MURCIA.- El jefe del Ejecutivo regional, Pedro
Antonio Sánchez, se habría librado de la imputación por la mediación de
la Fiscalía General, ya que dos fiscales de la Púnica, las que llevaron
la investigación del caso directamente, estaban dispuestas a cargar
contra el líder murciano del PP por planear contratos con empresas de la
trama para mejorar su reputación personal con cargo a las arcas
públicas. Esa diferencia de criterio entre dos fiscales y la cúpula del
Ministerio Fiscal lo señala en su edición de este miércoles el diario El Mundo.
De hecho, en un documento oficial de la Fiscalía para dar a conocer su decisión sobre si se debía investigar a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez queda
patente que la decisión ha sido tomada por la Secretaría Técnica de
esta Fiscalía General y por los cuatro Fiscales de Sala Jefes de la
Sección de lo Penal del Tribunal Supremo. Algo que el propio Pedro
Antonio Sánchez y su equipo han resaltado a diferentes medios desde que
se conoció la postura de la Fiscalía.
El criterio de la Fiscalía en este caso es la respuesta a la petición del juez Eloy Velasco,
que el lunes redactaba un auto solicitando al Tribunal Superio de
Justicia (TSJ) que investigara a Pedro Antonio Sánchez por delitos de revelación de información reservada, fraude y cohecho. Paralelamente,
la Fiscalía Anticorrupción presentaba un informe a Velasco en el que se
oponía a que el magistrado elevara al TSJ la causa de Sánchez,
considerando que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque
los contratos con la trama Púnica no llegaron a formalizarse. Este es
el argumento que Pedro Antonio Sánchez afirma desde que comenzó la
investigación sobre el caso: que nunca se firmó nada.
Pero el juez y la Fiscalía difieren en
su criterio. El juez Velasco considera en su escrito que hay indicios de
que Pedro Antonio Sánchez tuvo la intención de firmar contratos con las
empresas de la trama para mejorar su reputación, unos contratos que,
supuestamente, se iban a cargar a una partida de Formación en la etapa de Pedro Antonio Sánchez como consejero de Educación.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad
y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas. No opina
lo mismo el Ministerio Público con respecto a Pilar Barreiro, para la
que sí ha pedido que se eleve el caso al Tribunal Supremo. Sobre la
senadora explica que sí que hay indicios de que pudo cometerse delito,
aunque señala, la dificultad de discernir en estos caso dada la "tenue
línea" que separa los contratos de publicidad institucional y los de
buena reputación política.
Velasco indica en su auto conocido el
lunes que los hechos ocurridos dentro de la trama Púnica podrían ser
constitutivos de delito y en el apartado 3 señala que en la Consejería
de Educación, cuando Pedro Antonio Sánchez, era su titular se produjo
durante 2014 "un concierto entre Alejandro de Pedro y el entonces
consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez (actual presidente
autonómico de la Región), para la realización de trabajos reputacionales
en Internet y redes sociales".
En esta etapa, Pedro Antonio Sánchez se postulaba para ser el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Región.
El
juez de la Audiencia Nacional en su auto indica que el presidente
podría ser acusado de cometer los delitos de fraude, cohecho y
revelación de información reservada.
En cuanto a Barreiro, en el
punto dos del auto, considera que con la ayuda para su ejecución de
Francisco de Asís Ferreño, jefe de gabinete, trabajaron para la creación
de un diario digital local, que se sufragaría con facturación al
Ayuntamiento de Cartagena, y tenía como propósito difundir informaciones
"con foto y por supuesto en positivo" favorables a la entonces
alcaldesa.
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