De esa comparecencia decisiva para su futuro político solo se pueden anticipar las cuestiones que presumiblemente le serán formuladas por las acusaciones, así como las líneas generales de su defensa. En ningún caso, el desenlace de una declaración ante los tribunales, cuya concreción no será inmediata por la propia mecánica procesal de un sistema judicial garantista como el nuestro. Es probable, no obstante, que todas las partes implicadas salgan el lunes del TSJ con una idea aproximada de los derroteros que puede tomar el caso y de las posibilidades de que continúe adelante la investigación del presidente. Eso último es lo que dilucidará el juez: si a la vista de su declaración y de las evidencias que se pondrán a consideración en el TSJ hay sólidos indicios racionales para procesar o no al presidente regional.
Como cualquier ciudadano, Sánchez acude amparado por la presunción de inocencia, un derecho constitucional que rige en el ámbito judicial y que perdura hasta el momento en que se produce una sentencia condenatoria. Otra cuestión diferente es el crédito político, que se sustancia fuera de los tribunales y es igualmente relevante porque en esta ocasión atañe, además, a quien representa a toda la sociedad murciana. Las posibles responsabilidades penales y las políticas operan en territorios diferentes, aunque las judiciales afectan a las segundas de manera decisiva. La sempiterna cuestión de debate, sobre la que ya nos hemos pronunciado reiteradamente, es cuándo deben concretarse en la separación del cargo, un asunto en el que los partidos no acaban de alcanzar un consenso, para desesperación de una sociedad hastiada de las dobles varas de medir, del sectarismo y de los intereses partidistas.
Esta semana, Ciudadanos ha retirado su apoyo al Gobierno regional porque considera que Sánchez ha incumplido su palabra y el primer punto de su pacto de investidura. No tenía otra salida política si no quería quedar ninguneado a la vista de sus votantes. Por más vueltas que le dé el PP al término jurídico de ‘imputado’, si se investigan o no delitos de corrupción o las posiciones ambiguas de C’s a nivel nacional y territorial, la formación naranja tenía razones objetivas para dar por incumplido el pacto firmado en Murcia. Eran lentejas, como dice Maillo, pero se aceptaron a cambio del Gobierno regional.
Cuestión distinta es si habría sido más prudente que C’s hubiera esperado a la declaración de mañana dado que su decisión tiene difícil marcha atrás. De hecho, ya ha dado un segundo paso: una vez que el PP ha rechazado presentar un sustituto para Sánchez, el partido de Rivera iniciará conversaciones con el PSOE este miércoles de cara a una posible moción de censura, que sería secundada por Podemos. Que sea esa la mejor solución, o incluso que sea factible, es una cuestión discutible, pero lo cierto es que hoy es la hoja de ruta a la que vamos abocados por una crisis que, pese a que era previsible, ha puesto a la Región en el foco mediático nacional, no precisamente para bien del interés general de la sociedad murciana.
Es la crisis política más grave que vive la Región desde hace décadas y debe resolverse cuanto antes. El presidente Sánchez pidió a sus adversarios una tregua hasta mañana para intentar aclarar su situación judicial, convencido de que no hay ilícitos penales. Lo que solicitó el viernes parece sensato y parecía dar a entender que a la vista de cómo transcurran los acontecimientos en el TSJ se reafirmará en su posición de continuar o meditará otras alternativas. Ya se verá.
Dicho eso, la confianza de PAS y los dirigentes populares en que todo le irá bien este lunes ante el juez Pérez-Templado era ayer absoluta. El hecho de que C’s y PSOE hayan decidido esperar al miércoles para empezar a hablar parece una aceptación tácita de esa especie de ‘alto el fuego’. Y es que Ciudadanos no se va a lanzar a una moción de censura sin meditarlo a fondo, ya que saben que posteriormente podría tener un devastador castigo en las urnas. Albert Rivera ya ha dejado entrever que, bajo estrictas condiciones, podrían volver a dar su apoyo a Sánchez si el TSJ decide no investigarlo porque no ve delito punible en esa chapuza administrativa que la Intervención General del Estado observa en la tramitación del Auditorio. Hoy, pues, todo está abierto.
Pase lo que pase, en cuestión de semanas, y no de meses, la ciudadanía debería tener despejado el horizonte de todos estos nubarrones que han venido a entorpecer una recuperación económica en vías de consolidación. Esta crisis empieza a dejar demasiados pelos en la gatera. Quedan serios daños colaterales que tardarán en restañarse cualquiera que sea el desenlace. El cúmulo de falsedades o medias verdades exhibidas en estas semanas, con tertulianos nacionales de trinchera ideológica repitiendo los argumentarios de los partidos, fue lamentable.
A cuenta de los casos ‘Púnica’ y ‘Auditorio’ se ha llegado a descalificar a la Guardia Civil, se ha amenazado con expedientar a dos fiscales de la Audiencia Nacional, ha quedado en entredicho la independencia de la Fiscalía General del Estado, hay dudas sobre la injerencia del ministro de Justicia, se han improvisado semblanzas denigratorias y laudatorias sin en el mínimo rigor del presidente regional, el Consejo de la Transparencia y la propia ley han quedado gravemente tocados, se ha relativizado el principio de legalidad en función de si hay manos o patas, las redes sociales se han convertido en un lodazal propicio para la guerra sucia, se ha evidenciado que básicamente hay dos tipos de justiciables (los aforados y el resto), Aena y García Page han aprovechado la crisis murciana para tapar exigencias u otros asuntos, crece la desconfianza exterior derivada de nuestra inestabilidad política… ¿Qué será lo próximo? Más vale que todo esto acabe pronto.
(*) Periodista y director de La Verdad
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