peor si ésta se pierde antes del propio juicio.


(*) Columnista





http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/02/16/caso-pas-caso-fiscalia/806346.html 


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