SAN JAVIER.- El exalcalde de San Javier José Hernández (PP), uno de los
investigados en un presunto caso de corrupción urbanística destapado
hace ahora más de seis años, podría ser detenido si no acude a declarar
como investigado el próximo 28 de marzo.
Así se recoge en un auto dictado por la magistrada del
Juzgado de Instrucción número uno de San Javier, que desestimó el
recurso de reforma que presentó su letrado contra la providencia del
pasado 17 de enero que lo llamó a declarar "con apercibimiento de
detención" si no cumplía esa orden.
Esa advertencia provocó la reacción del letrado defensor de
Hernández, José Antonio García, que negó que las incomparecencias
producidas con anterioridad fueran debidas a una actitud premeditada y
obstruccionista de aquel, sino, por el contrario, a deficiencias del
propio Juzgado instructor.
Ahora, la magistrada que investiga los hechos, María Soledad
Ruzafa, en la resolución que acaba de ser notificada a las partes, en
la que se desestima el recurso de reforma, indica que los supuestos
defectos expuestos por algunos letrados defensores no están
justificados.
Y añade que aunque los mismos existieran, como el referido
al foliado de la causa, los mismos no causarían indefensión alguna, ya
que el exalcalde conoce los hechos presuntamente delictivos que se le
atribuyen, ya que constan en el escrito que la Fiscalía Anticorrupción
de Murcia presentó hace ahora más de tres años.
En cuanto a lo alegado también por las defensas de que no
tuvieron acceso a toda la documentación contenida en las diligencias, la
magistrada dice que "solo con acudir al Juzgado" sería suficiente para
conocer su contenido íntegro.
El auto señala, por otra parte, que el recurso que se
desestima contó con la adhesión de otro de los investigados, el
empresario Santiago Martínez Esparza, al que defiende el letrado José
Pardo Geijo.
Tras el rechazo de los mismos, será ahora la Audiencia
Provincial de Murcia la que deba pronunciarse sobre el tema, ya que
también se presentó el recurso de apelación.
Hernández fue detenido por la Guardia Civil en junio de
2010, lo mismo que los empresarios Jaime Navarro y Antonio Sánchez,
además del ya citado Martínez Esparza.
En esta causa se investiga un presunto trato de favor de
José Hernández en su tiempo de alcalde de San Javier por el PP a las
empresas de los otros investigados con la presunta adjudicación de obra
pública y el supuesto beneficio que habría obtenido con ello.
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