MADRID.- El poder político popular cierra filas. Lejos de apuntarse al principio del respeto a las actuaciones de la Justicia en el caso que afecta al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, desde el Gobierno y desde el PP se ha optado por arremeter contra el criterio de las fiscales del caso Púnica,
que apostaban por la necesidad de investigar e imputar al dirigente
murciano por su intento de utilizar dinero público para mejorar su
imagen como candidato del Partido Popular para presidir su comunidad, publica hoy El Mundo.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abrió fuego frente a las representantes fiscales, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez,
cuyo criterio a favor de investigar al presidente murciano quedó
cercenado por orden del fiscal general del Estado a través de su Secretaría Técnica.
Catalá, ayer, arremetió contra ambas desacreditándolas, al
reprocharles en una entrevista la «anomalía» que cometen al negarse a
suscribir y firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción
en el que se apuesta por no imputar al presidente murciano. «Lo anómalo
es que no acaten el criterio de sus superiores», precisó. A ello añadió
la crítica de permitir que la discrepancia sea de «conocimiento
público».
Catalá argumentó que es habitual que, en una
institución regida por el principio de jerarquía como lo es la Fiscalía,
los superiores se pronuncien cuando los asuntos son de especial
relevancia bien para ratificarlos, bien para modificarlos. En el caso
que afecta al presidente popular de la Región de la Murcia, fue para
enmendarlo en toda regla.
En su opinión, las fiscales
discrepantes son las que tienen un «problema», puesto que sus superiores
no han respaldado su criterio. Catalá no dudó en situarse del lado de
la jefatura, pese a reconocer no estar al tanto de los detalles del
caso: «Yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en
los jefes, pero yo me pongo más del lado de los jefes», afirmó.
Este choque de pareceres que, en opinión del ministro de
Justicia, está definitivamente saldado con el pronunciamiento del fiscal
general a favor del dirigente del PP, no denota en ningún caso intento
alguno de «manipulación». «Así funciona siempre la Fiscalía», remachó
antes de señalar su propio criterio sobre el asunto. Para el ministro,
se trata de un intento de acusar a Pedro Antonio Sánchez sin fundamento,
puesto que el hoy presidente murciano nunca llegó a firmar contrato
alguno con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama
Púnica, para reforzar su imagen como candidato y pagar el servicio con
fondos públicos.
Desde las filas del PP se respaldó la misma posición. El portavoz parlamentario, Rafael Hernando,
tachó de «desproporcionadas» y «sectarias» las sospechas que suscita en
la oposición la actuación de la Fiscalía General, dirigida por José Manuel Maza.
En su opinión, responden exclusivamente a «intereses políticos»,
lógicamente en contra del PP, y son claramente «tendenciosas». Hernando
sorprendió al advertir de la posibilidad de que haya fiscales que
decidan «inventarse delitos que no existen en el Código Penal».
Entre
las fuerzas de la oposición, sin embargo, la actuación del fiscal
general en el caso de Pedro Antonio Sánchez ha suscitado muchas dudas
que, ayer, llegaron incluso a convertirse en alarma cuando se supo que algo parecido había sucedido en relación con el ex presidente de La Rioja, también del PP, y en la actualidad vicepresidente del Senado,
Pedro Sanz. Éste iba a ser imputado por prevaricación urbanística, pero
su imputación fue frenada desde la más alta instancia del Ministerio
Público y en contra del criterio original del fiscal del caso.
El PSOE,
el primero en reaccionar el pasado miércoles tras la publicación en El Mundo del caso murciano pidiendo la comparecencia en sede parlamentaria
del fiscal general, dio ayer un paso más registrando un escrito dirigido
a la Mesa del Congreso solicitando que la citada
presencia se realice con trámite de «urgencia». Para los socialistas, se
trata de un «escándalo» que genera «alarma social» y pone de manifiesto
la manipulación del Ministerio Público por parte del Gobierno para
proteger a altos cargos.
No es sólo el Grupo Socialista el que así opina. A lo largo de la mañana de ayer, Ciudadanos -partido que apoya al Gobierno regional tanto en Murcia como en La Rioja-, Unidos Podemos y Compromís solicitaron también la comparecencia de José Manuel Maza en el Congreso y en el Senado para
que aclare los criterios que emplea para perseguir la presunta
corrupción cuando ésta afecta a dirigentes del PP. Desde las filas de
Unidos Podemos se elevaba el tono al afirmar que todo apunta a que hay
«una mafia instalada en el Gobierno».
La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez,
tiene previsto, incluso, dirigir una pregunta sobre esta cuestión al
ministro Catalá en la sesión de control al Gobierno del próximo
miércoles, incidiendo en los reproches que ha lanzado contra las
fiscales del caso Púnica en Murcia.
Mientras,
las palabras de Rafael Catalá no tardaron en provocar el enfado de las
asociaciones de fiscales, que le exigieron respeto ante el Poder
Judicial e incluso pidieron su dimisión. Así, la Asociación de Fiscales
le advirtió de que no están dispuestos a tolerar que use el cargo que
ocupa para tomar partido ni dar su opinión sobre este tipo de
cuestiones, ya que puede dar «la falsa percepción de injerencia del
Poder Ejecutivo en el Judicial».
Es más, no pasaron por
alto recordarle que «la discrepancia en los dictámenes opera con
normalidad» dentro de la carrera por los cauces estatutariamente
establecidos, «sin que ello suponga crítica ni cuestionamiento del buen
hacer de los autores de los mismos».
Fue la Unión Progresista de Fiscales la que pidió la dimisión del ministro por «cuestionar» el trabajo de Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, en el marco del cual el juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco atribuye presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia.
Esta
asociación reprochó a Catalá haber actuado con «absoluto
desconocimiento de la ley» en lo que consideran una «intromisión
intolerable» del trabajo del Ministerio Público por parte del Gobierno.
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
(Apif) respondió al ministro afirmando que «lo anómalo debería ser que
cualquier fiscal de este país, como jurista de acreditada solvencia
profesional, no discutiera aquellas órdenes que entendiera por cualquier
motivo improcedentes». La asociación pidió también que, «con urgencia»,
el Consejo Fiscal -órgano que representa a la carrera- se reúna y
«ampare a las compañeras injustamente atacadas en los medios de
comunicación».
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