Sobre el capitalismo clientelar ha escrito con mucho tino Carlos
Sebastián, también Jaime Terceiro. Forma parte de ese entramado
histórico nacional que algún día habrá un gobierno capaz de desmontar
con transparencia, competencia leal y punto final a privilegios. La
integración europea ayuda a ese proceso con sucesivas directivas
liberalizadoras que obligan a los socios y que estos van armonizando a
su ritmo, es decir despacio.
Entre los grupos clientelares cuentan los
estibadores españoles que gozan de un estatus especial que va contra la
libre contratación y contra el acceso al trabajo de los ciudadanos.
Desde Europa han reclamado la normalización de la estiba española desde
hace años, incluida una sentencia que impone multas continuadas en caso
de incumplimiento. Multas que pagará el Tesoro, es decir todos los
españoles. ¡Todo sea por los estibadores!
Para evitar las multas, y cumplir con la legalidad, el Gobierno tiene
que proponer una norma que abra el mercado laboral portuario, aprobada
por el Parlamento. El Gobierno, a regañadientes, con miedo a tocar
privilegios clientelares, ha ganado tiempo, ha retrasado cualquier
decisión que moleste a los sindicatos de estibadores hasta agotar todos
los plazos.
Al borde de la campana el gobierno envía al Parlamento un decreto
para cumplir los compromisos europeos. Y los grupos parlamentarios que
no apoyan al gobierno entienden que tumbar el decreto es una buena
oportunidad para debilitar al ejecutivo. Que eso signifique costes para
todos los españoles es menos relevante que castigar el hígado del
gobierno. Sucumbir ante el clientelismo, por las razones que sean,
indica debilidad, carencia de convicciones y descreimiento. Los
argumentos de los socialistas y de Ciudadanos son propios de
oportunistas con pocos escrúpulos y menos principios.
Al margen de que
sindicatos y patronal se pongan de acuerdo para mantener lo posible del
modelo clientelar con más o menos disfraces, el marco legal de los
puertos se fija mediante ley aprobada por el Parlamento. Luego las
partes interesadas pueden negociar y establecer las condiciones de
trabajo que estimen oportunas dentro de ese marco legal.
El ministro competente, el de Fomento, dice que garantiza el empleo
de los estibadores. ¿Que tienen estos señores que no tengamos los demás?
Por equivalencia, ¿podrían los periodistas pedir que el gobierno
garantice su empleo en estos tiempos tan difíciles…y los camareros o los
conductores de camiones? Para esa garantía de empleo el ministro se
propone disponer de unos cientos de millones de euros para la
reestructuración de la estiba. Tendrá que explicar por qué a estas
gentes sí, y a otras no.
El gobierno teme el poder de los estibadores, que a la huelga
encubierta que viene sosteniendo suceda una huelga de verdad que
paralice la economía. El dilema es el habitual ¿Una vez rojos o cientos
colorados? De momento el gobierno quiere comprar la paz, pero necesita
apoyo político de grupos que lo que quieren es castigar al gobierno.
Pagan los españoles, cautivos del capitalismo clientelar.
(*) Periodista y politólogo
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