MADRID.- El PP ha eliminado de los Estatutos aprobados en su XVIII
Congreso Nacional que la "alarma social creada" sea uno de los
requisitos para suspender de su funciones a un cargo público afectado
por un caso de corrupción.
En el texto original de la ponencia coordinada por Fernando
Martínez-Maillo, se decía que "en casos de delito flagrante de
corrupción, el Comité de Derechos y Garantías a la vista de la gravedad
de los hechos y la alarma social creada podrá determinar la suspensión
de funciones o de militancia, lo que se acordará en función de las
circunstancias específicas de cada caso concreto".
El nuevo texto aprobado el pasado 10 de febrero en el
cónclave del PP recoge una redacción similar pero quita la expresión "la
alarma social creada", ciñendo únicamente la suspensión de funciones o
de afiliación a la "gravedad de los hechos".
Tras la muerte de Rita Barberá, el PP dió un paso atrás y volvió a recuperar
su tesis de que la apertura del juicio oral es el momento de apartar a
un cargo y asumir responsabilidades políticas, a pesar de que el pacto
de investidura suscrito a finales de agosto con Ciudadanos lo sitúa
expresamente en la imputación formal.
La apertura de juicio oral es la que defiende públicamente
el PP y es el criterio que esgrimió esta semana tras la imputación por
el 'caso Auditorio' del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez. A pesar de la presión de la oposición para que lo aparte,
Mariano Rajoy apeló a la "prudencia" alegando que la presunción de
inocencia no se puede "liquidar" y hay que ser "justos".
Una de las novedades de los Estatutos aprobados en este mismo mes febrero
es la creación de la llamada Oficina del Cargo Popular, que estará
formada por entre tres y cinco miembros que no desempeñen ningún cargo
público u orgánico dentro del PP. Su nombramiento -aún pendiente-- será
propuesta de Rajoy y deberán ser aprobados por el Comité Ejecutivo del
partido.
Entre sus funciones figura la de velar por el cumplimiento
del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del PP.
También se encargará de supervisar el cumplimiento de los "trámites y
requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en
representación del PP", aprobar un formulario homologado del resumen de
la declaración de IRPF y de patrimonio, y la gestión de los registros de
actividades y de bienes de los cargos del partido.
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