Desde el comienzo de la actual legislatura, el Gobierno está obligado
a desarrollar una intensa actividad política de negociación; es decir,
va a tener que realizar tratos dirigidos a la conclusión de pactos
legislativos. El asunto principal que va a requerir esta actuación
negociadora es la confección de los Presupuestos Generales para el año
2017, pero, como estamos viendo, no es el único. En estos días, estamos
pendientes de la adaptación del sector de la estiba portuaria a la
normativa europea.
Las actitudes que han dejado traslucir los implicados en el asunto de
la estiba parecen revelar una mayor sensación de fortaleza de los que
tienen menos poder de gobierno. Así, a la posición sumamente exigente de
la “oposición de coalición”, integrada por el PSOE, Podemos y
Ciudadanos, se contrapone una postura inevitablemente transigente del
Gobierno.
De suerte que, frente a la exigencias que plantean los
sindicatos, apoyadas sin fisuras por Podemos (las imágenes de ayer
dirigidas a los sindicalistas levantando el puño en señal de victoria de
Pablo Iglesias son muy reveladoras) y con el desconcierto propio de los
boxeadores noqueados por parte del PSOE y C,s, el Gobierno reitera su
voluntad de seguir dialogando con los interesados con vistas a desmontar
la posición monopolista en la que se encuentra dicho sector.
Si tuviéramos que valorar las posiciones de las partes negociadoras
por las armas que blanden públicamente, tal y como hacen algunos
animales ante de enzarzarse en la pelea, habría que considerar ganadores
a los que negocian con el Gobierno. Éste muestra tal necesidad de
alcanzar el pacto que se convierte en debilidad, y genera la apariencia
de que es al único que le interesa.
Es tal la necesidad cortejadora que
tiene el Gobierno (que tiene que acatar ineludiblemente las directrices
europeas) con sus negociadores que es lógico que produzca en ellos
engreimiento. Por eso, se comprende que otros protagonistas hayan salido
a la escena política para animar al cortejado a que desdeñe al
pretendiente y lo obligue en último término a convocar elecciones
generales.
Y es que mostrar debilidad no parece la mejor actitud para iniciar
los tratos que deben desembocar en el pacto. La sensación de endeblez
inherente en la propia necesidad de alcanzar el acto por uno de los
negociadores produce en el otro el consiguiente aumento de su
arrogancia. Y desde esta posición altanera que se deja alcanzar a la
“oposición de coalición”, es mucho más difícil llegar a un acuerdo que
no consista en otorgarle todo lo que previamente había exigido.
Dejar
que públicamente se crezca en exceso al otro negociador es un
inconveniente añadido para lograr el pacto, que hubiera sido
perfectamente evitable de haber puesto desde el principio sobre el
tapete las enormes fortalezas negociadoras que tiene el Gobierno, como
sucedió por ejemplo hace cierto tiempo en las negociaciones con los
controladores aéreos.
La “oposición de coalición”, en lugar de mostrarse tan ufana por
darle un revolcón al gobierno, debería tener muy presente que nuestra
Constitución establece que es el Gobierno –y no la mayoría parlamentaria
coaligada- quien dirige la política interior y exterior de España y que
eso significa que tiene encomendado la defensa del interés nacional. Y
este interés consiste indiscutiblemente en acatar las exigencias
europeas y evitar el pago de una multa diaria de más de 130.000.
(*) Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá
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