LORCA.- Las personas mayores y sus problemáticas, tan ajenas por desgracia a
la política local, han sido hoy protagonistas de una iniciativa hecha
pública esta mañana por la concejal de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca y
a su vez responsable regional de IU-V en materia de Política Social,
Adoración Peñas.
La concejala lorquina registrará esta semana una Queja a la
Defensoría del Pueblo de España para exigir la recuperación de las pagas
extraordinarias por parte de los usuarios de las residencias de la
tercera edad en nuestra Región.
Adoración Peñas recuerda que esta
iniciativa, que parte de su formación en Lorca, ha sido desestimada por
el PP en nuestro Ayuntamiento, aunque si se ha estimado en otros
municipios como Totana, Águilas, Alhama de Murcia o Moratalla. Toda vez
que allí donde gobierna el PP con mayoría absoluta es imposible sacar
adelante esta propuesta, la concejala de IU-V ha optado por dar un paso
más y elevar el asunto a este Alto Comisionado para la defensa de los
derechos fundamentales.
Adoración Peñas recuerda que con el inicio de la crisis económica, el
Gobierno Regional, desde su lógica política e ideológica, adoptó un
paquete de medidas para hacer frente a la misma entre las que destacó,
por su importancia y efectos, la supresión de la paga extraordinaria de
diciembre de aquel año a los miles de funcionarios en nómina de la CARM.
Pero hubo otras medidas de ese paquete que pasaron más inadvertidas.
Una de ellas afectó a un colectivo tan vulnerable como el de las
personas mayores usuarias de las residencias de la tercera edad de la
Región, a las que a partir de ese momento se les empezó a incluir las
pagas extraordinarias que cobraban en la base de cálculo que determina
su aportación mensual como "precio público" a las residencias; una
aportación que, hasta entonces, sólo tenía en cuenta las doce pagas
ordinarias del año.
Como sabemos, recuerda Peñas, los funcionarios afectados por la
supresión de la paga extra de diciembre de 2012 han recuperado este
ingreso, y nosotros pretendemos que la recuperación de derechos que por
fin ha llegó a los funcionarios se extienda y amplíe al colectivo de las
personas mayores usuarios de las residencias de la tercera edad. Una
medida que podría afectar a más de 200 residentes de Lorca repartidos
entre las residencias de San Diego y CASER, y a cerca de 2.500 en el
conjunto de la Región de Murcia, usuarios de las residencias de mayores
(públicas o concertadas).
Lo sucedido en 2012 con los usuarios de las residencias de la tercera
edad de la Región de Murcia, afirma Peñas, contraviene de modo palmario
las disposiciones de la Constitución Española que en su artículo 50
dispone que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad".
Cabe recordar que este "robo
continuado" realizado a nuestras personas mayores desde 2012 emulaba una
iniciativa similar adoptada por el gobierno de la vecina comunidad de
Castilla-La Mancha, entonces presidido por la ahora ministra de Defensa
María Dolores de Cospedal.
A partir de entonces, recuerda Adoración Peñas, se estableció un
"agravio comparativo" respecto al resto de autonomías españolas, donde
las personas mayores, y aquellas con discapacidad que viven en una
residencia, disfrutan de sus pagas extras, lo que a todas luces vulnera
el artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad de todos
los españoles con independencia de donde residan.
Los usuarios de residencias y los familiares de los mismos denuncian
que con el dinero de las pagas extraordinarias se podían atender gastos
que no cubren sus plazas de residente, tales como seguros de decesos,
sillas de ruedas, vestido y calzado, prótesis o medicamentos que están
fuera del sistema sanitario.
La concejal de IU-V, ante el agravio social y territorial expuesto y
la negativa de los gobiernos del PP a repararlo, espera que la Defensora
del Pueblo de España admita a trámite esta queja y, tras realizar la
oportuna investigación, inste mediante Resolución al Consejo de Gobierno
de la CARM a que realice de manera urgente los trámites precisos para
que los usuarios de las residencias de mayores -públicas y concertadas-
recobren sus pagas extraordinarias, dejando de estar sujetas a la base
de cálculo que determina las aportaciones mensuales a través de un
precio público por plaza de residente, y, además que esa recuperación de
derechos tenga efectos retroactivos y se devuelva a los mayores
residentes lo que nunca se les debió quitar.
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