CARTAGENA.- Los únicos desarrollos urbanísticos previstos en todo el perímetro
del Mar Menor que pueden tener un efecto negativo están en el municipio
de Cartagena, y por tanto, son los socialistas quienes desde el
ayuntamiento pueden paralizarlos, ha afirmado el diputado popular Juan
Guillamón, para recodar seguidamente, que las competencias en materia de
Urbanismo residen en los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma tiene
una función exclusivamente de tutela.
El Partido Popular apoyará todas aquellas medidas y actuaciones que
contribuyan a la preservación del Mar Menor. Ya lo está haciendo el
Gobierno regional de una forma seria y rigurosa, un trabajo cuyos
resultados ya han empezado a ser palpables en el estado de la laguna, ha
explicado el diputado popular, pero no vamos a respaldar ocurrencias de
los socialistas con las que tratan de utilizar a la Asamblea Regional
como un instrumento para solucionar sus problemas de gobierno en el
ayuntamiento de Cartagena, ha añadido.
Juan Guillamón ha recordado que los socialistas simplemente tienen
que denegar la licencia o cambiar el planeamiento si quieren paralizar
los proyectos de Cala Reona, Huerta calesa y San Ginés de la Jara, el
problema es que su socio de gobierno, José López no quiere hacerlo, ha
dicho.
El diputado del PP en la Asamblea Regional ha recordado que los
ayuntamientos de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar se
han manifestado claramente en contra de la moratoria, porque la
consideran una injerencia clara en las competencias municipales. Y
apunta que se crea una inseguridad jurídica que lo único que hace es
ahuyentar a los inversores y perjudicar a cientos de pequeños
propietarios. En esta línea ha recordado los efectos negativos que tuvo
en Barcelona la suspensión de licencias hoteleras que aprobó la
alcaldesa, Ada Colau.
Guillamón no ha dejado pasar la oportunidad para recordar al Partido
Socialista la política urbanística que desarrolló en Los Alcázares con
decenas de urbanizaciones fantasma que provocaron numerosos vertidos al
Mar Menor ante la inexistencia de infraestructuras necesarias como las
depuradoras.
El diputadoregional popular ha advertido que una moratoria como la
que pide el PSOE pone en peligro incluso la ejecución de la ITI cuya
inversión es de 45 millones de euros. Y ha afirmado que la Comunidad
Autónoma dispone de los instrumentos legales suficientes para vigilar e
impedir que ningún ayuntamiento se exceda en sus competencias y tome
decisiones de carácter urbanístico que puedan perjudicar al Mar Menor.
Para Guillamón, el ladrillo no es hoy la principal amenaza para el
Mar Menor, existen otros condicionantes que afectan más a la laguna como
la navegación o la agricultura.
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