MURCIA.- Dos de los investigados en la operación César, de presunta
corrupción en el tramo de las obras del AVE comprendido entre
Crevillente y Murcia, recusaron a la juez de esta última ciudad que
investiga los hechos al considerar que ha perdido su imparcialidad y que
retiene la causa sin justificación alguna.
Se trata del ingeniero agrónomo del Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela José Manuel Fernández Pujante y de su hermano, Antonio
José Fernández Pujante, señalados por otro de los investigados, el
subcontratista de las obras, Juan Ortín, como presuntos beneficiarios de
comisiones ilegales que él mismo habría entregado personalmente al
segundo.
En un recurso que su abogado defensor, el letrado Antonio
García Montes, entregó en el Juzgado de Instrucción se pide a su
titular, la magistrada Olga Reverte, que se inhiba en favor de los
Juzgados de Orihuela, por ser en esta población alicantina donde se
realizaron las obras de reposición de redes hidráulicas afectadas por el
trazado del AVE.
Sobre ese extremo, expone que en noviembre pasado admitió a
trámite la solicitud de inhibición planteada por el abogado defensor de
otro investigado, sin que lo haya resuelto todavía.
El escrito pide que, en caso de que la magistrada no se
desprenda de la causa de forma voluntaria, se tramite la recusación que
formalmente se contiene en el recurso.
El documento señala que la propia juez habría reconocido que
no era competente para seguir con la tramitación de la causa, en unos
comentarios que vertió momentos antes de tomar declaración a uno de los
investigados.
Esos supuestos comentarios, se dice en el escrito, habrían
sido escuchados por el letrado de los hermanos Fernández Pujante y por
los letrados de otros dos investigados.
Para el abogado García Montes, Reverte no debe seguir siendo
la instructora de las diligencias porque al mantener su competencia
sobre ellas ha perdido la imparcialidad al demostrar esa actitud "un
interés directo" en el proceso.
El recurso se refiere también a que la magistrada no atendió
la petición hecha de que ordene la transcripción de las declaraciones
prestadas en la causa.
Afirma el abogado que las partes tienen derecho a recibir
las declaraciones en papel, y no en vídeo, para lo que se acoge a lo
acordado por un pleno no jurisdiccional del pasado enero de los
magistrados de lo Penal de la Audiencia Provincial de Murcia en otro
asunto de presunta corrupción urbanística.
El recurso se queja de que la instructora bloquease las
cuentas bancarias de sus defendidos, en lugar de proceder a fijar la
cuantía que correspondiera para afrontar las responsabilidades civiles
que pudieran declararse en su día, lo que considera no está ajustado a
Derecho.
Para abundar en ese extremo, cita lo acordado por el
entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz respecto de Luis
Bárcenas, "del que solo acordó el bloqueo de sus cuentas 36 días después
de haberle exigido la previa prestación de fianza y únicamente para
impedir que pudiera trasladar capitales de un país a otro fuera de su
jurisdicción".
La operación César investiga si en las obras del AVE del
tramo citado pudo cometerse un fraude por un importe superior a los 9
millones de euros con la emisión de facturas falsas o con otras
infladas.
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