El drama de la izquierda / Ramón Cotarelo *

Salta a a la vista. Ni separadas ni unidas tienen verdaderas perspectivas las izquierdas. Es cierto que unidas sobre los porcentajes del CIS llegarían al 40,3% y superarían al PP. Pero, a su vez, estarían por debajo del posible 45,4% de una unión PP-C's que ya se da de hecho. 

Así se refleja la realidad en los descarnados números. Si luego nos adentramos más en las cuestiones ideológicas, los dos partidos de la izquierda están desgarrados cada uno por un conflicto interno que no les deja prosperar.

Podemos es la vieja izquierda de inspiración comunista, repentinamente rejuvenecida por una forma audaz y revolucionaria de empleo de los medios, tanto los audiovisuales clásicos como las redes. Esta presencia mediática tan potente fue arrolladora en un primer momento y luego se ha acabado convirtiendo en un handicap por sobreexposición desde muy diversos puntos de vista que aquí solo cabe mencionar de pasada: saturación de imágenes y consignas, sobre todo si se reiteran y no se renuevan, confusión de mensajes incluso contradictorios, luchas por la notoriedad, etc.

La expectativa generada al principio de constituirse en una nueva izquierda por encima de las dos tradicionales comunista/socialdemócrata se truncaría amargamente en las elecciones de 20 de diciembre de 2015 y se convertiría en parón y cuenta atrás cuando Podemos se fundió en el abrazo de la muerte con IU en las elecciones del 26J de 2016 y tampoco consiguió el sorpasso, al que había sacrificado todo, incluso su supervivencia. Podemos tenía un techo de cristal. Unidos Podemos, también. Está por ver qué suceda en el Congreso de Vistalegre II, aunque probablemente la bronca se mantendrá y, si el partido no se escinde, arrastrará una existencia sobresaltada pero irrelevante mientras retorna a las cuotas electorales que tenía IU en tiempos de Anguita.

En el PSOE las cosas no pintan mejor sino quizá peor. Tanto que, precisamente, una de las esperanzas de Podemos es que los socialistas no se recuperen. A lo mejor no es preciso esperar el anhelado sorpasso sino que la divina providencia lo procura consiguiendo que en el PSOE las distintas corrientes se entrematen. No siendo esto así, la batahola actualmente en marcha en el partido del viejo Pablo Iglesias está siendo muy animada y, al darse en gran medida también a través de las redes, muy participativa. La maniobra de los golpistas del 1º de octubre: conspiración palaciega, defenestración del SG y constitución de una comisión gestora pertenecía al mundo analógico de las partidas de dominó en el casino, más que al digital de comunicación universal. 

En realidad, esta pugna apunta a una cuestión de fondo, estratégica, del socialismo, un enfrentamiento entre una idea de partido dinástico, fiel a los principios de la Constitución de 1978 en su interpretación más restrictiva en el aspecto territorial y otra de un partido que recoja la tradición socialdemócrata de izquierda y se ofrezca como eje para articular una posible unidad de la izquierda. Esa es la apuesta de fondo: un partido que quiere conservar el sistema como está (y al que se acusa de connivencia con el PP) y otro que quiere reformarlo sustancialmente, aunque sin romperlo. 

Según interpreta El País, el electorado valora esta actitud sensata del PSOE y la premia, de lo que el diario se siente muy feliz porque coincide con su línea editorial. La posibilidad de una victoria de Pedro Sánchez en las primarias pone de los nervios al establishment político-mediático. Tanto que, desconfiando (con holgada razón) de la capacidad de Susana Díaz y/o Patxi López de frenar el "ciclón" Sánchez, los más inquietos anden buscando un cuarto nombre en el que confiar.

Los índices de popularidad son muy dignos de considerar. Siempre he dicho que es la parte más valiosa de las encuestas pues es donde los encuestados se sueltan más, dicen la verdad porque les es cómodo y es más fácil opinar sobre personas que sobre ideas. Por eso siempre me ha llamado mucho la atención la distancia que media entre la entrega de los medios a Pablo Iglesias y la baja consideración en que la gente lo tiene, a diferencia de los suyos que lo adoran. Literalmente. Y en la valoración popular está por debajo de Rajoy.

 

La justicia del enemigo

                                                                                                             

El juicio a Mas es clara y fundamentalmente político. También tiene una base jurídica que, aunque discutida, es la única que podría darle cierta legitimidad. Las tres personas encausadas (Mas, Rigau, Ortega) lo son por cuatro supuestos delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La desobediencia al Tribunal Constitucional es aquí lo más importante. Pero no es este el que puede substanciarla porque, cuando se cometió el presunto delito, todavía no se había aprobado la reforma de la Ley Orgánica de dicho tribunal (2015) que lo convierte en tal, permite obligar al cumplimiento de sus decisiones y castigar la desobediencia.

El procedimiento se abre pues en la jurisdicción ordinaria con la querella que ordena presentar el Fiscal General del Estado el 21 de noviembre de 2014 por la celebración de la consulta del 9N de 2014 y en contra de la opinión unánime de la Junta de fiscales de Cataluña, con su Fiscal Jefe a la cabeza. Una clara imposición política –concretamente, gubernativa- a cuenta de la dependencia jerárquica de la Fiscalía. Y una injerencia más del ejecutivo del PP en los procedimientos judiciales. Su prueba evidente es esa reforma de la Ley Orgánica del TC, que el PP hizo aprobar por el procedimiento de urgencia, sin consulta al Consejo de Estado y con la presencia del señor Albiol, que no era ni diputado, amparado en  la mayoría absoluta de que disfrutaba su partido en la legislatura anterior.

Quede para otro momento la consideración de la oportunidad o inoportunidad de la reforma. Ciertamente, se trata de un punto más en el largo sendero de desprestigio y descrédito del TC que hace años funciona en la práctica como un instrumento del PP, sobre todo a cuenta de Cataluña. Y es esta obsesión del Estado español por disfrazar de legalidad sus decisiones frente al independentismo catalán la que va a caracterizar el desarrollo de este proceso en el Tribunal Superior de Justicia catalán, como se han encargado de evidenciar las distintas partes concernidas y que en su primera sesión ya ha acumulado suficientes indicios de su índole política.

Efectivamente, el independentismo, ha hecho bandera de la vertiente reivindicativa de este proceso, lo ha convertido en un clamor de protesta al interpretarlo como un ataque a los derechos de los catalanes y las competencias de sus órganos representativos. La marcha multitudinaria de los acusados hasta el tribunal tiene el valor de un acto simbólico en el proceso para la fabricación de una leyenda y un martirologio. Nada alimenta más las reivindicaciones nacionalistas ni la unidad de sus partidarios que la experiencia de sentirse atacados por un enemigo común.

Porque si la politización del acto por los acusados fue evidente y hasta desafiante, no menos lo fue la de los acusadores. La animadversión del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos hacia el expresidente de la Generalitat fue patente cuando interrumpió la declaración de este para recriminarle desabridamente que formulara preguntas cuando solo es un acusado. Sin embargo, Mas no había hecho tal cosa sino que había recurrido a una figura retórica, llamada erotema, esto es, una pregunta que no espera respuesta, pero que sirve para afianzar su razonamiento, lo cual es totalmente lícito.

Este proceso está rodeado de todo tipo de recursos políticos mejor o peor intencionados. Durante el fin de semana se produjo un nuevo operativo del Guardia Civil en contra de la presunta trama del 3 por ciento que se saldó con la puesta en libertad de los detenidos, quienes ya anuncian posibles querellas por detención ilegal. La coincidencia de fechas podría tratar de proyectar la sombra de la corrupción sobre el proceso político que se abrió el lunes. De hecho, es frecuente que los medios españoles deslicen la sospecha de que el juicio a Mas no es por su independentismo y su presunta desobediencia sino por la trama de corrupción del tres por ciento. Una insinuación tan cargada de mala idea como las interpretaciones de que los más de 40.000 asistentes a la marcha de Mas al Tribunal (según la Guardia Urbana) no eran espontáneos, sino que estaba movilizados por las autoridades catalanas.

La politización de la causa se hace más evidente cuando se observa que en lugar privilegiado, inmediatamente detrás de Mas y “chupando cámara”, como dice la prensa, estaba sentada una persona que es cargo público de la FAES, destacada activista unionista con una ideología de extrema derecha y a la que, por razones todavía sin explicar, se permitió hacer lo que los mossos d’Escuadra impedían hacer a los demás asistentes, por ejemplo, fotos de dentro a fuera del edificio.

Sustituir el diálogo y la negociación políticos por la acción de los tribunales para resolver problemas eminentemente políticos es un dislate al que es muy aficionado el autoritarismo español. Su inevitable resultado será legitimar la causa independentista y ganarle más apoyos sociales al tiempo que las instancias judiciales españolas hacen el ridículo. Sobre todo en la esfera internacional.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED