viernes, 17 de marzo de 2017

Estiba o revienta: un grave problema que se ha dejado pudrir / José Oneto *

Hace ya dos años y tres meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Reino de España, al considerar contrarios al Tratado de la Unión Europea, aspectos relevantes de la regulación de la estiba (el servicio portuario de manipulación de mercancías) en la Ley española de Puertos. La estiba, es algo fundamental para el funcionamiento de los puertos que en el caso de nuestro país aportan 9.000 millones de euros anuales a la economía nacional. 

Más de la mitad del comercio con la UE y la práctica totalidad del que se mantiene con terceros países, se hace por vía marítima, hasta el punto que los puertos, considerados un sector estratégico de la economía de un país, son uno de los principales motores de la economía nacional. Sin embargo, este sector se encuentra marcado, según el Tribunal de Justicia de la UE, por varios retos, entre los que se encuentra la adaptación de la estiba a un mercado global competitivo y liberalizado.

Por eso, no se entiende que en estos dos años y tres meses, el presidente Mariano Rajoy y su Gobierno, que han estado gobernando durante ese periodo con mayoría absoluta, y que han tenido que asumir una primera multa de 21,5 millones de euros, por violar un Tratado de la Unión, hayan sido incapaces de encontrar una solución para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo y, sobre todo, para evitar la nueva multa de cincuenta millones de euros, a razón de 134.000 euros mensuales, que ha anunciado Bruselas, si no se toman una serie de medidas en el sector para liberalizarlo, según las normas de la Unión Europea que cumplen todos los países de la UE.

Ha tenido que ser ahora, cuando está a punto, de empezar a correr el plazo, y cuando el Gobierno está más inestable, porque no tiene la necesaria mayoría parlamentaria, cuando ha comenzado a intentar solucionar un conflicto, que debería estar más que resuelto, pero que no se ha querido abordar por no enfrentarse con una situación que recuerda, en algunos aspectos, la reconversión industrial con la que, con un gran coste político, tuvo que enfrentarse el PSOE, en la década de los ochenta del siglo pasado, recién llegados al Gobierno tras la victoria de 1982.

El citado Tribunal de Justicia en esa primera condena, consideraba que el régimen legal en que se desenvuelve el servicio portuario de manipulación de mercancías contravenía el artículo 49 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este régimen, al que se opone y castiga Bruselas, obliga con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos de interés general españoles a inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), y no permite recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos por la SAGEP no sean idóneos o sean insuficientes. 

Bruselas impuso entonces una multa diaria de cerca de 28.000 euros hasta que se produjese la liberalización. La Comisión Europea llevó a España por segunda vez el año pasado, ante el Tribunal de Justicia por no haber cumplido una sentencia previa en la que se exigía al país que liberalizase el sector de los estibadores, y le instó a actuar para evitar sanciones.

Ahora, deprisa y corriendo, se ha elaborado un decreto ley que ha sido llevado al Parlamento este jueves y, por primera vez en la historia del Parlamento democrático español, ese decreto ley que no contaba previamente con el apoyo de los distintos partidos políticos, ha sido rechazado con los votos en contra de todos los partidos, excepto los del PNV y Partido Popular, y la abstención de Ciudadanos, en lo que ha sido calificada como una derrota histórica. Una derrota que ha dejado al Gobierno en una situación comprometida con Bruselas que había dado el visto bueno al decreto, en el que se recogían las peticiones de la UE y que ha puesto de manifiesto hasta dónde llega la capacidad de diálogo del Ejecutivo, su cintura política y, sobre todo, su improvisación después de más de dos años de dudas no resueltas.

Es verdad que a última hora se ha hecho algún tipo de concesión a los trabajadores, que son conscientes de la fuerza que tienen y de su capacidad de paralizar los principales puertos del país (especialmente Valencia, y Algeciras). La oferta del Gobierno, rechazada por los sindicatos, con la que se pretendía evitar la derrota política en el Parlamento, incluía prejubilaciones voluntarias para los trabajadores con 50 daños, cinco años antes de su edad de retiro, manteniendo el 70 por ciento del sueldo. Una oferta que ya quisiera para sí cualquier otro sector social de este país.

Los sindicatos siguen manteniendo que la reforma del sector impone la liberalización y romper el monopolio de la SAGEP, que tiene el control de la estiba, tanto en el establecimiento como de la contratación. Asimismo esta reforma del sector supondrá una reducción de su sueldo en un 60%. Los portavoces de la CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías) han denunciado que la reforma del Gobierno convertiría los actuales contratos indefinidos en “puestos de trabajo precarios”, pues las empresas podrán “sustituir libremente” a un 25, 50 y 75 por ciento de las actuales plantillas durante los próximos tres años. 

El Gobierno argumenta que lo importante es que las empresas en este país puedan contratar libremente a sus trabajadores. Que en el sector de la estiba pueda entrar a trabajar, por ejemplo, un desempleado de Algeciras que lleva 5 años en paro y que tenga las mismas oportunidades laborales que otra persona que ya está dentro del sector.


(*) Periodista y economista