miércoles, 15 de marzo de 2017

Afectados británicos se querellan por estafa contra 'Justo y Manoli', la promotora de 'Camposol'


MAZARRÓN.- El letrado José Luis García Salar y la ONG Murcia Transparente son los impulsores de la primera acción legal conjunta de 73 propietarios que ejercen los residentes de la macrourbanización Camposol, muchas de cuyas viviendas están «en estado ruinoso» al haberse construido sobre la rambla de Los Aznares, según publica La Verdad en su edición digital.

Por presuntas irregularidades recogidas en la querella criminal, 73 británicos han presentado en los juzgados de Totana una acción contra la mercantil Justo y Manoli, por un supuesto delito continuado de estafa. 
El abogado aporta escrituras que demuestran que la promotora supuestamente se aprovechó del perfil de los compradores, jubilados británicos, que «desconocen casi todos el idioma español» y que cerraron contratos privados en esta «situación de ignorancia».  
«Cuando se les otorgó la escritura pública se les había inscrito algo bien distinto a lo establecido en el contrato». Valga como ejemplo que a pesar de que los inmuebles ya estaban construidos, a algunos compradores se les escrituró como «subparcela de tierra» y a otros como «parcela de tierra para edificar». 
Con este presunto 'modus operandi', según expone el abogado, «la querellada omitía todas las obligaciones urbanísticas al tiempo que obviaba también las obligaciones para con mis patrocinados: certificado final de obra, declaración de obra nueva, licencia de primera ocupación, constitución de seguro decenal».
El abogado concluye en La Verdad que la promotora actuó con «voracidad económica» por construir supuestamente de forma no acorde al planeamiento urbanístico; por canalizar la rambla sin permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura; por transmitir viviendas no declaradas; por comercializar casas sin posibilidad de legalización, sin cédula de habitabilidad, sin seguro decenal... 
La denuncia incluye pruebas como el decreto de alcaldía emitido en mayo de 2010, para multar a la promotora con 983.652 euros ante la «imposibilidad de legalizar las obras de construcción de 277 viviendas», de las 4.000 que tiene la macrourbanización.