Es una fatalidad que sea precisamente hoy, en pleno cuestionamiento
de la función de la Fiscalía General del Estado, cuando se dé a conocer
la sentencia sobre el caso de la infanta Cristina y de su socio Iñaki
Urdangarin. Es probable que el presidente murciano, Pedro Antonio
Sánchez, hubiera deseado que el previsible enjuague al que asistiremos
esta mañana se hubiera producido en otro momento, más que nada para
evitar inevitables paralelismos, tal y como en las últimas fechas han
evolucionado las cosas.
El fiscal del caso infanta acabó
convertido en un improvisado abogado defensor del icono monárquico con
cuya imagen el marido plebeyo se embolsaba los millones de euros que les
permitieron a ambos destrozar un palacete señorial de Barcelona para
convertirlo en un pretencioso chalé hortera de clase media venida
mágicamente a más.
Horrach, junto al ´constitucionalista´ Roca Junyent,
amigo de papá, han jugado una papel deliciosamente expresivo para
convertir a la infanta lista en la infanta tonta, con tanto éxito como
hoy comprobaremos, gracias sobre todo a la colaboración de la
interfecta, dispuesta a pasar por lela antes que por choriza y esquivar
así el determinismo histórico borbónico, del que se libra, de momento,
su hermano, el rey, a pesar de las amistades peligrosas de los
compiyoguis de su engañosamente gélida esposa.
En un caso tan
evidente de apropiación por la cara de los recursos públicos para
disfrute privado del núcleo parasitario del entorno monárquico, la
Fiscalía, que debiera defender el interés de los ciudadanos impositores,
ha jugado a ojos vista y de manera esforzada, sin complejos, y con la
suficiente dosis de cinismo para anular todo rubor, a favor del Símbolo,
poniendo en evidencia que hay una Justicia especial, aparte de la
ordinaria, para las chicas listas que se hacen las tontas, género muy
nutrido en el poder y sus cercanías, por cierto: véanse las esposas de
Bárcenas o de Correa, por no aludir a la cosecha murciana, en la que
algunas es seguro que pretenden desconocer de donde sacan para tanto
como destacan, ya no sólo las esposas, sino en algún caso también las
hijas. La política es un territorio en que el machismo, aceptado y
exhibido, resulta económicamente productivo siempre gracias al bolsillo
de los administrados.
El tocomocho de la sentencia de la infanta
que hoy se conocerá es una elaboración de la Fiscalía, anunciado
incluso en declaraciones públicas por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. Para consumarlo tal vez se ha entendido que los
ciudadanos, aparte de las chanzas, memes y carnavaladas (estamos en
fecha) que vendrán, aceptarán el simulacro de Justicia por ´el bien del
Estado´, en la previsión juancarlista de que «nunca volverá a ocurrir», y
pelillos a la mar, empezamos de nuevo, fue un desliz, cosas del exceso
de confianza, consecuencia de una época, un fenómeno de crecimiento que
se nos fue de las manos, y tal y tal y tal, como diría el difunto.
Aceptemos que la sentencia sobre la infanta es ya un estropicio
amortizado.
El problema, a los efectos de la actualidad murciana,
que ya es actualidad nacional gracias precisamente a la Fiscalía del
Estado, es que este estamento no tiene fin, es insaciable, y no le basta
con la excepcionalidad consentida del caso infanta sino que mantiene su
vocación por la ingeniería jurídica en toda investigación de interés
para el Gobierno, dado que es ante el que responde por la procedencia de
los nombramientos.
En esto no hay disimulo, como ayer mismo se constató
en las declaraciones del propio ministro de Justicia, Rafael Catalá,
quien sobre la pieza que afecta a PAS en el caso Púnica, se preguntaba
retóricamente dónde está la verdad, si en el informe de las fiscales que
investigaron el asunto o en el criterio de sus jefes jerárquicos, para
concluir, claro, que en los jefes, que son curiosamente los que dependen
de él. En un país normal, si el caso PAS había pasado a ser el caso
Fiscalía, como apunté ayer, después de estas declaraciones, el caso
Fiscalía debiera pasar a ser el caso Catalá. Antes muertos que
sencillos; antes los falsos formulismos que liberar a la Justicia del
yugo político.
La inocencia de PAS en el caso Púnica brillaría
más con los argumentos que mantiene en su defensa que con el socorro
forzado del aparato fiscal del Estado, es decir, del Gobierno de sus
partido. Nadie en este país debiera querer ser una Infanta 2.
(*) Columnista
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