MADRID.- La Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez, publica hoy 'El Mundo'.
El informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacionaloponiéndose a pedir el suplicatorio contra el dirigente popular está firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y no por las fiscales del caso Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que sí rubrican el de la senadora del PP Pilar Barreiro,
según confirmaron fuentes jurídicas. El motivo es que las fiscales que
han llevado el día a día de la investigación que afecta a Sánchez
consideraban que había indicios para proceder contra él y contra la
parlamentaria, según las mismas fuentes.
En lo que afecta a Sánchez, el criterio de las fiscales chocó con el de sus superiores. Inmediatamente después de que el juez Eloy Velasco activara los trámites para pedir su imputación, la Fiscalía que dirige José Manuel Maza
informó de que se oponía a que el juez elaborase la llamada exposición
razonada. Se trata del escrito en el que se reúnen los indicios de
delito encontrados contra un aforado y que se remite al tribunal
competente para juzgarle, de manera que éste decida si le abre una
investigación. En el caso de Sánchez, sería el Tribunal Superior de Justicia de Murcia
el que, si así lo acuerda finalmente el juez, debería decidir si le
imputa por el uso de dinero público para reforzar su candidatura a
encabezar la lista del PP en la Comunidad.
El
recorrido interno que el asunto ha tenido en la Fiscalía era conocido
por el propio afectado. En una entrevista en la cadena Cope, Sánchez se
jactó ayer de que «cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» consideraron «que no se debe investigar». Precisamente, el Gobierno de Murcia informó, el mismo lunes, a los medios, por vía oficial, que la decisión del Ministerio Público fue «adoptada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro fiscales de Sala jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo».
Fuentes
de la Fiscalía restan relevancia a las discrepancias entre el criterio
del fiscal de un caso y lo que finalmente se decide desde la cúpula del
Ministerio Público. Explican que los asuntos de trascendencia se pasan
para su examen a la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al fiscal
general.
En este caso también se envió a los fiscales de Sala del
Supremo, el tribunal que se encargará en su caso de juzgar a la
senadora. La Fiscalía General resalta que en ambos ámbitos hubo
unanimidad a la hora de considerar que no había motivos para imputar al
presidente.
En su escrito, que ayer aún no se había
notificado a las partes, la Fiscalía no desmiente que el presidente
autonómico planeara gastar dinero público en la mejora de su imagen. Su
argumento para no seguir adelante contra Sánchez es que «no llegaron a
formalizarse contratos de publicidad» en su favor y que, por tanto, «no
se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas».
El
juez atribuye a Sánchez los presuntos delitos de fraude, cohecho y
revelación de información reservada. Los habría cometido en su etapa de
consejero de Educación, al amañar contratos de formación que servían
para pagar con dinero público «trabajos particulares reputacionales en
internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su
postulación como futuro presidente de la Región de Murcia».
Para ello se habría concertado con Alejandro de Pedro -uno de los principales imputados del caso Púnica-,
que manejaba numerosos medios de comunicación digitales con los que
obtenía buenos posicionamientos de sus clientes en internet.
La decisión del juez instructor sobre el presidente murciano tiene su origen en un informe de la Guardia Civil que explica que los servicios supuestamente contratados por Sánchez «tienen que ver con la reputación» del dirigente popular «y
no son prestaciones que respondan a una necesidad pública, sino al
interés personal del consejero para validar su gestión, contrarrestar
las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en
su carrera política».
Según los investigadores, los
pagos acordados entre Sánchez y De Pedro fueron de 4.600 euros al mes
durante siete meses. A la Guardia Civil le llamó la atención «que los
servicios se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, fecha
(24/05/2015) en la que se celebraron los comicios locales y regionales
en 2015». En total, un acuerdo por valor de 32.200 euros. El juez
considera que si los pagos no se llegaron a realizar fue porque antes
estalló la operación Púnica.
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