martes, 28 de febrero de 2017

Un ministro con un grave problema de credibilidad / Editorial de 'El Mundo'

Preservar la independencia del Ministerio Público es una de las principales obligaciones del ministro de Justicia. Sin embargo, prácticamente desde el inicio de la democracia ninguno de los gobiernos del PP y del PSOE ha evitado caer en la tentación de instrumentalizar la Fiscalía General del Estado, lo que constituye una gravísima anomalía en nuestro sistema democrático.

Las presiones que recibió la fiscal Consuelo Madrigal confirman que Rafael Catalá, siguiendo la estela de sus predecesores en el Ministerio de Justicia, ha incurrido también en injerencias inaceptables en la Fiscalía. Tal como reveló ayer El Mundo, el Gobierno sustituyó a Madrigal como Fiscal General del Estado tras comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos de los cambios en la cúpula de este órgano. 

Las presiones fueron planteadas por el propio Catalá en diversas reuniones y se centraron, especialmente, en los relevos en las jefaturas de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional. Catalá negó ayer cualquier tipo de imposición y recordó que los nombramientos de la Fiscalía los propone el propio Fiscal General oído el Consejo Fiscal y con un procedimiento "transparente y concreto". 

Este periódico se ratifica en lo publicado. El ministro de Justicia tenía previsto volver a proponer el nombramiento de Madrigal para la presente legislatura, pero fue precisamente el rechazo de ésta a aceptar sus sugerencias lo que propició que el Ejecutivo se decantara finalmente por José Manuel Maza. En sus conversaciones con Madrigal, el ministro respaldó expresamente la opción de Manuel Moix como fiscal Anticorrupción y presionó para intentar apartar a Javier Zaragoza -tras dos mandatos- de su puesto como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que ambos cambios se materializaron tras los nombramientos aprobados el miércoles en el Consejo Fiscal, encabezado por Maza. 

La conducta de Catalá supone un error político grave. Primero porque constituye una explícita vulneración de la autonomía de la Fiscalía General del Estado y, segundo, porque pone en evidencia el intervencionismo de los gobiernos de turno en los órganos de Justicia, uno de los males endémicos de la democracia española. La despolitización de la Justicia era un compromiso medular del PP antes de llegar al Gobierno. Pero cualquier iniciativa en esa dirección resulta absolutamente incompatible con tratar de condicionar la independencia del máximo responsable del Ministerio Fiscal. 

La revelaciones alrededor de las presiones ejercidas sobre Madrigal cobran aún más relevancia después del comunicado emitido el viernes por los 11 miembros del Consejo Fiscal. En su escrito, los vocales reprochan a Catalá su "injerencia" tras las desafortunadas declaraciones en las que el ministro cargó contra las fiscales del caso Púnica que pretendían actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y cuyo criterio fue desautorizado por el Ministerio Público. 

El pasado 15 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pidió la imputación de Sánchez por presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Inmediatamente después, la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación. Y el propio Sánchez se jactó de ello 48 horas antes de que se supiera que cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo eran partidarios de no investigarle. 

El desliz es especialmente grave teniendo en cuenta que Sánchez y Catalá mantuvieron un encuentro un día antes de que la Fiscalía del Estado impusiera a las fiscales no proseguir con la acusación al dirigente murciano. A ello hay que sumar que, tal como desveló este periódico, la Fiscalía también intervino para frenar la investigación del ex presidente de La Rioja, Pedro Sanz, por la construcción de un chalé en terrenos ilegales.

Así, las instrucciones políticas -improcedentes e inaceptables- a Madrigal, los casos de Murcia y La Rioja, y las acusaciones de purgas en la última renovación de fiscales han situado a Catalá en una posición muy delicada. 

El PSOE anunció que pedirá "responsabilidades" al Gobierno si no se despejan las "sospechas generalizadas" que penden sobre la Fiscalía. Mañana, durante su comparecencia parlamentaria, Maza tiene la oportunidad de disipar dudas. Pero es sobre todo Catalá quien debe ofrecer explicaciones completas y detalladas en el Congreso. Y no sólo con el fin de despejar cualquier sombra de sospecha sobre su proceder, sino porque está en juego la credibilidad de la Justicia.


No hay comentarios: