MURCIA.- El colectivo "Murcia Transparente Independiente" ha instado a instruir al presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, expediente disciplinario si no acata la Ley Regional de Transparencia, según un escrito dirigido días atrás al presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina Molina.
El presidente de dicha asociación civil, Francisco Torrano, estima que es obligación de dicho Consejo comunicar a Sánchez, en su calidad de presidente de la CARM, que a su situación es de aplicación lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia tras su reforma del pasado mes de mayo y que por consiguiente no debe permanecer en el cargo por motivos éticos y de buen gobierno y a fín de preservar el prestigio de la institución.
Este colectivo le dice a José Molina que debe comunicarle a Pedro Antonio Sánchez que, de no asumir dicha obligación, procederá la instrucción del expediente disciplinario correspondiente conforme lo dispuesto en dicha ley y demás normas aplicables que regulen el régimen jurídico de los altos cargos al servicio de la Administración Pública.
El artículo 54 de la Ley de Transparencia obliga a todo cargo electo, incurso en situación procesal de investigado por la supuesta comisión de delitos contemplados en los artículos 404 a 444 ó 472 a 509 del Código Penal, al entender que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las insttituciones.
El artículo 54.1 de la citada ley regional establece que son sujetos obligados los miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
El presidente de dicha asociación civil, Francisco Torrano, estima que es obligación de dicho Consejo comunicar a Sánchez, en su calidad de presidente de la CARM, que a su situación es de aplicación lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia tras su reforma del pasado mes de mayo y que por consiguiente no debe permanecer en el cargo por motivos éticos y de buen gobierno y a fín de preservar el prestigio de la institución.
Este colectivo le dice a José Molina que debe comunicarle a Pedro Antonio Sánchez que, de no asumir dicha obligación, procederá la instrucción del expediente disciplinario correspondiente conforme lo dispuesto en dicha ley y demás normas aplicables que regulen el régimen jurídico de los altos cargos al servicio de la Administración Pública.
El artículo 54 de la Ley de Transparencia obliga a todo cargo electo, incurso en situación procesal de investigado por la supuesta comisión de delitos contemplados en los artículos 404 a 444 ó 472 a 509 del Código Penal, al entender que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las insttituciones.
El artículo 54.1 de la citada ley regional establece que son sujetos obligados los miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
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