jueves, 2 de marzo de 2017

El Fiscal General no despeja dudas sobre su imparcialidad / Editorial de 'El Mundo'

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, defraudó ayer en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar algunas de sus polémicas decisiones de las últimas semanas. Entre ellas se encontraban, sobre todo, los importantes relevos en puestos clave de la Fiscalía y las sospechas sobre injerencias políticas en la petición de exculpación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, acusado en el caso Púnica, y el posterior cambio del fiscal jefe de esa comunidad autónoma.

Maza perdió, pues, una oportunidad de eliminar incertidumbres sobre su trabajo y así se lo hicieron saber, con razón, los grupos de la oposición. La comparencia de Maza fue solicitada por el PSOE y Ciudadanos después de que este periódico revelara supuestas presiones del Gobierno a la Fiscalía para que frenara la imputación de Sánchez, a pesar del criterio de las dos fiscales que han llevado el caso Púnica. Se trataba, además, de averiguar por qué el propio presidente murciano conoció la decisión del Ministerio Público de no solicitar su imputación antes de que se difundiera la noticia. Son todos temas de trascendencia porque hablan de la imparcialidad del trabajo de los fiscales y de su independencia de criterio a la hora de enfocar asuntos clave para la vida política. 

En su decepcionante intervención inicial, el fiscal se dedicó prácticamente a ofrecer una especie de clase magistral sobre las funciones y cometidos de la Fiscalía General del Estado. Maza defendió la "independencia" y la "imparcialidad" y aseguró que el criterio básico del Ministerio Público es "perseguir la corrupción y aplicar la ley sea quien sea la persona investigada". Negó que haya hecho "seguidismo" del Gobierno: "A mí no me han impuesto nada", señaló. Maza defendió su capacidad para intervenir en procesos que afectan a aforados o que tienen una especial trascendencia dando órdenes y relevando a los fiscales, siempre con los informes pertinentes.

Luego, y tras los requerimientos de los representantes de la oposición, negó "el más mínimo atisbo" de interferencia política en el caso del presidente murciano, y justificó su decisión de pedir su exoneración en los informes que le presentaron la Secretaría General Técnica de la Fiscalía y cuatro fiscales del Supremo, personas que destacan por su "competencia técnica y su prestigio". 

Tampoco ofreció explicaciones convincentes sobre el relevo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional -junto con otra treintena de puestos-, que justificó por la necesidad de dar un «impulso nuevo» y para evitar que los profesionales "se perpetúen en los cargos".

El sentir de la intervención de Maza fue resumido por el socialista Juan Carlos Campo: "Hay preguntas que quedan en el aire y alimentan las sospechas". Y eso es lo peor que se puede decir de una comparecencia de un alto cargo, en la que debería haber disipado las dudas generadas previamente. Por eso, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, debe acudir al Parlamento para tratar de eliminar esas sospechas que todavía persisten en la actuación de la Fiscalía.

Y lo que tras los últimos acontecimientos queda fuera de toda duda es que con la actual estructura jurisdiccional los fiscales no pueden convertirse en los instructores de los procesos judiciales, tal y como pretende Catalá. Haría falta un cambio en profundidad del Estatuto de la Fiscalía para dotar al Ministerio Público de una total autonomía del Gobierno. Y para ello hay que modificar la Constitución. Mientras tanto, el Fiscal General del Estado debe esforzarse para actuar con independencia de criterio e imparcialidad.

También volvimos a comprobar ayer que la independencia judicial es una de las asignaturas pendientes de la democracia. Tras semanas de teatro político, PP y PSOE han vuelto a pactar la renovación del Tribunal Constitucional reservándose las cuotas pertinentes. Hasta los socialistas han admitido que no tienen inconveniente en que alguien que ha sido diputado del PP durante 17 años pueda presidir el Alto Tribunal. La regeneración sigue sin llegar a la administración de Justicia.


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