MADRID.- El informe de la Fiscalía Anticorrupción
contrario a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez,
en relación con la trama 'Púnica' siguió los criterios establecidos en
sendos informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría
General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales
de Sala del Tribunal Supremo, han informado fuentes fiscales que niegan
que pueda hablarse de una imposición del fiscal general, José Manuel
Maza.
Anticorrupción consultó antes de la emisión de su informe a
Maza en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Fiscal, que obliga a
los miembros de la Carrera a poner en su conocimiento "hechos relativos a
su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer".
Teniendo en cuenta la existencia de aforados en la pieza abierta en la Audiencia Nacional -en la que se investiga también a la senadora del PP Pilar Barreiro-, Maza actuó como han venido haciendo sus predecesores en casos similares y consultó su criterio sobre este caso tanto con la Secretaría General Técnica como con los fiscales de Sala del Supremo.
Todos ellos se posicionaron en contra de la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente autonómico en relación con contratos para mejorar su reputación 'on line'.
Los criterios adoptados por estos seis fiscales de Sala, que coinciden con los del propio Maza, fueron los vertidos por la fiscal jefe Anticorrupción en funciones Belén Suárez y remitida al Juzgado Central de Instrucción nº 6. Fuentes cercanas al caso han señalado que las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez sí veían motivos para imputar a Sánchez.
En el informe presentado, sin embargo, se argumenta que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse, que dicha falta de ejecución supone la inexistencia de delito. Además los hechos se produjeron antes de la última reforma penal que sanciona la proposición y conspiración para cometer delitos contra la Administración Pública.
Por otra parte, las mismas fuentes han señalado hoy que el fiscal general se pondrá a disposición del Congreso de los Diputados en el caso de que el PSOE, tal y como ha anunciado, pida su comparecencia para que explique si hubo "injerencias políticas" detrás del informe que remitió oponiéndose a investigar al presidente de Murcia. Añaden que tampoco existe ningún problema para remitir por escrito las explicaciones que se soliciten.
Distinta valoración le ha merecido a la Fiscalía la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.
Considera el informe de Anticorrupción que en este caso sí se debe elevar la investigación sobre la conducta de la senadora al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.
El informe de la Fiscalía incide en que la cuestión, en ambas solicitudes, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos.
Más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue, la Fiscalía Anticorrupción entiende que la participación de Pilar Barreiro en los hechos que se describen en la propuesta de Exposición Razonada aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados.
Teniendo en cuenta la existencia de aforados en la pieza abierta en la Audiencia Nacional -en la que se investiga también a la senadora del PP Pilar Barreiro-, Maza actuó como han venido haciendo sus predecesores en casos similares y consultó su criterio sobre este caso tanto con la Secretaría General Técnica como con los fiscales de Sala del Supremo.
Todos ellos se posicionaron en contra de la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente autonómico en relación con contratos para mejorar su reputación 'on line'.
Los criterios adoptados por estos seis fiscales de Sala, que coinciden con los del propio Maza, fueron los vertidos por la fiscal jefe Anticorrupción en funciones Belén Suárez y remitida al Juzgado Central de Instrucción nº 6. Fuentes cercanas al caso han señalado que las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez sí veían motivos para imputar a Sánchez.
En el informe presentado, sin embargo, se argumenta que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse, que dicha falta de ejecución supone la inexistencia de delito. Además los hechos se produjeron antes de la última reforma penal que sanciona la proposición y conspiración para cometer delitos contra la Administración Pública.
Por otra parte, las mismas fuentes han señalado hoy que el fiscal general se pondrá a disposición del Congreso de los Diputados en el caso de que el PSOE, tal y como ha anunciado, pida su comparecencia para que explique si hubo "injerencias políticas" detrás del informe que remitió oponiéndose a investigar al presidente de Murcia. Añaden que tampoco existe ningún problema para remitir por escrito las explicaciones que se soliciten.
Distinta valoración le ha merecido a la Fiscalía la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.
Considera el informe de Anticorrupción que en este caso sí se debe elevar la investigación sobre la conducta de la senadora al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.
El informe de la Fiscalía incide en que la cuestión, en ambas solicitudes, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos.
Más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue, la Fiscalía Anticorrupción entiende que la participación de Pilar Barreiro en los hechos que se describen en la propuesta de Exposición Razonada aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados.
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