El auto que ha acordado la situación procesal de investigado del
Presidente de Murcia ha abierto una crisis en la relación entre el PP y
Ciudadanos. El pacto de investidura a Mariano Rajoy se formalizó bajo un
documento que, según ha reconocido el coordinador Martínez Maíllo, en
un exceso de sinceridad, “eran lentejas”. O se aceptaban las exigencias
del partido de Rivera o no se votaba la investidura del candidato.
En el eje del documento se situó que la situación de imputado de
cualquier cargo público exigiría su dimisión. Para enredar el proceso,
la redacción concreta del pacto en la Comunidad de Murcia es objeto de
interpretaciones variadas al amparo del texto constitucional.
Y es en la Constitución donde está la clave para intentar establecer
una relación correcta entre la responsabilidad penal y la
responsabilidad política, si se da valor a su contenido, aunque sea en
este país con una historia democrática tan poco respetuosa con los
textos constitucionales.
En unos tiempos de crisis en los que los casos de corrupción se han
multiplicado y han llegado diariamente a las primeras planas, se ha
desatado un vendaval justiciero instalado en la opinión publicada y que
ha enraizado en los ciudadanos.
El periodismo de investigación ya no trabaja fuentes y contrasta
informaciones. Ahora las investigaciones y documentos de los Cuerpos de
Seguridad llegan antes que a nadie y que al mismo protagonista, a los
medios. Poco después las diligencias y sumarios judiciales, sean o no
secretos, se copia o se oyen en las radios. El dilema de si hay una
simple confidencia negligente o un mercadeo mediante precio que vende y
compra informaciones no interesa a nadie y es fácilmente resoluble,
salvo para los que crean que Batman y Robin habitan entre nosotros.
A partir de la publicación de la noticia, el protagonista pasa a la
situación de condenado sin reparación posible, independientemente de si
hay o no apertura de juicio oral y, por supuesto, de la sentencia que se
dicte cinco, siete u once años después. Me imagino que nadie
argumentará que hay una rehabilitación política en el horizonte para los
que no sean procesados o no sean condenados, si reaviva en ellos,
temerariamente, el interés por la política.
En el caso del Presidente de Murcia las matizaciones de si el
supuesto ilícito es de orden administrativo y no hay enriquecimiento, no
han servido de nada y han durado 10 minutos. Como tampoco ha servido de
nada las reformas impulsadas por el ministro de Justicia en la
legislación procesal para dulcificar el término de imputado por el de
investigado y reiterar, pedagógicamente, que los jueces acuerdan esta
situación procesal con la finalidad de otorgar garantías al
protagonista.
Fracasada y arrumbada la presunción de inocencia, la tutela judicial
efectiva de los derechos individuales, el derecho a la defensa, el
principio de igualdad de armas en el proceso, el derecho a la propia
imagen, la interdicción de la arbitrariedad y la exigencia de un proceso
sin dilaciones indebidas, el intento del PP de reconducir este estado
de la situación en el caso del Presidente de Murcia es un error político
y una ingenuidad. Aún más, sin una mayoría suficiente para sostener el
Gobierno, ni en Madrid ni en Murcia.
En la historia política hay numerosos antecedentes de los procesos de
purificación, casi todo escasamente respetuosos con los derechos
individuales, como el 18 Brumario en Francia en el que se instauró el
Comité de Salvación Pública dirigido por Maximillien Robespierre que
mandó ejecutar a muchos ciudadanos en base a una simple denuncia o
sospecha en el llamado Régimen del Terror. Ahora, evidentemente, no hay
ejecuciones ni se quema a los herejes como en la Inquisición. Solamente
rueda la cabeza política y se aplica la muerte civil que hace
desaparecer al protagonista del universo público, según dicen las
esquelas, para que pueda dedicarse a preparar su defensa.
Analizada la realidad, el nuevo PP no tiene otro camino que
recomendar eficazmente al Presidente de Murcia, como ha hecho otras
veces, con el exministro Soria por ejemplo, que dimita de su cargo y que
dé su bendición pública a un sucesor designado para así conservar el
Gobierno y la buena salud del pacto con Ciudadanos, en Murcia y en
Madrid principalmente. Más aún con la torpeza de la derivación al
Ministerio Fiscal.
Mariano Rajoy tiene entre sus virtudes una gran capacidad de
adaptación al medio ambiente y una sagaz interpretación de los
acontecimientos que debe aplicar al caso, aunque la inmensa mayoría de
los ciudadanos desconozcan todo del lio de Murcia.
Un lio mucho menos entretenido que el que protagonizó Ninette con un señor de Murcia.
(*) Abogado y Registrador de la Propiedad
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